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La derecha oligárquica carece de valores estables, sólo tiene intereses. A los Alsogaray, por citar un caso, les da igual aliarse con el militarismo gorila que con el menemismo; con ambos se sienten como en casa propia. Sus ideas, como los autos y los perfumes, son importadas, made in USA después de la II Guerra Mundial, que luego venden al Estado, por las buenas o las malas. En la historia, este conservadurismo salvaje nunca creyó en las reglas de juego de la democracia trasparente, que obligan a la persuasión, el consenso y la convivencia. Prefirió siempre imponerse desde arriba y por la fuerza, con golpes de Estado o con golpes de mercado, detrás del "partido militar" o del "modelo económico". Fue un poder sin arraigo popular, hasta que Carlos Menem, después que llegó al Poder Ejecutivo, decidió servirlos con los votos peronistas a cambio de permanecer en el gobierno por todo el tiempo que le fuera posible. Tras nueve años de fusión interactiva, han dado lugar a una nueva fuerza, identificada por los buenos liberales como "conservadurismo populista", que considera a los defensores de los derechos humanos como la prolongación, por otras vías, de la "subversión apátrida". No es casual que Menem y Alsogaray coincidan, uno por el indulto y el otro por la reivindicación de la dictadura, en que Jorge Rafael Videla, el primer conductor del terrorismo de Estado, debería gozar de libertad, lo mismo que todos sus compinches. No están solos en esa predilección por la impunidad. Los acompañan los generales retirados, en particular los que esquivaron la cárcel por los crímenes aberrantes. Esos acaban de acusar a las organizaciones de derechos humanos por "mantener activado un nefasto mecanismo persecutorio". En la misma declaración, conocida el jueves por la tarde, esta banda que se apropiaba de recién nacidos antes de matar a sus madres, reconocen a Menem como su principal benefactor y, por el otro, condenan la victoria de la Alianza en las elecciones del 26 de octubre del año pasado. Conclusión: lo mejor que les podría pasar es que el Presidente siga en su puesto. Los terroristas de Estado y el capitalismo salvaje son auspiciantes del tercer mandato. El grupúsculo de retirados no se quedó ahí: también amenazó con producir "nuevos desencuentros". El presidente del Círculo Militar, Ramón Genaro Díaz Bessone, pésimo divulgador de Gramsci, en artículo publicado ayer en La Nación, fue más allá: "Es hora -escribió-- de neutralizar la acción de los grupos y los individuos... que han ganado las calles". "Neutralizar al enemigo", en la jerga castrense, puede tener varias acepciones, pero ninguna pacífica ni democrática. Por lo visto, los veteranos terroristas siguen pensando que la Argentina se puede gobernar por el terror. Están equivocados, porque el país cambió. No es que sus habitantes sean más o menos valientes que en los años de plomo, sino que ahora todos saben. No hay encuesta de opinión donde no aparezca una mayoría neta que apoya la demanda de castigo para los culpables de tanto horror. Tampoco las Fuerzas Armadas son las mismas que ellos encabezaron. Son más débiles, cuentan con menos recursos y sufren más desprestigio popular. No han llegado a esas condiciones por culpa de "métodos psicológicos diseñados por ideólogos marxistas para controlar las mentes de la población", según Díaz Bessone y algunas historietas de la guerra fría, sino como consecuencia de sus propios actos. La sistemática y masiva violación de derechos humanos y la derrota militar en las islas Malvinas fueron de exclusiva responsabilidad de sus comandantes y de quienes obedecieron a ciegas o con entusiasmo las órdenes indebidas. Esos mismos que ahora pretenden azuzar a los nuevos cuadros militares para que les saquen las castañas del fuego. Rosendo Fraga, un inteligente analista que interpreta el pensamiento de hombres de armas como el general Martín Balza, escribió en estos días sobre el alcance de las "inquietudes" militares. "Los militares sienten hoy un sinsabor", reconoció el experto. "Es que creían que habiendo sido un modelo de conducta institucional se habían reconciliado con la sociedad y habían aventado el riesgo de que se reabrieran los procesos por las violaciones a los derechos humanos. La realidad muestra hoy que esto no es así. No volverán los motines carapintadas, pero queda planteado el hecho de que las Fuerzas Armadas de Latinoamérica que realizaron la mayor autocrítica sobre el gobierno de facto y los derechos humanos, las que más plena y genuinamente se subordinaron al poder civil y aceptaron una política más drástica en materia de reducción de presupuesto, salarios, personal y privatización de empresas militares, son las que menos logran cerrar las secuelas políticas y jurídicas del pasado." Para ser certera, a esta descripción