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Por Sergio Vaudagnotto
Finalizado el encuentro de ayer, Raúl Alfonsín y Chacho Alvarez formularon escuetas declaraciones. "Bajo palabra de honor, que no se habló de candidaturas ni de peleas internas", dijo el primero. "Inviertan en tintorerías, que se nos viene la crisis japonesa", bromeó el segundo. La última reunión del G-5 había transcurrido en secreto, en la casa del radical Mario Brodersohn. Alfonsín, Alvarez, Fernando de la Rúa, Fernández Meijide y Rodolfo Terragno, regresaron ayer al domicilio de Brodersohn, en la calle 3 de Febrero al 2000, pero quisieron que el encuentro tuviera difusión. Un comunicado distribuido a los medios, reflejaba algunos de los temas tratados. Necesitaban mostrarse juntos y alejar el fantasma de la ruptura, que empezaba a instalarse sobre la opinión pública. En los casi dos meses que mediaron entre una reunión y la otra, hubo muchas discrepancias: la reforma laboral, el juicio a miembros de la Corte, el Código Etico, el aumento a los docentes municipales, la reforma de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, las pujas en el gabinete del Gobierno de la Ciudad y la forma de definir la fórmula presidencial, son algunos de los temas que alimentaron la batalla dialéctica en la que había caído la coalición opositora. En la reunión de ayer, Alvarez aclaró que las declaraciones que formuló sobre la necesidad de incorporar un peronista en la fórmula presidencial de la coalición "es una idea para el debate". Alfonsín, De la Rúa y Terragno se mostraron proclives a trabajar "desde ahora" en lo que sería "un gobierno de unidad nacional", en el caso de que la Alianza se imponga en las elecciones generales del año próximo. Los jefes radicales aprobaron que Chacho retome la idea de crear un "foro de debate" en el cual puedan participar aquellos peronistas "que estén dispuestos a ponerse la camiseta argentina para jugar un partido grande", según la definición del propio líder frepasista. El tema de las normas de transparencia para las primarias de noviembre ya no es un problema. Alfonsín y Alvarez lo habían dejado en manos de Rafael Pascual y Alberto Flamarique. Ayer, Flamarique estuvo presente en la reunión y comentó el contenido de un borrador que los máximos referentes aprobaron. Ya no se llamará Código Etico, como proponían desde la Casa del Frente, pero contendrá varios de los postulados frepasistas. La Carta a los Argentinos, cuyo contenido adelantó Página/12 en la edición del 10 de este mes, se publicará en la fecha simbólica del 9 de julio. Se trata de una especie de preámbulo de lo que será la plataforma electoral de la coalición.
Actualmente, el proyecto tiene un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aunque faltan las firmas de algunos legisladores. Si bien existe consenso de todos los bloques para que sea aprobada "en general" y se discutan algunos aspectos vinculados con su instrumentalización en el recinto, las conversaciones se paralizaron por las presiones. Los militares estaban preocupados por los alcances de la ley, y el encuentro que tuvieron con los legisladores del PJ el 4 de este mes no parece haberlos calmado. Los redactores de la ley se esfuerzan por moderar sus efectos y hasta se reunieron con el grupo de los generales retirados, quienes más se oponen a cualquier iniciativa de este tipo. "No se trata de un proyecto persecutorio, es para lograr la pacificación nacional", dijo Cafiero a Página/12. La propuesta fue presentada el 12 de febrero. Luego de más de dos meses de discusión en la comisión, se introdujeron pequeñas modificaciones y se llegó al proyecto con el que acordaron todos los bloques. En el artículo primero se establece el derecho a conocer la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos. El segundo obliga a recabar toda información disponible procurando reconstruir la que haya sido destruida y tratando de salvar la prueba material existente. Para estos fines se estipula la creación de una Comisión de la Verdad integrada por seis diputados y seis senadores designados entre los miembros de la comisiones de Derechos Humanos y la unificación del material existente de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep) y en el Registro de Fallecidos y Desaparecidos (Redefa) en un Registro único de la Verdad. Este órgano sería conducido por un director y un consejo designado por el Poder Ejecutivo. "Esta ley no servirá para saldar la deuda que el Estado tiene en relación con la determinación del destino de los desaparecidos". Los organismos de derechos humanos plantearon sus críticas en una carta que entregaron a los diputados luego de una reunión en que se interiorizaron del proyecto. Las modificaciones que reclaman pasan por tres ejes: la independencia del Poder Ejecutivo del órgano encargado de asegurar el derecho a la Verdad, que se dote a la comisión de facultades investigativas y que los miembros de la comisión y del registro sean elegidos por el Congreso. Las objeciones no fueron incorporadas, pero algunos diputados, entre ellos, el socialista Alfredo Bravo se comprometió a plantearlas cuando la ley fuera debatida. Los hechos ocurridos en las últimas semanas parecen indicar que el debate tendrá que esperar. "No conozco el nuevo proyecto, pero estoy satisfecho porque coincide en el camino, se trata de encontrar la verdad, si hay un mecanismo mejor, es bienvenido", afirmó Cafiero en relación con la propuesta que se está elaborando desde el Gobierno. La diputada radical Margarita Stolbizer adelantó que "es difícil que compatibilicemos un proyecto que provenga de la presión de las Fuerzas Armadas".
