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 Otro magistrado
falló contra el avalúo inmobiliario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En una
resolución conocida ayer, el juez civil Luis Miguel de Preindlsperg hizo lugar a un
recurso de amparo y prohibió a las autoridades porteñas proseguir con una ejecución
fiscal contra el propietario de un departamento del barrio de Belgrano, a quien le
reclaman casi 2500 pesos de deuda por una diferencia de avalúo. "Mientras se alega
una diferencia de superficie que no llega al uno por mil, Ernesto Menghetti recibió un
incremento de aproximadamente el 70 por ciento de la factura de Alumbrado, Barrido y
Limpieza", destacó su abogado, Carlos Esteva. La decisión judicial podría generar
una catarata de demandas contra el polémico cobro retroactivo del impuesto inmobiliario y
hacer tambalear una de las herramientas de la gestión de Fernando de la Rúa para
equilibrar las cuentas de la comuna. Sólo en junio se ha intimado a pagar a 43.674
contribuyentes una deuda equivalente a 50 millones de pesos. Menghetti es dueño de la unidad 23 en el piso 12 del edificio ubicado en Soldado de la Independencia 1248. Inició la demanda a partir de una intimación que recibió en marzo último por parte de una apoderada de las autoridades porteñas. A través de la notificación, Menghetti se enteró de que se le había promovido una ejecución fiscal por 2427 pesos, más punitorios y un 6 por ciento en concepto de honorarios por una deuda correspondiente al avalúo de su departamento. En su presentación ante el juez, explicó que el mayor valor del inmueble derivó de una nueva medición de la superficie total del edificio, pero que la diferencia de pago exigida por el gobierno porteño era desproporcionada. "La medición municipal determinó que el edificio tiene 6033 metros cuadrados cubiertos, contra los 6027 declarados en los planos de obra aceptados por la comuna en su momento. Si esos 6 metros cuadrados que afectan a todo el consorcio se distribuyen en las 34 unidades del edificio, se obtiene una diferencia de aproximadamente 17 centímetros cuadrados en cada caso", indicó Esteva. El gobierno porteño le reclama a Menghetti una deuda retroactiva por un período de cinco años. "En el edificio no se hizo ningún arreglo", precisó el abogado. Junto con el recurso de no innovar presentado ante el juez Preindlsperg, Esteva pidió que se impida el cobro retroactivo porque "vulnera el principio de cancelación de deuda por medio del pago" y que se declare inconstitucional el artículo 47 de la Ordenanza Fiscal que permite el reclamo de una deuda "cuando hubo un error de la administración en el avalúo del inmueble". Preindlsperg hizo lugar a la medida cautelar y prohibió a la comuna continuar con la ejecución fiscal contra Menghetti, pero aún debe resolver los otros dos temas. Según precisó ayer a Página/12 el titular de la Dirección de Rentas, José Luis D'Ipólito, no es el primer fallo de este tipo. "En los últimos seis meses hubo 15 o 17 recursos de amparo, pero la Cámara de Apelaciones todavía no resolvió la medida de fondo", es decir, si se les puede o no reclamar la deuda, indicó el funcionario (ver aparte).
La Junta de Representantes de las Compañías Aéreas protestó además porque "se advirtió falta de información y ausencia de mando unificado para la administración del problema". Las empresas cargaron contra las Fuerza Aérea y adelantaron que pedirán entrevistas con los ministros de Economía y Defensa y el secretario de Transporte "para exponer la disconformidad con la calidad de la atención oficial durante la crisis que, por otra parte, continúa sin fecha de conclusión". El acostumbramiento al diagrama de emergencia en el Aeroparque llevó ayer a hablar de "absoluta normalidad" en los vuelos, aunque --eso sí-- "sujetos al programa de emergencia". En ambas estaciones aéreas, las operaciones fueron de un 70 por ciento respecto de las parámetros normales. El director general de LAPA, Ronald Boyd, se quejó también por la "falta de información" pero fue más allá, al expresar su temor porque el "panorama de incertidumbre" se extiende a las vacaciones invierno. En tanto, ayer la Jurca concretó una reunión plenaria con dos temas excluyentes: el aumento de la tasa aeroportuarias y las consecuencias del incendio en Ezeiza. "Las compañías aéreas asociadas a Jurca practicarán una evaluación de los perjuicios económicos sufridos por cada una de ellas, así como también la pérdida de imagen de la industria del transporte aéreo, a los fines de requerir un resarcimiento a las autoridades competentes". Por primera vez en la crisis desatada por la salida de servicio del
radar, las empresas salió a pegarle a las autoridades aeronáuticas: "Jurca
informará al ente regulador las deficiencias advertidas en el tratamiento de la grave
crisis que provocó demoras, cancelaciones de vuelos y un sinnúmero de inconvenientes a
todos los pasajeros de los servicios domésticos e internacionales". |
