 El juez
federal Adolfo Bagnasco citará al ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, a los ex jefes
de la Armada y el Ejército, Armando Lambruschini y Cristino Nicolaides respectivamente,
al ex jefe del Primer Cuerpo del Ejército Guillermo Suárez Mason, y a otros treinta ex
militares, en condición de imputados en la causa iniciada hace dos años por las Abuelas
de Plaza de Mayo, referida a la apropiación de sus nietos por parte de los uniformados
durante la dictadura. No será este mes, pero sí antes de fin de año cuando haya
concluido la etapa de recolección de declaraciones testimoniales que está en pleno
desarrollo. Así lo confirmó a Página/12 una alta fuente del juzgado, quien aclaró que
estos ex militares deberán declarar como ex jefes de unidad o área y no como ex
comandantes, de modo de no quedar amparados por las leyes y los decretos que establecieron
la impunidad, ni entrar en el debate de la “cosa juzgada” que se desprende de la
aparente absolución del delito de sustracción de menores durante el juicio a las juntas.
Mañana está citado a prestar declaración ante Bagnasco el ex director del Hospital
Militar Central Adolfo Stel, cuyo testimonio podría tener un valor similar al de Agatino
Di Benedetto, quien desempeñaba un cargo de igual responsabilidad en el Hospital de Campo
de Mayo, al menos para establecer similitudes o diferencias en cuanto al funcionamiento y
las órdenes sobre esos nacimientos clandestinos. Entre el lunes y el viernes de la semana
próxima deberán presentarse ante el juez cinco mujeres que pertenecían al cuerpo
médico y de enfermería de Campo de Mayo: Silvia Bonsignore de Petrillo, Nélida Valaris,
Rosalinda Salguero, María Estela Herrera y Julia Barrios Flores.
Una radiografía del estado actual de la causa, compuesta por tres cuerpos que contienen
187 legajos de información de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación y de
las Abuelas de Plaza de Mayo, muestra los casos de niños desaparecidos que habrían
nacido en cautiverio en maternidades clandestinas en la ESMA y en Campo de Mayo, a través
de varias pruebas fundamentales: el testimonio del ex capitán Alfredo Astiz, quien dice
haber visto mujeres embarazadas en la Escuela de Mecánica de la Armada; el de la
periodista Miriam Lewin, brindado en forma espontánea la semana pasada, quien presenció
el parto de su amiga Patricia Roisimblit y vio a otras mujeres con sus bebés en el mismo
centro clandestino de detención; y la declaración del médico Agatino di Benedetto,
quien aseguró que hubo mujeres que dieron a luz en una cárcel que supuestamente era
sólo de hombres, y que había orden de no registrar esos nacimientos. Además cuenta con
una copia de un “manual de operaciones de seguridad”, en el cual había
instrucciones precisas para separar a los padres de sus hijos.
Bagnasco esta actuando en el sentido que prefieren la mayoría de los organismos de
derechos humanos, es decir, investigando y eventualmente dictando procesamientos subiendo
por la cadena de mandos, partiendo de casos particulares para poder establecer si hubo o
no un plan sistemático de apropiación de menores y quiénes fueron los responsables.
“Es como si al juez se le hubiera ocurrido pedir la captura del máximo directivo de
IBM casa matriz, en Estados Unidos, antes de ocuparse de los directivos argentinos”,
ejemplificó la fuente comparando lo actuado por Bagnasco y su par de San Isidro, Roberto
Marquevich. “Primero hay que probar lo que hay en el medio”, remató.
El hecho de apuntar a los genocidas más renombrados en su condición de ex jefes de zona
y no de ex comandantes también es del agrado de los organismos. Se trata de evitar que
una instancia superior a Bagnasco anule los futuros y posibles procesamientos por alguna
interpretación de la “cosa juzgada” durante el juicio a la Juntas Militares.
Nada impediría que sean juzgados por delitos cometidos antes de ejercer el gobierno de
facto como comandantes.
A diferencia de la causa que lleva adelante la Cámara Federal porteña, cuyo objetivo es
establecer el destino final del escritor Rodolfo Walsh, Dagmar Hagelin y otros
desaparecidos pero no tiene efecto jurídico sobresus victimarios, la causa de Bagnasco
sí lo tendrá: se trata de delitos que no fueron investigados, que no prescriben porque
su acción se continua en el tiempo, y a los cuales no los afectan las leyes de obediencia
debida, punto final y los indultos porque son de lesa humanidad.
El 27 de mayo pasado Bagnasco recibió un documento de apoyo firmado por las Abuelas de
Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el Centro de Estudios
Legales y Sociales, los Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la
Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora,
el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio de Paz y Justicia y la
Asociación de ex Detenidos Desaparecidos. En el mismo le expresaron que, ante la
“crisis de confianza en el Poder Judicial que existe en la opinión pública,
especialmente por su permeabilidad a los intereses y presiones del poder político, los
procesos que hemos mencionado (en el documento) muestran la independencia de los jueces
que intervienen en aquéllos”.
En el juzgado federal Nº 7 de Retiro evitaron polemizar con el de San Isidro sobre un
posible planteo de conexidad entre las causas en las cuales ambos magistrados investigan
la sustracción de menores y falsificación de sus identidades durante la dictadura.