Jaunarena legalista
Jaunarena descartó el per saltum como recurso unificador de la jurisprudencia y prefirió que las causas "sigan su trámite" en los tribunales de origen y en las cámaras para llegar a la sentencia de última instancia a través de los pasos procesales pertinentes. No obstante, remarcó que "no es bueno para nadie que las causas se prolonguen tanto en el tiempo". "Después de 10 o 12 años, están en pleno trámite y esa indefinición no es saludable ni para las víctimas de sustitución de identidad, ni para los responsables", dijo el ex ministro a la agencia DyN. Jaunarena señaló que las leyes de obediencia debida y punto final no afectaron las investigaciones sobre robos de niños, supresión y alteración de sus identidades "por lo tanto, no hubo traba que justifique el tiempo que llevan abiertas estas causas sin sentencia de primera instancia". Además consideró "fundamental que no haya jurisprudencia contradictoria, porque eso podría generar un escándalo jurídico".
Incitación a la desmemoria
Así, por ejemplo, cuando el 20 de junio último habló ante "sus" fuerzas armadas, adjudicó la vigencia de la preocupación social por la violación de los DD.HH. durante la última dictadura y la exigencia de condena para sus principales responsables a una imposición hecha por quienes tendríamos una desmedida capacidad de convicción. Decididamente no es así. Si nuestras denuncias y reclamos son oídos, es porque la sociedad sabe de qué hablamos; porque sus diferentes sectores están, de algún modo, involucrados con lo que aquí pasó. En efecto, por un lado están los victimarios: los que ejecutaron el plan criminal de la dictadura, los que lo alentaron, los que sacaron provecho de él y los que dejaron hacer. En el medio, los que no se enteraron o no quisieron hacerlo. En el otro, el gran espectro de las víctimas: los desaparecidos, los masacrados, los torturados, los exiliados, los familiares de todos, los condenados al exilio interior, los que padecieron el vaciamiento educativo y el intento de aniquilamiento cultural, los censurados, los que perdieron sus trabajos o sus empresas, los que ya no supieron de oportunidades porque los recursos se agotaban en el pago de la fraudulenta deuda externa que la dictadura parió. Por si fuera poco, a la lista de preocupados se agregan las nuevas generaciones que, inquisidoras, preguntan a sus mayores cómo fue posible tanta barbarie. Por eso y por más que le cueste entender a Menem, el problema de los DD.HH. en Argentina seguirá vigente hasta que no haya definitiva justicia. Mientras no sea así, el Presidente podrá seguir intentando confundirnos; denunciando, como lo hizo en Rosario, el supuesto revanchismo de los familiares de las víctimas y reclamándoles a éstos magnanimidad. Por si no lo sabe el Presidente, magnanimidad es la cualidad de quien perdona agravios, es decir, hechos o dichos que desprecian o humillan. Los crímenes de la dictadura militar no ofendieron sino que desangraron y destruyeron a familias enteras, arrasaron con lo más sensible de una generación y avasallaron a todo un pueblo para imponer un programa expropiador y concentrador de la riqueza. No es por tanto magnanimidad lo que Menem reclama a los familiares de las víctimas; él pide lisa y llanamente desmemoria, algo que ni los familiares ni quienes pretendemos vivir en una Nación justa estamos dispuestos a otorgarle. (*) Diputado nacional (Partido Socialista Democrático - Frepaso)
Posteriormente se pudo comprobar que, en todas las zonas de seguridad en que se había dividido el país, se sustrajeron sus hijos a los secuestrados, que hubo directivas militares e inclusive un formulario para llenar en relación con los menores y hoy se plantea la cuestión de si puede o no atribuirse a Videla y a los otros miembros de las juntas autoría mediata (el que está detrás del ejecutor) o participación necesaria en el robo de niños perpetrado por sus subordinados. Para dirimir esta cuestión, hay que tener en cuenta que en la sentencia dictada en 1985 en el juicio a los ex comandantes (causa 13) se estableció que el fallo "ha de versar sobre los 700 casos que escogiera la Fiscalía". Sobre ellos se indagó a los procesados, acusó el fiscal y sobre esos casos, uno por uno, se expidieron los defensores