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Por Claudio Tognonato desde Roma  En su reciente visita a la
Argentina el primer ministro italiano, Romano Prodi, recibió a los familiares de los
desaparecidos de esa nacionalidad y prometió interesarse personalmente del asunto y esta
promesa fructificó ayer en la presentación del Estado italiano como parte civil en el
juicio que se desarrollará en este país. El abogado de los familiares de las víctimas,
Marcello Gentili, declaró que "esta presentación confirma la tutela de los derechos
de los ciudadanos italianos contra toda impunidad y revela una actitud positiva por parte
del Estado ya que la presentación como parte civil podría haberse realizado en fases
sucesivas del proceso". Las tres centrales sindicales italianas anunciaron que se
sumarán en breve como parte civil.
La legislación italiana permite defender a sus ciudadanos también cuando se encuentran en el exterior. Si bien uno de los principios fundamentales del derecho penal hace referencia a la territorialidad de las leyes, el Estado puede avanzar sobre este principio para defender sus derechos (principio de defensa) o para tutelar valores que trascienden el ámbito del Estado (principio de universalidad). El Código Penal italiano, en su artículo 8, determina que "la ley italiana perseguirá todo delito político cometido o sufrido por un ciudadano italiano en territorio extranjero". En base a esta norma se han presentado los familiares de desaparecidos buscando en su tierra de origen aquello que la justicia argentina eludió. Durante la audiencia preliminar de la mañana se presentó el Estado italiano como parte civil sumándose a los familiares. Por la tarde el juez Claudio D'Angelo planteó una falla en las notificaciones a los imputados, por lo que se estima que serán necesarios dos o tres meses para que Interpol logre establecer los domicilios de los citados a comparecer. Giovanni Pietro de Figueiredo, que desde ayer representa al Estado italiano en el proceso, consideró positivo que la objeción se haya presentado en la fase preliminar: "Es como si hubiésemos apoyado nuestro trabajo sobre una mesa con una pata apolillada. Es mejor apuntalarla enseguida así se evita que se venga abajo". Contrariado, Marcello Gentili afirmó: "no se puede decir que Suárez Mason no había sido informado ya que en el momento de la rogatoria, y por quince días, la prensa argentina hizo referencia a la lista de los imputados donde Suárez Mason aparecía en cuarto lugar". El juicio italiano tiene una larga historia acorde con la lentitud de la justicia en este país, un mal que el gobierno italiano trata de superar. Impulsado por el presidente Sandro Pertini, en 1983 se iniciaba la fase instructoria que quedaría congelada al comenzar en la Argentina el juicio a las Juntas. Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida demostraron la necesidad de volver a poner en movimiento el proceso. En 1989 la "Lega per i diritti e la liberazione dei popoli" y sus abogados comenzaron a impulsar nuevamente la causa. De los 117 casos documentados, la justicia italiana ha aceptado sólo 8 en los que considera que existen las pruebas para acusar a los responsables. Se trata de los casos de Laura Estela Carlotto, Roberto Julio Morresi, Pedro Lucio Mazzocchi, Luis Alberto Fabbri, Daniel Jesús Ciuffo, Mario Marras y Mastino Martino, además de Guido Carlotto. Los imputados por homicidio son: el ex general Guillermo Suárez Mason, Juan Carlos Girardi, entonces jefe de la Prefectura Naval de Tigre, Omar Santiago Rivera, comandante de la cuarta zona, los suboficiales Julio Roberto Rossin, Alejandro Puertas, José Luis Porchetto y Omar Héctor Maldonado. Lita Boitano, madre de dos desaparecidos y promotora de este juicio declaró que pese a la demora "estoy muy feliz porque el Estado italiano se ha puesto a nuestro lado. El de hoy es sólo un problema procesal. Es una cuestión de tiempo y nosotros somos muy pacientes".
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