Guillermo “Pajarito” Suárez Mason.
Deberá volver a Tribunales.
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Leopoldo Fortunato Galtieri.
Otrora “majestuoso general”.
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Cristino Nicolaides también.
Miembro del “Foro de Generales”.
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Ex marino Armando Lambruschini.
Fue indultado por Carlos Menem.
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Escrachando al ex general
Esta vez el escrache le llegará al ex dictador Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante
del Segundo Cuerpo del Ejército desde 1976 hasta 1979 y responsable de la muerte de más
de 800 soldados durante la Guerra de Malvinas. La organización Hijos por la Identidad y
la Justicia contra el Olvido y el Silencio informó que hoy a las 18 saldrán seis micros
desde la sede de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, Riobamba
34, hacia la casa del represor, ubicada en Chivilcoy 3102 1º piso, en Villa Devoto. Para
aquellos que quieran asistir directamente al escrache, los organizadores informaron que
pasarán a las 19.30 por la estación Devoto. Por otra parte, Hijos adelantó que el
repudio a los genocidas seguirá mañana, también a las 18, cuando diversos organismos de
derechos humanos, organizaciones estudiantiles y políticas se movilicen frente al
Congreso “para que el país sea su cárcel, para que la sociedad los repudie y les
dé el trato que se merecen. Porque lo único que nos dará la posibilidad” de que
sean encarcelados “es la movilización y la presión que podamos hacer nosotros, la
gente y el pueblo que no olvida ni perdona”. Los organizadores aclararon que esa
presión servirá para que los genocidas no sean condenados solamente por los delitos de
sustracción de menores. |
Un juez está sospechado de ser un apropiador
Durante la dictadura falsificó la partida de nacimiento de su hija. El
acta de parto la firma el médico de Campo de Mayo.
Las Abuelas investigan la identidad de la niña. Hay juicio político.
 El juez Aníbal
Osvaldo Olivieri fue denunciado por su propia ex esposa en un proceso civil.
Su mujer dice que nunca estuvo embarazada y que la partida de nacimiento (arriba)
de su hija es falsa.
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Desde
enero de 1997, es decir hace 18 meses, que no hay movimientos reales en la denuncia contra
el juez penal de San Martín Aníbal Osvaldo Olivieri. Al magistrado se lo acusa de
falsificar la partida de nacimiento de Valentina Olivieri, nacida el 24 de febrero de
1979, en plena dictadura militar. El acta del parto la firma el médico de Campo de Mayo
Carlos Alberto Rafinetti –el mismo que actuó en el caso Bianco, por el que está
preso Jorge Rafael Videla–, pero lo más asombroso es que la denuncia contra Olivieri
la hace su propia ex esposa, quien reconoció que nunca estuvo embarazada y que la partida
de nacimiento fue fraguada por quien entonces fue su marido y ahora es juez. Como en el
caso Bianco, Olivieri sostiene que Valentina no es hija de desaparecidos e incluso aceptó
en 1985 hacer una prueba de ADN en la que se comprobó que la adolescente no es hija de la
pareja desaparecida Segarra-Mendoza. No obstante, las Abuelas de Plaza de Mayo no dan por
cerrado el caso y siguen buscando la identidad de la niña que fue sustraída por el
magistrado. Pese a haber falsificado la partida de nacimiento, Olivieri imparte justicia
todos los días en San Martín.
La investigación del caso Olivieri fue realizada por el noticiero “24 Horas” de
Canal 9, que anoche exhibió la partida de nacimiento falsificada. El procurador
bonaerense, Eduardo de la Cruz, tiene ahora el caso y debe decidir si se forma el jury de
enjuiciamiento para que ese tribunal decida si Olivieri puede seguir siendo juez.
“Es cierto, el caso estaba cajoneado, pero creo que no por razones políticas
–señaló De la Cruz–. Yo asumí en el mes de abril, vi la gravedad y de
inmediato me dediqué a estudiar el caso. Hace poco fue destituido un juez por fraguar una
factura, imagínese lo que significa falsificar un documento público como es una partida
de nacimiento. Además, se trata de varias falsificaciones: la partida de nacimiento, la
inscripción, los documentos que fue sacando y así sucesivamente”.
El médico que supuestamente asistió el parto, Carlos Rafinetti, revistaba en el servicio
de Obstetricia del Hospital Militar de Campo de Mayo y firmó también la partida de
nacimiento de Pablo Hernán Bianco, hijo de desaparecidos, y anotado a nombre del detenido
mayor médico del Ejército, Norberto Bianco. Además, llama la atención que en la
partida de nacimiento de Valentina Olivieri figure como lugar del parto el domicilio del
juez, Migueletes 576, de Capital Federal. Rafinetti dice –obviamente- que su firma
fue falsificada.
