Página/12

Pese a que aún son muchos los puntos que quedan sin aclarar, la jueza federal de Gualeguaychú Graciela Pross Laporte preanuncia el cierre de la causa iniciada por el suicidio de Alfredo Yabrán. Por lo pronto, la jueza todavía no solicitó al Registro Nacional de Armas (RENAR) los datos de las escopetas halladas en la estancia San Ignacio, trámite imprescindible para dar por terminada la instrucción. De haberlo hecho, sabría que la escopeta Baikal 12.70 que Yabrán eligió para meterse en la boca el 20 mayo no figura empadronada en el RENAR y tampoco están registradas allí las dos Mossberg 410 guardadas en el dormitorio de la finca. La única inscripta es la Browning 2000 encontrada junto a ellas. Según pudo saber Página/12 tampoco se practicaron estudios dactiloscópicos a los cartuchos de la Baikal ni en el lugar donde, presumiblemente, minutos antes el empresario había estado almorzando. El informe preliminar asegura que la prueba del dermotest, realizada en la mano izquierda del empresario, mostró la existencia de una partícula de plomo. De pólvora y de estudios en la mano derecha, ni rastros. El acta de allanamiento consignó, asimismo, la aparición de dos vainas calibre 36 servidas (disparadas) que no se corresponden con ninguna de las armas encontradas en el lugar. Tampoco éstas fueron peritadas.

El abogado del empresario, Guillermo Ledesma, exigió que mantengan en reserva las llamadas telefónicas por el prófugo antes de morir. La advertencia parece innecesaria: el juez federal de Dolores José Luis Macchi, que investiga el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, dio ayer por extinguida la acción penal contra Alfredo Yabrán (ver nota aparte).

"Don Yabrán, ¿por qué se pegó el tiro?", dice la policía que gimió Leonardo Aristimuño, el casero de San Ignacio, la estancia de Rincón del Gená, en Entre Ríos, cuando desde el otro lado de la puerta se escuchó el tiro. Minutos antes, los mismos policías habían ingresado a la casa colonial pintada en tonos rosados, la principal de la estancia, inspeccionaron el enorme living donde había una chimenea encendida y una mesa de pool y se dirigieron al salón contiguo que oficiaba de comedor. Luego, recorrieron el pasillo que llevaba a los tres dormitorios. Uno de ellos estaba cerrado. Los policías le pidieron a Aristimuño que les franqueara la entrada. El peón respondió que no porque allí se guardaban pertenencias de los propietarios. La comisión policial le advirtió que si no abría rápido y por las buenas echarían la puerta abajo. Aristimuño, entonces, entregó las llaves y el comisario Julio Seves notó que en la cerradura, del lado de adentro, otra llave dificultaba la maniobra. Por fin, Seves puso la mano en el picaporte y lo accionó. Fue cuando se oyó la detonación que, después sabrían, provenía de la Baikal 12.70.

Hasta el pasillo que llevaba al baño, según el expediente, habían saltado las salpicaduras. Boca abajo, con la cara aplastada sobre un gran charco de sangre, estaba el cuerpo de un hombre robusto, vestido con pantalón y campera de jogging azul marca USA Champion, remera de manga larga y botones en el cuello con el logo LG y zapatillas blancas Nike Air, sin medias. Por debajo del cadáver asomaba el doble caño de la Baikal. Los pies apuntaban hacia el inodoro y la punta de uno de ellos tocaba un mueble próximo. El hombre, al parecer, se había matado mirando al pasillo por el que iban a entrar los policías.

En la habitación contigua, apoyadas de culata en el piso del placard, encontraron las otras tres escopetas: una Browning 2000 calibre 12.70, propiedad de Yabrán y dos Mossberg 410. La Browning 12.70 era la que Página/12 había descripto hace un año, después que el todavía dueño de OCASA afirmara por medio de su vocero Wenceslao Bunge que era "enemigo de las armas". La Browning había pertenecido al capitán de fragata Juan Atilio Holle, amigo personal de Alfredo Nallib Yabrán y joven oficial en los 70, uno de los tantos que Eduardo Emilio Massera utilizaba para mantener contactos entre la comandancia de la fuerza y la Escuela de Mecánica de la Armada. El arma la recibió del suboficial mayor de prefectura Angel R. Quiroga, quien intermedió en la transacción realizada en 1985. Las otras dos únicas armas que Yabrán tenía a su nombre en ese entonces eran una pistola Browning 9 milímetros parabellum y una carabina marca Rossi, calibre 22.

