La noticia tomó desprevenidos a casi todos. Ayer, casi al llegar la noche, el titular del juzgado criminal de instrucción número 4, Mariano Bergés, con absoluta discreción y sin que nadie fuera de sus oficinas tuviera la mínima idea de lo que iba a ocurrir, firmó la orden de allanamiento y requisa de la Dirección de Observaciones Judiciales, conocida como "ojota", dependiente de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) y dedicada a las intervenciones telefónicas practicadas con orden judicial. La "ojota" funciona en un edificio poco llamativo frente al shopping Alto Palermo y está a cargo de un ex militante peronista de apellido Lavié. Pese a que quienes atendieron por la mirilla del portón dijeron a Página/12 que no había novedades, fuentes irreprochables de la SIDE confirmaron el procedimiento.

Bergés buscaba la acreditación de las escuchas que, según la defensa del juez federal Carlos Liporaci, había hecho legalmente a uno de sus empleados. Bergés ya había intentado allanar la SIDE en noviembre de 1996, pero una providencial intervención del juez del caso AMIA, Juan José Galeano, abortó la medida.

En aquella oportunidad el juez procuró obtener el legajo de un empleado de inteligencia que había intervenido como traductor de unas escuchas telefónicas solicitadas por Bergés. El contenido de esas escuchas, vinculadas a una causa común, había aparecido luego en el expediente de una investigación realizada por el juez federal Norberto Oyarbide. Bergés solicitó reiteradamente a la SIDE la presencia del traductor para que prestara declaración pero su solicitud cayó en el vacío. Por fin, Bergés, un magistrado con fama de independiente y considerado por sus pares uno de los más serios y laboriosos, resolvió ir por la documentación. Los funcionarios de la SIDE consultaron y respondieron a los hombres del juzgado que no les permitirían el ingreso. Bergés pidió refuerzos a la policía federal, pero los refuerzos no llegaron. Lo que sí llegó fue una oportuna notificación de Galeano asegurando que el espía buscado era un agente encubierto afectado al caso AMIA y ordenando a Bergés detener el procedimiento.

Este segundo intento, sin embargo, no pudo ser obstaculizado. Al parecer, Bergés, quien habría allanado asimismo dependencias de una de las telefónicas, buscaba las constancias del pedido que supuestamente hizo Liporaci para intervenir los teléfonos de un empleado del juzgado. Liporaci fue denunciado por su ex secretario, Guillermo Gowland, quien relató al fiscal correccional Alejandro Alagia que su antiguo jefe había amenazado al empleado de apellido Barindelli y a su familia, pinchando sus teléfonos, obligándolo a firmar la renuncia en un bar. La denuncia de Gowland afecta también al fiscal Paulo Starc, de estrecha relación con los jueces federales y en especial con Servini de Cubría. El caso recayó en el juzgado correccional de Raúl García. La segunda denuncia de Gowland, que apunta al presunto cohecho cometido por Liporaci en el proceso que tuvo como protagonista al empresario de la carne Alberto Samid, fue presentada al fiscal de Cámara Norberto Quantín y quedó radicada por sorteo en el juzgado criminal de Bergés. El juez correccional García se excusó y la primera de las denuncias (por abuso de autoridad y amenazas) fue a parar también a las manos de Bergés. La secuencia fue interpretada por muchos como un caso típico de ingeniería judicial.

El fiscal correccional Alagia --transferido de la Justicia federal a la correccional como castigo por el entusiasmo puesto en investigar causas ligadas al poder (Vicco, Sofovich, Dromi)-- no iba a desistir fácilmente de ahondar en los hechos. Es más, en pocas horas había acumulado suficiente prueba para comprometer la situación de Liporaci. En la causa asignada a Bergés, en cambio, la fiscal Elsa Areu Franco iba a adoptar una actitud diferente: decidió no producir el requerimiento imprescindible para comenzar la investigación y planteó una cuestión de competencia. El martes 9 de junio, muchos de sus compañeros de tribunales habían visto cómo un empleado la trasladaba en su silla de ruedas hasta la Procuración, donde presumiblemente habría ido a entrevistarse con el procurador Nicolás Becerra. Este, de inmediato y en un gesto insólito, pidió el juicio político de Bergés. Areu Franco, argumentó, habría sido amenazada por Bergés, le habría ordenado producir el requerimiento o, de lo contrario, le allanaba la fiscalía. Ahora, será la Cámara la que resuelva la cuestión de competencia, aunque no son pocos los que sostienen que, si bien el cohecho corresponde ser investigado por el fuero federal, las amenazas y el abuso de autoridad se afincan en la Justicia ordinaria.

Bergés ha mantenido un duro enfrentamiento con el poder desde que fuera nombrado juez de instrucción. En la actualidad instruye también la causa de los ñoquis del Concejo Deliberante, lo que no le granjea precisamente la simpatía de una porción del radicalismo. "Es un hombre muy valiente", comentó al saber del allanamiento un prestigioso integrante del Poder Judicial. Y agregó: "Es difícil saber si la Cámara lo va a respaldar. Pero Bergés tiene claro que lo quieren sacar del medio. A lo mejor ésta es una buena manera de dar las hurras".

