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 Las empresas
de medicina prepaga, si no quieren exponerse a multas de hasta 500 mil pesos, tendrán que
dejar de aplicar en 30 días las cláusulas abusivas de sus contratos y adecuar éstos a
la Ley de Defensa del Consumidor. Lo anunció ayer en conferencia de prensa el secretario
de Industria y Comercio, Alieto Guadagni, quien destacó que las tres cámaras del sector
ya fueron notificadas de la medida. Además, Guadagni confirmó –como lo anticipara
anteayer Página/12– que el actual subsecretario de Comercio Interior, Marcelo
Garriga, reemplazará a Jorge Bogo al frente de la Dirección Nacional de Defensa de la
Competencia. Esa Subsecretaría, tras realizar una investigación de oficio de todos los contratos de medicina prepaga, identificó diez cláusulas abusivas: u Las que prevén el pago de una cuota adicional para las personas mayores de 70 años sin informar al inicio del contrato cuáles serán los parámetros y criterios en base a los cuales se calculará el adicional. u Las que facultan unilateralmente a estas empresas a decidir aumentos en los valores de las cuotas sin mediar comunicación previa al usuario para ejercer su derecho de renuncia a los servicios o dar su consentimiento. u La exclusión de usuarios del sistema médico en virtud del descubrimiento de dolencias por parte de los prestadores que éstos no le hayan comunicado a la prepaga. u Que la prepaga pueda limitar su responsabilidad cuando un adherente ha sufrido perjuicio (mala praxis) producido por profesionales que integran el listado de planes cerrados de las prestadoras. u Las cláusulas y prácticas que limitan las prestaciones médicas porque se considera, por ejemplo, que una internación es demasiado prolongada, sin fundamentos científicos ni decisión del propio facultativo. u Las que permiten excluir adherentes por la presencia de enfermedades catalogadas genéricamente como crónicas o seniles sin que exista especificación previa de cuáles son. u El impedimento a renunciar a una prepaga si se es moroso a pesar de que la empresa suspende sus prestaciones. u Cláusulas que no cumplen o son contradictorias u opuestas a la ley de prestación del Plan Médico Obligatorio (PMO). u Las que obligan a los asociados a ceder a favor de la prepaga de todos los derechos contra terceros con motivo de accidentes cuando en realidad los únicos servicios que pueden tomar las empresas son los vinculados con prestaciones médicas. u Las que habilitan el recargo de intereses en caso de mora en el pago mensual sin determinar las tasas a aplicar. Garriga explicó que esta investigación, que pone en un brete a las prepagas, surgió del análisis de una serie de casos particulares denunciados a Comercio Interior. Por eso la notificación a las cámaras del sector fue acompañada de órdenes específicas de cese de los abusos de varias prepagas que no fueron identificadas por las autoridades. El subsecretario recordó que las denuncias contra estas empresas durante el año último sumaron 130 y constituyeron el 7,7 por ciento del total de casos cuestionados por los consumidores. Aunque reconoció que no todas ellas estaban referidas a problemas con las cláusulas contractuales. Este año esas denuncias ya suman cuarenta y ocho.
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