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UNA AYUDITA PARA VIDELA
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La fiscal federal Rita Molina dictaminó que Videla "debe ser considerado desvinculado de los hechos investigados, como consecuencia de la sentencia de la causa 13, más conocida como el Juicio a las Juntas de 1985", y que "la competencia es del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas" y no del juez federal Roberto Marquevich. Según ella, que Videla haya sido despojado de su condición de militar "no es óbice" para que sea juzgado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas porque "se lo juzgaría por hechos cometidos como jefe de la fuerza". En su escrito de apenas tres carillas, la hermana del fallecido senador justicialista Pedro Molina, quien fue presidente de su bloque, argumentó que "Jorge Rafael Videla no puede ser nuevamente encausado por hechos vinculados a la sustracción y supresión de menores, hijos de personas privadas ilegítimamente de su libertad (...) en mérito al plan criminal evaluado en la sentencia (del juicio). Solamente podría ser perseguido por aquellos hechos cometidos con su participación activa y directa", según fuentes que reprodujeron parte del dictamen. Para Molina hubo un "tácito pedido de absolución respecto de aquellos seis casos, que no formaron parte del plan macabro sino que eran hechos aislados", por lo que no puede renovarse la persecución penal contra Videla ni contra los otros ex comandantes. "Yo estoy convencida, explicó, de que por estos hechos ya fue juzgado. Aunque la realidad ahora nos vaya a mostrar otra cosa, yo tengo que ser muy objetiva en esto en orden a la seguridad jurídica de nuestro país". Y agregó "el juzgamiento del personal militar que participó del plan orquestado por las Juntas Militares para combatir el terrorismo le corresponde a la Justicia castrense, tal como expresamente lo ordenan el decreto del Poder Ejecutivo 158/83 y la ley 23.049, y lo que decidió la Corte Suprema en reiteradas oportunidades". En contraposición a esto, la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, Alcira Ríos, afirmó que existe jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que "en los casos de menores víctimas de la desaparición forzada, la competencia es de la Justicia federal. Un ejemplo concreto es la causa por la desaparición de Liliana Fontana, que tuvo a su bebé en cautiverio, y en el cual el tema de la competencia lo dirimió la Corte en favor de la Justicia federal". Rita Molina explicó su posición por radio en el programa de Carlos Varela, llamativamente el mismo que utilizó esta misma semana Emilio Massera como tribuna de doctrina. También dijo que ella no estuvo sola para decidir sobre el tema y mencionó a la comisión de fiscales encabezada por Luis Cevasco, designada especialmente por la Procuraduría General de la Nación, quienes ayer no quisieron opinar por estar fuera del país su jefe, el procurador Nicolás Becerra. El juez federal Roberto Marquevich escuchará el lunes a la querella --las Abuelas de Plaza de Mayo-- y entre el jueves y viernes próximo resolverá tanto esta cuestión como la situación procesal del ex dictador, que permanece en la cárcel de Caseros porque le negó el arresto domiciliario. Al respecto, el juez Marquevich consideró que este dictamen es la opinión del Ministerio Público y por lo tanto queda descartada la hipótesis de que esto se hizo para favorecer al Gobierno. "No sé a quién favorece, pero queda claro que al Gobierno no", expresó a Página/12. Rita Molina es considerada en el ambiente como una recién llegada a la carrera judicial, a la cual sospechan que arribó por sus vínculos políticos.
LA POLÉMICA DIVIDE A LOS JURISTAS
* Julio César Strassera (fiscal del Juicio a las Juntas) "En derecho las cosas no son tan fáciles y requieren de una interpretación judicial. En ese momento había cosas que no se sabían claramente. La investigación de la Abuelas ha demostrado acabadamente que la sustracción de menores era parte del sistema. * Eugenio Raúl Zaffaroni (ex juez, penalista, legislador del Frepaso) Videla puede ser juzgado de coautor por omisión, porque como comandante en jefe tenía la obligación de evitar los crímenes de sus subordinados, crímenes que conocía perfectamente. * Andrés D`Alessio (decano de la Facultad de Derecho, camarista del juicio a la Juntas) "El tema es oscuro. Si uno piensa que el robo de chicos, como parte de un plan, no fue juzgado en 1985, entonces aquella sentencia no influye en un eventual nuevo juicio. Si, al contrario, uno cree que Videla por lo menos corrió el riesgo de ser condenado por estos mismos delitos, entonces aquel juicio impedirá procesarlo hoy. El fallo no determina taxativamente ninguna posibilidad". * Alberto Pedroncini (abogado de Abuelas de Plaza de Mayo) "La cosa juzgada derivada del fallo de la Cámara Federal es muy singular y merece un análisis jurídico para que se determine si corresponde en este caso. No hay precedente jurídico en cuanto a una cosa juzgada donde se enjuicia a un sistema sólo a través de un número determinado de casos y se dice que la sentencia queda automáticamente extendida a todos los demás casos del mismo tipo aunque no hayan sido juzgados". * Simón Lázara (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) "No hay cosa juzgada porque la Cámara absolvió a Videla en seis casos puntuales que no se pudieron probar, pero ahora surgen cinco que sí podrían ser juzgados".
Durante su declaración ante Bagnasco, que duró alrededor de cuatro horas, el ex capitán prometió entregarle al juez dos documentos secretos en los que verificarían órdenes escritas sobre la metodología diseñada por el aparato represivo. Además, aportó a la causa el documento publicado el domingo pasado por Página/12 en el que consta la nómina completa de los jefes de zonas, subzonas y áreas. "Los comandantes de zona tenían entre sus facultades, el poder de detención de toda persona a la que consideraran vinculada con la subversión o que era considerada como obstáculo potencial o real a los objetivos básicos del denominado Proceso de Reorganización Nacional", dijo D'Andrea Mohr, quien poco después del golpe de Estado de 1976 fue obligado a retirarse del Ejército por sus diferencias con la junta militar. Según explicó el ex capitán, el control de las operaciones era centralizado a partir de las tareas represivas que realizaban miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal, de la Gendarmería Nacional, Prefectura y otras policías provinciales. En relación con el Plan Cóndor --de represión conjunta de todas las dictaduras del Cono Sur-- D'Andrea Mohr se refirió al centro de detención Automotores Orletti, donde operaban militares argentinos y uruguayos. Según declaró antes de entrar al juzgado, D'Andrea Mohr considera que la existencia de un plan sistemático para apropiarse de los hijos de desaparecidos "es deducible" al observar que "pasó lo mismo en las cinco zonas en que se dividió el país". "Si no fue un plan, fue consentido", aseguró.
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Cinco carillas lo procesaron hace diez días, y sólo tres alcanzaron ayer para intentar
desvincularlo, según una de las partes. La fiscalía federal de San Isidro avaló y
compartió los argumentos de la defensa del ex presidente de facto Jorge Rafael Videla, al
dictaminar que hay "cosa juzgada" y que debe intervenir la Justicia militar en
la causa sobre apropiación de menores que llevó a la cárcel al ex dictador. Si el juez
federal Roberto Marquevich compartiera su dictamen, debería liberar al ex dictador y
remitir el expediente a un tribunal militar. El magistrado manifestó a Página/12
que el dictamen favorable a Videla "es sólo una opinión" y que "se siente
con total libertad para decidir". Puede deducirse que, si Marquevich ratifica su
competencia en el caso e impone prisión preventiva a Videla, como todo hace suponer que
sucederá, ambas medidas serán apeladas por la defensa del genocida y por la fiscalía.