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 Antes del 22
de julio, fecha acordada con la oposición para debatir la reforma tributaria en el
recinto, los legisladores oficialistas deberán zanjar sus propias diferencias sobre dos
puntos claves del proyecto. Sensibles a la presión de los distintos lobbies empresarios
afectados por los cambios impositivos, los diputados aún no consiguieron acordar el
alcance de la generalización del IVA ni cómo instrumentar la rebaja de aportes
patronales, a la que se oponen abiertamente los parlamentarios de extracción sindical.El marco de la discusión en el seno del PJ es el acuerdo político con la Alianza, que permitió ponerle fecha al tratamiento del proyecto. Tal como ayer se acordó en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la idea es tener en quince días un dictamen redactado, en forma conjunta, por legisladores de distinto signo. Para que esto sea posible debe resolverse la pulseada entre el Gobierno y las empresas afectadas por la prevista generalización del IVA a la medicina prepaga y a los medios de comunicación, que presionan sobre los legisladores para evitar que su actividad sea alcanzada con el tributo. Economía pretende gravarlas con una alícuota del 21 por ciento, y no muestra disposición a ceder. Hasta el martes a la noche, cuando Roque Fernández visitó el Congreso, cada diputado del PJ sugería su propia variante, proponiendo que el IVA se extienda a algunos y no a todos los rubros exentos, o que algunos tuvieran una alícuota diferencial del 10,5 por ciento. Todavía no hay acuerdo del bloque sobre el tema. “Si excluimos a unos, ¿cómo podemos justificar que gravamos al resto?”, se preguntaba ayer el justicialista Jorge Remes Lenicov. “¿Con qué argumento se grava a las prepagas y no a la televisión por cable?”, opinó Oscar Lamberto. A través de la Coordinadora de Productores de la Alimentación (Copal), empresarios del tabaco, gaseosas, cervezas y licores ayer acercaron al Congreso estudios sobre el posible impacto de distintos cambios impositivos. “Cada sector hace un menú de los impuestos que quiere pagar. Así después surgen disparates como el de gravar la Lotería o el Quini 6 con más impuestos”, comentó Lamberto, admitiendo, con ello, que el Parlamento es eco de los reclamos empresarios. Otro punto de discusión es la rebaja de aportes patronales que, en los términos que previó Economía, privaría al fisco de 2700 millones por año. Ese recorte es aún más controvertido a partir de la decisión de los legisladores de no tratar la suba de Impuestos Internos, con la que Economía planeaba recaudar 700 millones. Hasta el momento, en el oficialismo sólo hay acuerdo sobre la idea de aplicar una cláusula gatillo, que permita hacer la rebaja sólo en la medida que mejore la recaudación. Durante los últimos días, los diputados barajaron la idea de autorizar rebajas inferiores a los 10 puntos que prevé Economía y la de beneficiar con ellas primero a la industria y después a los servicios. Pero aún no hay consenso. Mientras, los diputados de origen sindical como Alfredo Atanasof o Juan José Castillo objetan no ya los detalles de instrumentación sino la idea misma de hacer una nueva rebaja de aportes. Las provincias, a través de otros legisladores, también presionan por lo suyo: que la rebaja se efectúe según el último proyecto, que dispone una baja superior para, por ejemplo, los distritos norteños y más moderada para la Capital.
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