MIENTRAS TODOS LOS OJOS ESTÁN PUESTOS EN BATISTUTA, EL BURRITO Y LA BRUJITA, MENEM APURA LA ESTATIZACIÓN DE LOS 144 MILLONES DE DÓLARES DE DEUDA DE LAS EMPRESAS DE SU FAMILIA.

SECRETOS DEL MUNDIAL

  Mientras todos los ojos están puestos en Batistuta, el Burrito y la Brujita, que hoy juegan en París contra Jamaica, el presidente Carlos Menem apura la estatización de los casi 150 millones de dólares de deuda que las empresas de su familia contrajeron con los bancos oficiales desde que él asumió el gobierno en 1989. El martes 16, dos días después del debut del seleccionado argentino contra Japón en el campeonato mundial de Francia, se publicó en el Boletín Oficial el decreto por el que Menem y su ministro de Economía Roque Fernández ordenaron la capitalización de los créditos del Estado Nacional contra el Grupo Yoma. Es el último paso de un proceso encaminado a socializar las pérdidas de un emprendimiento económico inviable, que sólo se sostuvo con el respirador artificial del crédito político y el subsidio directo. A poco más de un año de la finalización del mandato presidencial se procura garantizar un repliegue ordenado, que legalice la incobrabilidad de esas deudas, cierre las investigaciones en la Justicia y evite sus previsibles consecuencias penales. El decreto presidencial invita a la provincia y a la ciudad de Buenos Aires a adherir al régimen de capitalización propuesto. Pero tanto el gobernador Eduardo Duhalde como del jefe de gobierno Fernando De la Rúa adelantaron que no piensan acudir en auxilio de las fundidas empresas de la familia presidencial. La única solución sería entonces que el Banco Nación, al que corresponde el 66 por ciento de la deuda, adquiriera las partes de los otros bancos, que con toda alegría recuperarían sus créditos. Pero el presidente del Nación, Roque Maccarone, no ignora las consecuencias penales de tan temeraria decisión. El Banco Nación no es un mero agente del ministerio de Economía sino un organismo autárquico descentralizado, a cuyo directorio le cabe un juicio de responsabilidad por sus decisiones en la administración de los recursos que le fueron confiados. Así como el actual directorio del Banco Ciudad inició un sumario interno que podrá concluir con una denuncia penal contra sus antecesores, Maccarone sabe que lo mismo puede ocurrir en el Banco Nación, cuando el próximo gobierno designe a quien habrá de ocupar su sillón. Cualquiera sea el resultado del partido de hoy, mañana la Justicia comenzará la ejecución de la prenda sobre las maquinarias de la curtiembre Yoma en Nonogasta, por orden del Banco Ciudad de Buenos Aires, que de ese modo pretende recuperar parte de lo adeudado.

Con el primer gol

La firma y la publicación del decreto de estatización de la deuda formaron parte de un operativo programado en forma cuidadosa para que cada momento coincidiera con un pico de atención colectiva concentrado en los campos de juego de Francia, donde los únicos cueros que importan son los de la pelota. El miércoles 10, Menem asistió a la ceremonia inaugural y al partido en el que Brasil batió por 1 a 0 a Escocia. Al día siguiente, jueves 11, su primera actividad de regreso en el país fue firmar el decreto 684, por el que el conjunto de la sociedad deberá hacerse cargo de las deudas de las empresas de la familia presidencial. La noticia se perdió en medio de la euforia que provoca el mundial. El domingo 14, el conjunto argentino debutó en el torneo, con una victoria sobre Japón por 1 a 0. El martes 16 el decreto se publicó en el Boletín Oficial, pero hubo más interés por el segundo partido de Brasil, que venció a Marruecos por 3 a 0, y por el dientudito Ronaldo que marcó su primer gol.