La autopsia iba a determinar que la deflagración había producido el estallido del cráneo y del macizo facial de Yabrán, destrucción que los peritos notaron a la simple palpación. Los gases producidos por el disparo habían buscado dentro de la boca una vía de salida y también hicieron estallar los oídos del empresario. La "localización de la mayor densidad de municiones sería de adelante hacia atrás y oblicua de abajo hacia arriba", señaló la autopsia, Yabrán habría colocado así la escopeta en un ángulo de 45 grados, Todos los reportes indicaron la existencia de una treintena de perdigones incrustados en la masa encefálica. Sin embargo, al jefe del Departamento de Criminalística de Paraná, comisario mayor Rubén González, encargado de realizar los estudios técnicos, le fue remitida por los forenses una cantidad de perdigones dos veces mayor. La prueba del Dermotest, según el informe preliminar solicitado con premura por Pross Laporte, mostró que no había pólvora en la mano izquierda y sí, en cambio, una partícula de plomo. De la mano derecha, nada consta en el evaluación. Si la partícula de plomo corresponde a la manipulación del cartucho es algo que, de momento, no podrá saberse porque no se les realizó el examen dactiloscópico.

El comisario González, contradiciendo su propio informe, dijo ayer a este diario que, en efecto, se habían detectado rastros de pólvora, aunque admitió "no recordar" en cuál de las dos manos de Yabrán habían sido localizados. Las huellas digitales sólo fueron tomadas "en el lugar del hecho". Es decir, en el baño. No se tomaron las de la habitación contigua, ni en el comedor donde, tal como testimoniaron ese día los policías intervinientes, había tres servicios de vajilla y comida. Dato que, por cierto, tampoco consta en el acta labrada en el allanamiento. Lo que sí aclara el acta es que en el lugar fueron encontradas dos vainas servidas de calibre 36. El calibre corresponde a un pistolón que no figura entre las armas secuestradas. Este diario pudo saber que, tal como se verifica en el RENAR, quien posee un pistolón de ese calibre es el casero Aristimuño.

Sostienen sus allegados que la Baikal era el arma favorita del hombre al que no le gustaban las armas y había pedido que la enviaran de la casa de Martínez a San Ignacio. Sólo así puede explicarse que la haya elegido, pese a la incomodidad del doble caño y el considerable peso que caracterizan el arma rusa. Aunque, en verdad, en ciertas ocasiones la comodidad es lo de menos.

El sueño de los abogados de Alfredo Yabrán finalmente se cumplió a partir de una formalidad. El juez federal de Dolores, José Luis Macchi, resolvió "declarar extinguida la acción penal por la muerte del imputado Alfredo Yabrán en la presente causa 56.456, de trámite ante este juzgado en lo criminal correccional número 3 caratulada Cabezas, José Luis, víctima de privación ilegítima de la libertad calificada y homicidio doblemente calificado en General Madariaga". Para tomar la medida, el magistrado tuvo en cuenta la documentación que recibió de la Justicia entrerriana confirmando que el cadáver encontrado en la estancia San Ignacio es el del empresario telepostal.

A partir de ahora el empresario ya no será buscado por las autoridades judiciales por su presunta participación --como instigador-- del crimen del fotógrafo de la revista Noticias, ya que la confirmación de su muerte deja sin fundamento su captura. El juez basó su resolución en el acta de defunción de Yabrán, remitida por la jueza Graciela Pross Laporte y en las copias recibidas de las actuaciones judiciales llevadas a cabo en Gualeguaychú. La acción penal contra una persona tiene varias causas posibles de terminación. Una es la sentencia a la que nunca podrá llegar el juez Macchi respecto de Yabrán. Otra es la muerte del acusado o imputado.

El magistrado citó, específicamente, los informes periciales papiloscópicos, documentológicos, químico-toxicológicos, planimétricos y fotográficos, realizados por la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos. Pero de todas maneras, para despejar cualquier duda, también pidió que se le haga llegar la documentación incorporada a la causa entrerriana a partir de la foja 227, que es la última existente sobre el caso. Allí se encuentra el análisis genético realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA) que determina que las muestras remitidas con partes del cadáver se corresponden en un 99 por ciento con la sangre extraída a los hijos de Yabrán. El responsable del examen es un primo hermano del ministro del Interior, Carlos Corach.

