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 El cambio de
carátula fue el primer indicio de que San Nicolás sacudiría su modorra un día antes de
cumplirse tres meses de la muerte de Cristian Quiroz. El juez Héctor Lezcano, que ya
había recaratulado la causa de accidente a homicidio culposo, ayer decidió considerarla
como homicidio simple, delito que no es excarcelable y para el que corresponde una condena
de entre 8 y 25 años. El segundo indicio fue más contundente. Lezcano ordenó el
procesamiento y la detención de dos altos funcionarios o ex funcionarios de la
intendencia; dos inspectores municipales; el vicepresidente de la empresa contratista
Topsa, y el titular de la firma Vecchi, señalada como la que realizó el pozo donde
Cristian perdió la vida, el 19 de marzo pasado. Las órdenes de detención dispuestas por el juez llevaban los nombres de Oscar Garetto, ex secretario de Obras Públicas de San Nicolás; Horacio Clérici, subsecretario del área, sumariado y separado del cargo hace un mes, después del escándalo desatado por la muerte de Cristian; los inspectores municipales Juan José Gómez y Claudio Actis, que debieron intervenir directamente en la supervisión de la obra; el ingeniero Miguel Angel Papaloni, vicepresidente y representante técnico de la empresa Topsa, y Jorge Vecchi, titular de la firma del mismo nombre. El juez Lezcano señaló a este diario que había decidido modificar la carátula porque "está comprobado que el pozo estaba abandonado y que existen responsables de ese abandono. El pozo, de más de medio metro de boca, representaba un peligro inminente para la comunidad. Seis años después, lamentablemente, se cobró una vida". La empresa Vecchi, señalada como responsable de la perforación, no estaba reconocida en el contrato. Sin embargo, la municipalidad había enviado dos inspectores, Gómez y Actis. Debían ser especialistas, pero ninguno de los dos es geólogo. Según el juez Lezcano, "existe semiplena prueba de que se utilizó una metodología de trabajo perversa que se disponía a perjudicar al erario". En el expediente, constituido por ocho cuerpos, el juez trabajó por determinar que existió sobrecertificación, es decir, "cobraron pero no hicieron los trabajos, con el visto bueno de los responsables municipales". Entre esas tareas estaba la tapa, cartel y alambrados del pozo donde desapareció Cristian. "Nosotros veníamos insistiendo en que no se trataba de un homicidio culposo sino de homicidio simple --dijo a Página/12 el abogado de la familia Quiroz, Abel Cartey--. Creemos que el juez encontró semiplena prueba de las responsabilidades de los procesados. Este es el primer paso, con el que estamos muy conformes, pero hay que esperar a ver qué pasa, ésta no fue una sentencia ni nada que se le parezca." El 19 de marzo pasado, Cristian Quiroz, de 5 años, regresaba del jardín de infantes al mediodía y de la mano de su madre, cuando cayó en un pozo de más de 18 metros de profundidad, oculto entre la maleza y sin tapa. Durante treinta y tres horas, más de un centenar de voluntarios intentó rescatarlo. Todo el país siguió en vivo y en directo las instancias del operativo, hasta que Cristian fue extraído sin vida. "El pozo fue abierto por la firma Vecchi, por encargo de la empresa Topsa, adjudicataria de las obras de provisión de agua", declaró el diputado justicialista Eduardo Di Rocco, intendente nicoleño durante el período en que se realizó la perforación. En aquella oportunidad fueron abiertos alrededor de 34 pozos en el marco de un programa financiado por el BID que no fue cumplido. Las órdenes de detención dispuestas por el juez Lezcano no tuvieron cumplimiento efectivo, ya que también ayer fue presentado ante la Cámara de Apelaciones de San Nicolás un recurso de hábeas corpus por alguno de los procesados. De acuerdo al resultado que a partir de hoy dispongan los camaristas, se reiniciará o no el proceso contra los seis acusados, que podría concluir en un juicio oral y una condena de entre 8 y 25 años.
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