le falta algo sustancial: lo único que no hicieron las Fuerzas Armadas fue lo más indispensable para cerrar esas secuelas. Debieron presentar al conocimiento público el informe sobre los verdugos, así como la CONADEP elaboró el de las víctimas, para depurar en cuerpo y alma a las instituciones militares. No pueden arrojar la historia al Río de la Plata, porque las mismas preguntas recalarán una y otra vez sobre estas tierras, pasando de una generación a la otra, hasta que obtengan las respuestas completas. Mientras tanto, las humillaciones se las deben a los felones que tiraron la piedra y ocultan la mano. Esos baladrones, que han sido incapaces de hacerse cargo de sus actos, deberían mirarse en el espejo de Alfredo Yabrán. Dueño de una fortuna incalculable, manipulador de una telaraña de relaciones con militares, políticos y eclesiásticos, jefe de un ejército de matones a sueldo (incluso antiguos subordinados de la dictadura), fue destruido por las sospechas que lo vincularon con el atroz asesinato de José Luis Cabezas, modesto reportero gráfico. Aún después de muerto, muchísima gente sigue pidiendo pruebas para saber que el suicidio no fue fingido para escapar de la Justicia. Aquellos mafiosos con uniforme son culpables, comprobados no sospechados, de miles de crímenes como el de Cabezas, y pretenden seguir su vida como si nada hubiera pasado. El Gobierno sabe que la mayor parte de la opinión pública hoy no tolera el indulto, así como no aguantó la vigencia del Punto Final y la Obediencia Debida. El oficialismo tampoco aplica ninguna lealtad como no sea en beneficio del proyecto continuista. Basta ver cómo el Presidente le negó las coartadas al ex ministro Oscar Camilión en el asunto del tráfico de armas o cómo trata a la ministra de Educación, Susana Decibe, a la que suele desautorizar sin la misma consideración que le dispensa, por ejemplo, a María Julia Alsogaray, la más impopular del gabinete, y a Ramón Saadi, cuyas aspiraciones senatoriales abochornan a varios menemistas. "Nada ni nadie nos va a parar", proclamó ayer en Río III el mismo que firmó el Pacto de Olivos para irse en 1999. Hoy en día, todo el que reste votos populares o no sume congresales partidarios se vuelve invisible. "El que se mueve no sale en la foto", solía aconsejar con cinismo a sus conmilitones uno de los más viejos dirigentes del PRI mexicano. Esa es la norma que rige en tiempos electorales. Con la urna en la cabeza y porque estaba en Francia, donde se inauguró el último Festival de Cannes con un homenaje a los derechos humanos, el Presidente se tentó a favor de la nueva prisión de Videla. "Tenemos la mejor Justicia del mundo" y "esta vez no voy a indultar" fueron sus primeras reacciones, pero duraron menos que su viaje de regreso, como era lógico. El paso siguiente fue culpar a la oposición por provocar a los militares, pero esto era lo mismo que escupir contra el viento, ya que reconocía el fracaso del indulto para la reconciliación irreversible. Así que le canceló la alegría al ministro de Defensa, Jorge Domínguez, que tuvo que regresar de París para quemarse como un fusible viejo en la TV, donde negó la existencia de impunidad en el país, entre otras temeridades retóricas. En tiempos electorales, el cruce de acusaciones entre el oficialismo y la oposición será cosa de todos los días. Si el Presidente quiere usar a la Corte para legalizar su continuidad, la Alianza denuncia a la "mayoría automática" de ese tribunal y le pide juicio político. El contrapunto es inevitable y legítimo, porque así el ciudadano podrá notar las diferencias y las similitudes en las propuestas. Sería mejor, sin embargo, que unos y otros dedicaran energía también a los demás problemas que afligen a millones: el trabajo, la educación, la salud, la seguridad y la Justicia. Hay 40 mil inundados que ya no ocupan la atención prioritaria de la prensa, pero que no tienen recursos para reconstruir sus hogares ni para comer todos los días. No puede ser que la Iglesia ocupe el lugar del Estado para hacerse cargo de los pobres y desamparados. Así es, sin embargo: "Que el Mundial no nos haga olvidar de los inundados, para que a pesar de las dificultades sigan comiendo todos los días", alerto el obispo Rafael Rey, presidente de Caritas, al momento de anunciar la inédita convergencia de 27 entidades civiles y eclesiásticas en una campaña unificada para reparar las viviendas, asegurar el autoconsumo y reconstruir las fuentes de trabajo en las zonas que van recuperándose de las aguas. "En tiempos de gran fragmentación social, con el esfuerzo de todos podremos reconstruir con esperanza", dice la declaración fundadora de "esta verdadera Sociedad Solidaria". Videla en prisión y la esperanza solidaria en la calle, no es una mala ecuación para pensar en el futuro.
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