Sin embargo, a pesar de que se cerró la causa contra el fallecido dueño de Ocasa, la investigación del asesinato de Cabezas continúa por el carril de los autores materiales.

Los investigadores policiales escucharán hoy el testimonio de Marcelo Colella, un habitante de Pinamar desde cuyo teléfono habrían llamado a José Luis Cabezas el 2 de enero de 1997, 23 días antes del crimen. Mañana ampliará su indagatoria Gustavo Prellezo (ver nota aparte).

Mañana, a las 10, Gustavo Prellezo se encontrará por fin con el juez José Luis Macchi a cargo del caso Cabezas. En fuentes de la familia del ex policía sigue sugiriéndose que Prellezo reconocerá que organizó la operación en la que fue asesinado el fotógrafo aunque dirá que no dio a los ladrones de Los Hornos la instrucción de matar a Cabezas. El argumento es que todo iba a ser un apriete, pero que uno de los horneros, Horacio Braga, estaba drogado o borracho y apretó el gatillo.

La duda fundamental de la declaración de Prellezo está relacionada con Alfredo Yabrán: sus familiares dicen que no lo va a implicar, en tanto que distintas fuentes del juzgado de Dolores aseguran que señalará al cartero como la persona que impulsó todo el operativo.

Después de postergar por tres veces su presencia ante Macchi, Prellezo dará mañana su versión de la forma en la que se produjo el asesinato. Tendrá que explicar, por ejemplo, por qué razón fue comprado el combustible con el que se quemó el auto y el cuerpo del fotógrafo; adónde fue a parar el arma que mató a Cabezas y qué ocurrió con la máquina de fotos que después apareció sospechosamente en un canal a la vera de la ruta. Y, sobre todo, tendrá que dar alguna versión del móvil que puso en marcha la maquinaria del crimen.

La declaración de Prellezo será casi la última diligencia que hará el juez Macchi, decidido a cerrar la causa en pocas semanas más.

La Sala A Penal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario rechazó el pedido de cambio de carátula --"de investigación sobre la causa de las muertes" a "doble homicidio calificado"-- interpuesto por el presidente Carlos Menem y su ex esposa Zulema Yoma, en la causa en la que se investiga la muerte de su hijo Carlos Menem (Junior) y del corredor Silvio Héctor Oltra, ocurrida luego de que cayera el helicóptero en el que viajaban. Los camaristas rosarinos Ester Andrea Hernández y Hugo del Pozo entendieron que el recurso de apelación no reúne "los requisitos de admisibilidad" para cambiar la línea de investigación que lleva adelante el juez de San Nicolás, Oscar Villafuerte Ruzo. De todas maneras, la Cámara exhorta a "urgir" las medidas útiles y conducentes que estén pendientes para "poner fin a la incertidumbre sobre las causas que produjeron el hecho que se investiga". Carlos Cartey, patrocinante de Menem y de Yoma, entendió que el fallo no se expresó sobre la cuestión de fondo --si fue o no un atentado-- y no descartó apelar la resolución ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación o tribunales internacionales.

El recurso de apelación había sido interpuesto por el presidente Menem, en carácter de querellante contra la resolución de Villafuerte Ruzo del 24 de abril de 1998 de no hacer lugar al cambio de carátula. Zulema Yoma había adherido al recurso de apelación interpuesto por Menem.

"Lo que pretenden --en referencia a los querellantes-- es que el Tribunal enderece la investigación que lleva a cabo en la causa, acotándola en una sola dirección, desechándose así otras hipótesis sobre la causa de las muertes de Carlos Saúl Menem (hijo) y de Silvio Héctor Oltra", señalaron los camaristas en el escrito.

La Cámara en sus fundamentos sostiene que el decreto por el cual el juez Villafuerte Ruzo resolvió no hacer lugar al cambio de carátula "no es susceptible de ser atacado mediante el recurso intentado, pues no se trata de aquellos expresamente declarados apelables", habla de que "las partes, aun tratándose de querellantes, no pueden sustituir la actividad investigativa del juez", aunque "resulta pertinente destacar que lo resuelto por el magistrado no causa a las partes gravamen irreparable, en tanto ello no hace cosa juzgada" y también que "no clausura la hipótesis que los querellantes sostienen en el sentido de que el hecho investigado tendría las características de delictuoso".