El decreto por el cual las deudas del Grupo Yoma se convertirán en capital del Estado para volver luego, teóricamente, a manos privadas, invoca un marco legal que no es aplicable: el artículo 111 de la ley 11.683, de Procedimiento Tributario, y el decreto 1164/93, sobre facilidades de pago para deudas impositivas o previsionales. Ni la ley ni el decreto dicen una sola palabra de deudas bancarias, como las que las empresas de la familia presidencial contrajeron con los bancos de la Nación Argentina, de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, sin las garantías suficientes. Además, el régimen de capitalización de deudas previsionales e impositivas, creado para impedir la quiebra de empresas afectadas por la política de ajuste y preservar fuentes de trabajo excluyó en forma expresa a "los contribuyentes y responsables contra quienes existiera denuncia formal o querella penal por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o de terceros", lo cual también podría descalificar al Grupo Yoma para acogerse a ese régimen especial, ya que hay varias causas judiciales en marcha. En una de ellas, en el juzgado federal de Gabriel Cavallo, se investiga una denuncia de diputados del Frepaso, según quienes Yoma SA simularía exportaciones a una empresa controlada, Austal International, con sedes en Hong Kong, Estados Unidos, Taiwan, Indonesia y China. A esa distribuidora, con un capital propio de un millón de dólares, Yoma le entregó cueros por 40 millones. En sus balances esa suma figura como deudas a cobrar. En la edición de febrero de este año de la revista especializada "Leather, the international Journal", el aviso de la contratapa fue pagado por el "Yoma Group of Tanneries". Como parte de un mismo conglomerado, figuran al pie la curtiembre de Nonogasta y las seis filiales de Austal. En otra causa, el juez federal Carlos Liporaci investiga los beneficios impositivos concedidos en forma ilegal a las empresas de la familia presidencial, mediante un decreto del gobierno de La Rioja antedatado, que no se publicó en el Boletín Oficial provincial.

Plata dulce

El decreto 1164/93 y su complementario, el 585/94, se aplicaron en los casos de la petroquímica Indupa y el ingenio San Martín del Tabacal, que en 1994 y 1996 pasaron a manos del Estado a cambio de sus deudas. Luego fueron vendidas a otros capitales privados. Pero sus deudas eran impositivas y previsionales, y no bancarias. Se trataba de empresas económicamente viables, cuya actividad había decaído por factores coyunturales. En cambio las curtiembres Yoma sólo pudieron prosperar en las condiciones artificiales creadas por la plata dulce que comenzó a fluir desde la mudanza del cuñado presidente de La Rioja a Plaza de Mayo. Las empresas normales se endeudan para producir y vender más. El Grupo Yoma sólo necesitaba incrementar la producción para justificar un endeudamiento que nunca estuvo en sus planes cancelar. Con prodigalidad de nuevo rico contrató entonces a Ricardo Roodwel, el experto de marketing de SADESA, el principal productor y exportador local. Roodwel fue el estratego que permitió la penetración de los cueros Yoma en el mercado asiático, fundamentalmente China, y Estados Unidos. En 1991 vendieron por seis millones y medio de dólares, el año pasado por 172 millones, es decir 25 veces más. Pero sólo en dos años de ese período tuvieron mínimos resultados positivos. En el resto de los años operaron a pura pérdida. En el total del período, perdieron 44,65 millones, es decir siete centavos por cada peso vendido. Esos quebrantos nunca fueron una preocupación para los Yoma, porque el incremento de las exportaciones servía como pretexto para incrementar primero el endeudamiento y luego el subsidio, concedido por otro decreto presidencial, de 21 centavos por cada dólar exportado. Las operaciones de comercio exterior se hicieron mediante triangulaciones por las que sólo una parte de lo percibido ingresó al país. Fuentes de la industria curtidora dijeron que junto con cueros curtidos de primera calidad se exportaron otros de rezago por los que se cobraron idénticos reintegros. Añaden que Roodwel dejó al Grupo Yoma cuando se negaron a pagarle las comisiones prometidas, pero el propio experto no lo confirma ni lo desmiente. Quienes lo frecuentan dice que su último diálogo con Emir Yoma fue tormentoso y que Roodwel tiene miedo a represalias si revela detalles de aquella operación a alguien que no sea un juez.

Llamame Coco

Según el decreto que Menem firmó al volver de París, antes del 11 de octubre, el Grupo Yoma deberá conseguir la aprobación de sus balances al 31 de marzo de este año "por una firma de auditores públicos independientes de reconocido prestigio". La misma condición ya figuraba en el convenio de 1994 por el cual los bancos públicos refinanciaron la deuda, que entonces llegaba a 75 millones de dólares, pero el Grupo Yoma nunca cumplió con ese requisito. Sus balances sólo fueron revisados por el contador del grupo desde hace dos décadas Rubén Darío Ortíz. Sus empleadores lo consideran un miembro más de la familia y lo llaman cariñosamente Coco. Además, deben conseguir que los restantes acreedores también capitalicen sus créditos, en proporción equivalente. Los principales luego del Banco Nación son los bancos de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, con poco más de 20 millones de dólares cada uno. El último artículo del decreto invita a adherirse a la provincia de Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma. En la última semana de mayo el gobernador de La Rioja, Angel Mazza visitó al gobernador Eduardo Duhalde y al jefe de gobierno Fernando De la Rúa. Según dijo luego Mazza, ambos habrían prometido favorecer la capitalización solicitada por la curtiembre, que ya despidió a la mitad del personal. El resto cobra 200 pesos mensuales del Plan Trabajar II, que tiene en La Rioja a la sexta provincia más asistida por el gobierno nacional: un plan cada dos desocupados. La provincia más asistida es Santiago del Estero, con un plan por cada desocupado, y la menos asistida la Capital Federal, con un beneficiario por cada 91 desocupados. El promedio nacional es de un plan por cada 6,6 desocupados.