El caso Olivieri empezó a ventilarse ante la jueza María Romilda Servini de Cubría a
raíz de una denuncia de las Abuelas de Plaza de Mayo. En ese entonces, las Abuelas
sospechaban que Valentina Olivieri era en realidad hija de la pareja de desaparecidos
compuesta por Carlos María Mendoza y Alicia Estela Segarra. “El juez Olivieri no
pudo negarse a hacer la prueba de ADN justamente por ser juez –explicó Alba
Lancilotto, de Abuelas–, pero el resultado fue negativo. La chica no era hija de
Carlos y Alicia. Por esa razón, al juez se le dictó un sobreseimiento provisorio en esa
causa. Nosotros seguimos buscando y cotejando información”.
Lo que hizo estallar el caso fue la pelea en el matrimonio Olivieri. Hace dos años, se
produjo el divorcio y la ex esposa del magistrado, Luisa Margarita Petcoff, entró en una
furibunda batalla contra el juez. Poco después se inició una curiosa causa civil: la
hermana de la señora Petcoff, Angela Juana, impugnó las partidas de nacimiento de los
hijos del matrimonio Olivieri ya que esos chicos –sostiene– le quitan el derecho
a heredar. En esa causa civil, el juez Olivieri reconoce expresamente que los hijos no son
propios, o sea que fraguó las partidas de nacimiento. Eso sí, como Norberto Bianco,
alega que los chicos no son hijos de desaparecidos sino de otra mujer, presumiblemente muy
pobre.Posteriormente, Olivieri incluso presentó el nombre de una mujer, Yolanda Godoy,
como madre de aquellos hijos, aunque no se hizo prueba de ADN alguna. También la ex
esposa, Luisa Margarita, acepta que nunca estuvo embarazada, que los hijos no son suyos y
que su ex marido fue quien hizo la falsificación.
A pesar de semejante escándalo y de que está comprobado que Olivieri se apropió de
hijos que no son suyos, el magistrado continúa en su puesto a cargo del Juzgado Penal
número 4 de San Martín. En el conflicto judicial con su ex marido, la señora Petcoff
presentó un pedido de juicio político contra el juez. El escrito tiene fecha del 3 de
enero de 1997, pero prácticamente no se ha hecho diligencia alguna. Recién ahora, el
procurador Eduardo De la Cruz ha pedido los antecedentes del caso para expedirse. En estos
días supuestamente va a recibir la causa iniciada por las Abuelas de Plaza de Mayo, el
juicio civil por divorcio –donde Olivieri reconoce que los hijos no son
propios–, el segundo juicio civil que puso en marcha la hermana de la señora Petcoff
–donde la ex esposa acepta que nunca estuvo embarazada– e incluso una causa por
amenazas radicada en San Martín. El cálculo es que el procurador se expedirá en
aproximadamente un mes y recién a partir de ese momento se conformará el jury que va
decidir si Olivieri puede seguir en su puesto.
Por ahora, como titular del juzgado penal, el magistrado sigue decidiendo si van a la
cárcel o quedan en libertad centenares de personas, en tanto que su ex esposa, delegada
de la Fiscalía de Estado bonaerense, tiene la delicada misión de vigilar la
transparencia de los gastos que hace el gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Su señoría culpa a su mujer
Por R. K.
El Colegio de Abogados de San Martín estudia la posibilidad de reforzar la denuncia
contra el juez Aníbal Olivieri a través de un pronunciamiento de la entidad. El Colegio
se dirigió a los distintos juzgados para interiorizarse de todas las causas en las que se
investigó de manera directa o indirecta la forma en la que el magistrado se apropió de
los niños que posteriormente anotó como propios en el Registro Civil.
En el noticiero “24 Horas”, el procurador bonaerense Eduardo De la Cruz explicó
que “un juez debe reunir las condiciones que la Constitución y las leyes prevén
para el cargo de magistrado. Además, son motivo de enjuiciamiento los hechos
incompatibles con la dignidad y austeridad que el cargo judicial impone”.
Uno de los rasgos distintivos del juez Olivieri es que nunca acepta notas periodísticas y
menos aún fotos. Tanto el informativo de Canal 9 como Página/12 intentaron dialogar con
el magistrado, pero permanentemente se negó a cualquier diálogo. El viernes pasado,
cuando reiteró su negativa, Olivieri señaló por teléfono que “todo esto es por
culpa de mi ex mujer. Es ella la que arma este escándalo”.
La señora Petcoff tampoco acepta hablar sobre el caso. En la demanda civil reconoció no
ser madre de los bebés que el matrimonio inscribió como sus hijos, pero ahora rehúsa
hablar sobre la cuestión. En el juicio de divorcio la mujer resultó derrotada por su ex
marido, quien obtuvo la tenencia de los adolescentes que nacieron durante la dictadura
militar.
Por último, está el médico Carlos Rafinetti, cuya firma aparece al pie del certificado
de nacimiento falso. El galeno, actualmente jefe del servicio de ecografías de la
clínica Nuestra Señora del Buen Aire de Bella Vista, declaró ante el juez Adolfo
Bagnasco por el caso Bianco. En esa oportunidad dijo que en los dos certificados de
nacimiento, el de Bianco y el de Olivieri, le habían falsificado la firma. Rafinetti, de
todas maneras, reconoció que vio en Campo de Mayo cómo se realizaban partos de mujeres
detenidas, con los ojos vendados. |
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