El Acuerdo de la Sala A Penal también toma el concepto de que "no basta un perjuicio teórico, una disconformidad formal contra la tesis sustentada en el pronunciamiento para que sea permitida su impugnación".

En el punto V de la resolución judicial, el Tribunal dice que del conocimiento que tiene de la causa principal "en razón de los incidentes en que ha sido llamado a intervenir puede inferir sin lugar a dudas la complejidad de la misma y la dinámica que las partes y el señor juez le han impuesto".

La sala A habla entonces de lo prolongado de la investigación y de que "resulta apropiado exhortar al juez a cargo de la misma a urgir las medidas útiles y conducentes que se hallaren pendientes de realización con el fin de arribar a una decisión que dentro del menor tiempo posible ponga fin a la incertidumbre sobre las causas que produjeron el hecho que se investiga".

El abogado de Menem y Zulema adelantó que se estudia la estrategia a seguir y que queda la alternativa de la Corte Suprema de Justicia "o, como lo dijo la señora Yoma, la de recurrir a tribunales internacionales".

Echegoyen, otro misterio

En 1990, Alfredo Yabrán intercedió para que el brigadier retirado Rodolfo Echegoyen fuera nombrado administrador nacional de Aduanas. Se habían conocido muchos años antes en la provincia de Entre Ríos. Echegoyen fue designado en el '90 al frente del organismo, pero en el transcurso del año se dio cuenta de que su tarea no era tan sencilla como creía. En noviembre renunció. El 13 de diciembre, la noche del casamiento de uno de sus hijos, se retiró de la fiesta y se dirigió a su oficina. Luego lo encontrarían muerto, con un disparo en la boca.

Oficialmente se explicó la muerte como un suicidio, pero la esposa y los hijos lo negaron. Su abogado, Franco Caviglia, sostiene que se encontró cara a cara con el narcotráfico. "Yo frente a la droga me paro", le habría dicho a su hermano.

El sumario se orientó a la hipótesis del suicidio, pero las pericias balísticas que se realizaron la ponen en tela de juicio. La prueba decisiva es que no se encontraron restos de pólvora en las manos del muerto. Caviglia procura hoy que la jueza Silvia Ramond conceda el cambio de carátula y la causa deje de tratar de probar un suicidio y pase a investigar un presunto homicidio. La investigación, reabierta por Ramond en 1997, había sido iniciada por el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich.

El abogado de Echegoyen contó ayer a Página/12 que el fiscal de la causa, Raúl Cavallini pidió la ampliatoria de la pericia. "Eso --explicó Caviglia-- se hace sólo en los casos en los que haya quedado alguna duda o incertidumbre. En este caso no hay ninguna duda. Lo que se quiere lograr es impedir el cambio de carátula".

Caviglia cree que "el tema Echegoyen" preocupa al gobierno. "No porque se vaya a demostrar que lo de Echegoyen fue un homicidio, sino porque eso implicaría que se empiece a investigar el fondo de la cuestión. Y para mí --sostuvo-- en el fondo de la cuestión están el tráfico de armas y el narcotráfico".

"La buena evolución económica de los países de América latina en los últimos diez años no contribuyó a reducir el nivel de corrupción", sostuvo ayer el abogado Luis Moreno Ocampo en el marco de la presentación del libro La hora de la transparencia en América Latina. El manual de Anticorrupción de la función pública, editado por la organización Transparencia Internacional Latinoamérica y el Caribe y por la Fundación Konrad Adenauer.

El libro es una compilación de trabajos producidos por integrantes de Transparencia Internacional (TI). En palabras de Moreno Ocampo, quien prologa el libro, "es parte de una estrategia mundial de TI para sumar esfuerzos y debatir estrategias de control de la corrupción". Se propone "poner el acento en los sistemas de integridad en lugar de limitarnos a la persecución de casos de corrupción" y, para lograrlo, "crear coaliciones de miembros de gobiernos, hombres de negocios y la sociedad civil".

Ayer, Moreno Ocampo exhibió gráficos que indican que "en América latina hay un fenómeno muy homogéneo, muy parejo, de corrupción, pese a los años de democracia en que vive la mayoría de sus países porque no se ha desarrollado adecuadamente el aparato estatal".