Pero ambos precandidatos presidenciales, del Justicialismo y de la Alianza, negaron cualquier compromiso y dijeron que los bancos tienen autonomía para resolver. Cuarenta y ocho horas después de la reunión de Mazza con De la Rúa, el presidente del Banco Ciudad, Horacio Chighizola, ordenó a sus abogados que presentaran en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial número 15, Secretaría 30, a cargo de la jueza Norma di Noto, la demanda de ejecución prendaria sobre las máquinas de la curtiembre de Nonogasta que garantizan uno de los créditos impagos. La cuota vencida es de 164.000 pesos, sobre un crédito de 1.036.000, apenas una parte de los 22 millones que el Ciudad pretende recuperar. Mañana lunes, la justicia notificará en La Rioja que se inicia la ejecución de las prendas sobre maquinarias, que saldrán a remate. Además, el Banco Ciudad comunicará a la Central de Riesgo del Banco Central un cambio de calificación del Grupo Yoma. Las categorías son cinco, y en cada una de ellas es mayor el porcentaje del crédito que el banco debe previsionar, es decir castigar como pérdida en sus libros:

1. Normal,

2. Cierto riesgo de insolvencia,

3. Con problemas,

4. Alto riesgo de insolvencia, y

5. Irrecuperable.

Para el Banco Ciudad los créditos al Grupo Yoma ya están en la tercera categoría y esta semana los pasarán a la cuarta, lo cual a su vez presionará sobre los otros bancos, para los cuales las empresas de la familia presidencial revistan en la segunda categoría. Al desaconsejar la adhesión, la Gerencia de Jurídicos del Banco Ciudad señaló que si se siguieran los pasos previstos por el decreto se produciría una novación. Es decir, se extinguirían los créditos anteriores, la garantía real existente (prendas sobre las máquinas e hipoteca sobre la planta) y cualquier responsabilidad penal, lo cual comprometería a los funcionarios públicos que lo autorizaran. Con razonamientos similares también el Banco Provincia envió a su departamento de legales la carpeta del Grupo Yoma. Luego de los bancos oficiales, el principal acreedor privado es el Banco Macro, con 16 millones. Parte de los fondos que Macro prestó a Yoma también provinieron del Banco Nación. Durante la crisis conocida como tequila, Macro solicitó auxilio al Nación, y Dadone le puso como condición que prestara una parte de esos fondos al Yoma Group. Su propietario, Jorge Brito, no tuvo ningún reparo. Macro nunca canceló ese crédito, del que sólo paga los intereses, cada 180 días. Titular de la famosa cuenta Daforel, Brito es un muy próximo amigo personal de Emir Fuad Yoma, relación que ha incrementado su suerte en los negocios. Sin el oportuno lobby del presidente del Banco Central, Pedro Pou y de los directores Marcos Saúl y Manuel Domper al Macro no le hubiera resultado tan simple la adquisición de los bancos provinciales de Misiones y Salta. Ahora anunció que en los próximos dos meses participará en las licitaciones por los de Catamarca y de Corrientes, mientras negocia con el Banco Mayo la compra de su parte en el de Formosa.

Sin base

Si todos los requisitos se cumplieran, además sería necesario que existiera lo que el decreto llama "una oferta firme de compra de por lo menos 51 por ciento del capital social de las sociedades mencionadas". Hay quienes temen que si con la sola existencia de la propuesta los bancos aceptaran la capitalización planteada por el gobierno nacional, se correría el riesgo de que luego la operación no se concretara y los bancos debieran hacerse cargo de las deudas. Otra hipótesis, menos extrema pero más probable, destaca que la licitación del paquete de control de las empresas de la familia presidencial se hará sin base, con el obvio riesgo de licuación de los créditos, ya que ninguna inversión de riesgo justificaría valores equivalentes a los inflados políticamente con que se ha manejado hasta ahora la curtiembre. Los créditos impagos podrían encogerse diez veces, y los bancos deberían cargar con la pérdida. Frente a esa hipótesis, el remate de los bienes de las empresas de la familia presidencial parece una opción más atractiva para los bancos, aunque la discrecionalidad con que fueron otorgados los créditos y las irregularidades cometidas por el Grupo Yoma tampoco permitirán en ese caso la recuperación de todo lo prestado. Expertos en el negocio de curtiembre opinan que las máquinas empleadas no valen más de 4 millones de dólares y la construcción civil, incluidos el laboratorio y las oficinas, otros 35 millones. Para completar la cifra sería necesario conocer la cantidad de cueros en stock. Un calificado técnico de la industria química, especializado en curtiembres y con experiencia internacional, estimó que considerando con generosidad el nivel actual de producción de la curtiembre de Nonogasta en 2.000 cueros por día (contra un máximo en su mejor momento de casi el triple) la materia prima elaborada en un mes no valdría más de un millón y medio de dólares. Para llegar a esa cifra calculó que cada cuero vacuno pesa unos 23 kilos, que se cotizan a 1,47 pesos por kilo. Es decir, unos 34 pesos por cuero. Si se procesaran 2.000 por día, 22 días al mes, apenas se aproximaría al millón y medio. En cualquier caso, los bienes de la curtiembre apenas superan el 25 por ciento de las deudas, por casi 150 millones de dólares.