ES HERMANO MENOR DEL EX MINISTRO DE ECONOMIA
Bagnasco allanó a Paloto Cavallo

Un funcionario del juzgado de Bagnasco explicó ayer a este diario que la orden de allanamiento fue pedida por el fiscal Miguel Cearras incluso antes del testimonio del ex directivo Aldaco.

El affaire informático alcanzó la suma de 250 millones de dólares, con un sobreprecio estimado en 130 millones y el pago de coimas por 37 millones. "El sistema elegido lo propuso (Domingo) Cavallo, que estaba al tanto de todo", explicó el jueves pasado Alfredo Aldaco, quien también señaló a Latin Trade como una de las proveedores de IBM.

Ayer por la tarde, Bagnasco secuestró documentos en las oficinas de la empresa de Jorge Cavallo.

El diputado de Acción por la República Guillermo Francos explicó ayer que "efectivamente, Latin Trade representó a una firma canadiense que fue subcontratada por IBM para la provisión de tarjetas encriptadas" y negó cualquier tipo de irregularidad. "La provisión se realizó normalmente y eso consta en la causa", sostuvo el legislador.

Jorge "Paloto" Cavallo es el hermano menor del actual diputado de Acción por la República. Debe su sobrenombre a la fábrica de escobas familiar "Cavallo SRL". Paloto mantiene desde hace años una tensa relación con Sonia, la mujer del ex ministro, quien le critica su estilo de vida, su "falta de austeridad" y no le perdona que haya fundido, en 1979, la empresa metalúrgica de sus suegros.

BERGES SE DIO EL GUSTO DE ALLANAR LA SIDE
El juez golpea dos veces

Resulta difícil imaginar un allanamiento al FBI o al MI5 inglés. Pero el juez Bergés, después de un intento frustrado en la sede de 25 de Mayo, realizó ayer su pesquisa en la SIDE, más exactamente en el edificio donde se realizan las escuchas telefónicas. Buscaba grabaciones ordenadas por el juez Liporaci.

Frente del edificio de Coronel Díaz y Arenales. Uno de los centros de escuchas telefónicas de la SIDE. Bergés buscaba pruebas del espionaje que el juez Liporaci realizó a uno de sus empleados.

Para qué sirve la Ojota

Por Ariel Garbarz

La Dirección de Observaciones Judiciales (Ojota), que anoche allanaba el juez Mariano Bergés, es una dependencia de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que, como se sabe, depende de la Presidencia de la Nación. La contradicción institucional es que legalmente la Ojota sólo puede realizar sus tareas específicas --escuchas telefónicas, pinchaduras de faxes, de e-mails, de celulares y de modems-- únicamente con orden judicial. Es decir que mientras funcionalmente depende de los jueces, orgánicamente responde a la Casa Rosada. Y, para pensar lo mínimo, no hay garantías de que oculten al Poder Ejecutivo de las pinchaduras realizadas para el Judicial.

La SIDE utiliza computadoras basadas en microprocesadores marca Pentium. Un controlador viola la central telefónica y accede a cualquier línea desde otra línea digital. Las computadoras registran en un grabador común de casetes de cuatro canales hasta cuatro conversaciones simultáneamente. Cada aparato tiene capacidad para chequear hasta 99 líneas. Cuando encuentra una que está hablando, se detiene y graba.

Por el Decreto 333 del Poder Ejecutivo del 18 de abril de 1997, el gobierno argentino obligó a las telefónicas a prestar los recursos técnicos necesarios a la Ojota para que ésta pudiera pinchar cualquier línea con la orden judicial correspondiente. Como contrapartida, el decreto establece que la SIDE se hará cargo de abonarle a las telefónicas el costo de la instalación del cableado, desde cada central de cada compañía hasta las oficinas de los espías.

Para evitar que los agentes se metieran en sus edificios, Telefónica de Argentina y Telecom acordaron la instalación de una red telefónica propia de la SIDE dedicada exclusivamente a intervenciones. Esta red, que terminó de instalarse recientemente, está interconectada con más del 95 por ciento de las centrales de ambas compañías y tiene capacidad para acceder y pinchar hasta 20.000 líneas a la vez. Sin embargo, las órdenes judiciales que las telefónicas están dando curso, habilitándole los accesos a la SIDE para sus escuchas legales, no superarían hoy las 2.000 líneas simultáneas en todo el país. De modo que sólo se estaría utilizando el 10 por ciento de la capacidad técnica disponible en la SIDE para las pinchaduras legales.

El espionaje no autorizado podría ser bloqueado por las telefónicas, equipando a sus centrales con un software de autentificación del abonado y a sus clientes con los teléfonos digitales correspondientes que permiten ser reconocidos antes de permitir una comunicación. Pero según un alto ejecutivo consultado, la Comisión Nacional de Comunicaciones no aceptó abonarles el costo de esta infraestructura.