de los reos. El argumento de Videla acerca de que fue absuelto por todos los delitos (en general) cometidos durante su comandancia implica un error garrafal, pues el punto 25 de la sentencia dice que quedan absueltos por la totalidad de los delitos por los que fueron indagados acerca de los cuales el fiscal no acusó. Sabido es que la indagatoria es puntual y concreta para que se respete la garantía constitucional de defensa en juicio (art. 241 del Código Procesal y art. 235 del Código de Justicia Militar) y, por lo tanto, si en general se preguntó si se cometieron miles de privaciones de la libertad, pero sin indicar víctima concreta, no tiene relevancia judicial ni para atribuir la comisión de un delito ni para exculparlo. En dicho fallo se señala que el juzgamiento abarca la actuación de los procesados como comandantes en jefe de su fuerza (Videla: 24-3-76 al 31-7-78), sin incluir lo actuado en el desempeño de otros cargos anteriores o posteriores. En virtud de la misma garantía constitucional del debido proceso y defensa en juicio, cabe señalar que sobre estos 700 casos hay cosa juzgada. No puede volver a acusarse a ninguno de los nueve enjuiciados por estos mismos hechos. Pero, si se trata de otros casos como lo son más de 200 niños robados cuyo paradero se desconoce, desde luego que sí puede acusarse a Videla y a los demás integrantes de la cadena de mandos por autoría mediata o participación necesaria en la comisión de estos delitos. No tiene tampoco ningún efecto el indulto que es otorgado puntualmente en relación con un proceso concreto y no surte efecto en causas futuras. La sustracción de menores es un delito permanente, es decir que no cesa de cometerse hasta que cesan sus efectos y la víctima es liberada de la privación forzada de su identidad, pues la persona ha sido anotada falsamente como hijo propio o en adopción fraudulenta. Los jefes de la cadena de mandos pueden ser acusados porque, como bien lo ha señalado la Cámara Federal de Bahía Blanca, en el supuesto similar de privación ilegal de la libertad "para que el cese en el mando implique un cese de la consumación del delito debió haberlo interrumpido dando cuenta a la autoridad que debía resolver" (Causa 11/86 s/hechos acaecidos en el V Cuerpo del Ejército). No correspondería para estos casos la jurisdicción militar, como propicia la fiscal Rita Molina, por ser delitos comunes (del Código Penal) ajenos a la finalidad del juzgamiento castrense. Videla y los demás jefes tenían bajo sus órdenes a sus subordinados y es por ello que la responsabilidad delictual continúa hasta el día de hoy, pues están obligados a impedir o hacer cesar la sustracción, retención u ocultamiento de los menores que cometían los subalternos. La omisión deliberada importa una forma de comisión del delito como coautor. En cuanto a los subordinados, no podrán ampararse en la derogada ley de Obediencia Debida cuyo artículo segundo excluyó expresamente los delitos de sustracción y ocultación de menores y sustitución de su estado civil. * Abogada de derechos humanos.
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Después de 56 días, el Grupo
de los Cinco volvió a reunirse ayer. El almuerzo que compartieron Raúl Alfonsín y
Carlos "Chacho" Alvarez la semana pasada encarriló la interna de la Alianza,
que se hallaba en una vía muerta. La UCR y el Frepaso llevaban desde el 27 de abril sin
otro diálogo que el que mantenían a través de la prensa, plagado de acusaciones y
desencuentros. Acordaron finalmente las reglas de juego para la campaña que conduce a las
elecciones internas de noviembre ("Por ahí fue ampuloso llamarlo Código
Etico", dijo con tono conciliador Graciela Fernández Meijide). Cada fuerza podrá
invertir en las primarias entre un 15 y un 20 por ciento del dinero que le corresponde por
los votos obtenidos el 26 de octubre pasado. La Carta a los Argentinos, una suerte de
preámbulo de la plataforma electoral, se dará a conocer el 9 de julio. Intentarán
resolver las discrepancias en privado y trabajarán sobre la incorporación de la llamada
"pata peronista" en lo que sería "un gobierno futuro de concertación
nacional". José Luis Machinea hizo un pormenorizado informe de la situación en los
mercados internacionales (ver aparte).