Vaciamiento

Los diputados del Frepaso Chacho Alvarez, Darío Alessandro y Marcelo Vensentini presentaron un proyecto de ley por el que se derogaría el decreto 684 y se considerarían nulas todas sus consecuencias. Sus considerandos, que siguen la investigación sobre el Grupo Yoma publicada en estas páginas a partir de 1994, destacan que el decreto implica una extralimitación de atribuciones que convierte al Banco Nación "en un apéndice de las decisiones políticas del presidente Menem". Añaden que "de demostrarse la condición de empresa cautiva de Austal, los Yoma se habrían exportado a sí mismos, beneficiándose adicionalmente con el subsidio del 21 por ciento sobre sus exportaciones, concedido por el decreto de necesidad y urgencia 804/96". El ministerio de Economía "ha reiterado que el régimen de capitalización de deudas está destinado a salvar a las empresas y no a los empresarios que, en este caso, son nada más y nada menos que los cuñados del presidente de la Nación, por lo que la responsabilidad de la transparencia de cualquier decisión que se tome en ese sentido es mucho mayor. Estos empresarios que tuvieron tantos favores del Estado Nacional son los mismos que el 26 de mayo de 1997 decidieron por unanimidad asignarse una remuneración equivalente a 2.473.989 pesos anuales, es decir 69.722 pesos por mes para cada uno de los directores Emir, Alfredo y Omar Yoma" pese a que "los resultados del último ejercicio eran negativos. Empresarios que son capaces de fijarse semejantes retribuciones a pesar de las cuantiosas deudas que sus empresas tienen con la banca oficial, demuestran una actitud que merece ser encuadrada más en el vaciamiento que en la negligencia".

Los legisladores añaden que hace un mes el director de Yoma SA Miguel Angel Núñez dijo al diario "La Nación" que desde 1995 el 51 por ciento del paquete accionario está en manos del fondo de inversión Eltham Trading con sede en Uruguay, a cuyos accionistas declaró no conocer. "La dirección de Eltahm Trading coincide con la de un garaje de Montevideo. Coincidentemente con las declaraciones de Núñez, el cuñado presidencial Emir Yoma señaló ante el juez federal Jorge Urso, que investiga el contrabando de armas a Ecuador y Croacia que Eltham Trading había hecho un aporte de capital de 2,5 millones de dólares a su curtiembre, utilizando la cuenta Daforel del MTB Bank de Nueva York, la misma en la que el traficante de armas Diego Palleros declaró haber depositado 400.000 dólares de coima para un influyente vinculado con el poder político."

Pero Eltham Trading no figura en las actas de directorio de 1997 en las que consta el salariazo a los hermanos Yoma. "Si no se establece quiénes son los actuales titulares de cada una de las acciones del grupo riojano, estamos ante la peligrosa posibilidad de que los mismos dueños puedan recuperar la fábrica y sus subsidios estatales, con un simple cambio de la titularidad de los dueños de un fondo de inversión tan fantasmagórico como el verdadero valor de la curtiembre." Los mismos legisladores y con similares argumentos denunciaron a Menem y Roque Fernández ante la Procuración General de la Nación por abuso de autoridad y malversación de caudales públicos. La pena para el primer delito es de un mes a dos años de prisión, e inhabilitación por el doble. Por el segundo, de inhabilitación de un mes a tres años y, si además "resultare daño o entorpecimiento del servicio", el culpable debe pagar una "multa del 20 al 50 por ciento de la cantidad distraída". La causa judicial que deberá iniciarse a raíz de esta denuncia no podría llevar a Menem a la cárcel, ya que sólo podría ser condenado a una pena de ejecución condicional, pero sí dejarlo fuera de la competencia electoral para intentar el regreso al gobierno en el 2003.

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