Los diputados peronistas no quieren que Rosa hable

Ayer, por segunda vez, el subcomisario Roberto Rosa dejó plantados a los diputados que llevan adelante el juicio político contra el juez federal Norberto Oyarbide. Los legisladores oficialistas --que ya habían sido advertidos del faltazo-- cerraron filas en defensa del ex jefe de la División de Seguridad Personal de la Policía Federal involucrado en una organización parapolicial que se ocupaba de otorgarles impunidad a una docena de prostíbulos "vips", entre ellos el favorito del cuestionado magistrado: Spartacus. La ausencia de Rosa contó con un indudable respaldo político oficialista por tres motivos. Primero: Rosa es la cabeza visible de una asociación ilícita que se dedicaba a recaudar fondos a cambio de "protección" policial y judicial a negocios sexuales ilícitos. Segundo: el justicialismo no quiere que nada empañe la campaña de demolición política que puso en marcha contra Domingo Cavallo. Tercero, el oficialismo quiere evitarle problemas al juez Norberto Oyarbide. El vicepresidente del bloque justicialista, Miguel Angel Pichetto, argumentó que someter a Rosa a un interrogatorio "atentaba contra la imagen de la institución policial". O sea considera, contra toda lógica, que interrogar a un ex represor de la dictadura militar actualmente sumariado es un demérito y no una necesidad de la Federal.

La semana pasada el subcomisario Roberto Rosa faltó sin aviso a la primera citación que le envió la Comisión de Juicio Político que investiga la "supuesta comisión de delito" y el "mal desempeño de funciones" del juez federal Norberto Oyarbide, involucrado en un escándalo de amenazas y extorsiones a través de videos clandestinos. En esa oportunidad la jefatura de la Policía Federal argumentó que el oficial no pudo ser notificado de la cita por encontrarse "en algún lugar del interior del país". Rosa ya había sido sumariado y separado transitoriamente de su cargo apenas tomaron estado público las denuncias que lo sindicaban como "protector" de prostíbulos, y que involucraban peligrosamente a la fuerza. La medida fue tomada horas antes que el ministro del Interior, Carlos Corach, se trasladara hasta el Departamento Central de la Federal acompañado por el jefe de la Side, Hugo Anzorreguy, y el secretario de Seguridad Interior, Miguel Angel Toma, para expresar su apoyo a la institución que no podía explicar su desconocimiento sobre las actividades del subcomisario.

Ayer Rosa volvió a faltar a la cita con los diputados. Ante el estupor y la quejas de la oposición, el justicialista Miguel Angel Pichetto argumentó ante sus pares que el interrogatorio al que sería sometido el oficial atentaba contra la institución policial. De inmediato, el oficialismo propuso que se postergara la citación de Rosa hasta que éste declare ante el juez que entiende en la causa por amenazas en la que está involucrado Oyarbide, Fernando Rodríguez Lubary. Luego el PJ forzó una votación en la que impuso su mayoría a favor de la postergación: trece votos contra nueve. De esta manera eludió los reclamos que Alfredo Bravo, Elisa Carrió y Horacio Viqueira repetían a viva voz para que el policía sea llevado ante los diputados por la fuerza pública.

Pero el oficialismo tenía preparada otra sorpresa. De inmediato anunció ante la Comisión la presencia de uno de los encargados del restaurante El Mirasol, donde Oyarbide habría amenazado de muerte al adicionista argelino Zinnedine Raschen. El testimonio no previsto estuvo a cargo de Hernán Méndez Bressan, quien se ocupó de declarar --mientras la oposición abandonaba el recinto--, que "no le constaba que Oyarbide haya pedido el despido de Zinnedine a sus patrones". En los pasillos, los legisladores de la oposición destilaron su indignación ante la prensa. "Para los diputados justicialistas la imagen de la policía está por encima de la Constitución nacional y de la Cámara de Diputados", bramó Elisa Carrió. Alfredo Bravo, por su parte, aseguró que "es inaceptable el argumento del oficialismo, máxime cuando se trata de un efectivo que fue puesto a disponibilidad por la Fuerza", y por lo tanto no afectaba su imagen.

La Policía Federal optó por el silencio. Fuentes de la institución justificaron la vocación ausentista de Rosa argumentando que no hubo una segunda citación por parte de los diputados y que Rosa no asistió porque ya se había comprometido a declarar ante el juez Rodríguez Lubary.

A los legisladores --y a algunos jefes policiales-- no se les escapa que las acusaciones que pesan sobre el subcomisario resultan difíciles de explicar por parte de la fuerza que conduce Baltazar García. Si es cierto que Rosa integraba una organización que brindaba "protección" a prostíbulos, con toda seguridad --dicen-- no lo podría haber hecho sin el conocimiento de sus superiores.

El federal sumariado arrastra además una siniestra historia como integrante de los "grupos de tareas" de la represión ilegal cuando se desempeño en los centros clandestinos de detención de la Capital Federal bajo el nombre de "Clavel", tal como denunció Página/12. "Detrás de esto hay una decisión política", afirman entre los legisladores justicialistas "Detrás de esto está el Ministerio del Interior", aseguran, como si hiciera falta explicarlo. Mientras tanto, los diputados justicialistas seguían trabajando febrilmente en la estrategia de demolición política de Domingo Cavallo, satisfechos con que ninguna otra revelación opaque la escena en la que quieren instalar al ex ministro.

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