BUSSI TIENE UNA CAUSA POR SECUESTRO DE MENORES COMO VIDELA
Otro represor en capilla
Un juez se declaró competente en una causa contra el gobernador tucumano. Es por un feroz operativo realizado durante la dictadura en el que fueron secuestradas trece personas. Una de ellas era una nena de un año que sigue desaparecida. El tucumano puede terminar como Videla.

Por Felipe Yapur desde Tucumán

El 26 de febrero de 1977 la niña Mónica Alarcón fue secuestrada junto a trece integrantes de su familia y aún permanece desaparecida. Mónica apenas tenía un año de edad y sus hermanos Nancy y Walter todavía la buscan con desesperación.

Hoy Nancy respira un poco más tranquila porque el juez Maturana no comparte el dictamen del fiscal Carlos Brito que aconsejaba remitir la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. En su momento, Brito se inclinó por la incompetencia en la causa al considerar que existen precedentes. El fiscal se remitió al caso de la desaparición del senador provincial peronista Dardo Molina. En ese momento se determinó, según Brito, que "las fuerzas que actuaron en la represión se desempeñaron bajo la subordinación del III Cuerpo de Ejército con sede en Córdoba".

El juez, que también tiene en su despacho las causas contra Bussi por enriquecimiento ilícito y evasión impositiva, señaló en su escrito que el secuestro de la niña, "conforme con los términos de la denuncia, se habría perpetrado en esta circunscripción judicial". Para el juez, el secuestro de la menor no puede ser encuadrado en los artículos 10 y 11 de la ley 23.049 que atribuyen al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el conocimiento de los delitos cometidos por personal militar en la lucha antiterrorista y remarcó que una interpretación contraria significa que todo delito cometido en el período 1976-1983 quedaría sometido al Consejo Supremo sustrayéndolo del juez natural.

Sergio Sadir, abogado de la familia Alarcón, no puede ocultar su satisfacción por la decisión del juez y sostuvo que "ahora hay que esperar que Maturana pida el desafuero del gobernador a la Legislatura para poder someterlo al proceso como cualquier ciudadano". Aseguró también que el juez debe merituar las evidencias presentadas y si lo considera podría pedir la detención. El caso Videla es paradigmático porque se está demostrando que todo fue un plan sistemático. Entonces Bussi tiene responsabilidad en el caso Alarcón si bien no inmediata pero él era el gobernador y jefe militar de Tucumán. Tenía un modo de operar que era exactamente igual que el resto del país y con ello demostramos que Tucumán no fue una isla".

Ante la posibilidad de que el fiscal Brito pueda recurrir la decisión de Maturana, el abogado de la familia Alarcón dijo que el representante del ministerio público está en todo su derecho, "pero nuestro anhelo es que el juez natural entienda en la causa. Digo esto porque el delito continúa cometiéndose al no aparecer la menor pero por otro lado también me imagino que la causa puede estar quemando las manos de los integrantes de la fiscalía. Ellos tienen una bomba de tiempo en sus escritorios".

Ana de Díaz, dirigente del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH) y también denunciante en la causa, está contenta "después de tantos años de lucha y de no tener respuesta a nuestros reclamos, que el juez Maturana se declare competente es más que una buena noticia. Estoy muy contenta porque Antonio Bussi puede terminar igual que Videla, es decir preso".

La dirigente recordó que el calvario de Nancy y Walter Alarcón comenzó el sábado 26 de febrero de 1977 cuando "la patota llegó al mediodía y sacó de la casa a los 13 integrantes de la familia Alarcón. Se movían en autos particulares y portaban armas largas, fue un operativo impresionante".

Nancy y Walter, de cinco y cuatro años respectivamente, fueron secuestrados junto a su hermana Mónica de 1 año, tres primos y una nena que estaba de visita. Los militares se llevaron también a los padres de los menores, Hugo Alarcón y Virginia Olivera. Corrieron la misma suerte los abuelos Alarcón, Avelino y Adelaida Sosa, los tíos Argelia, Argentina y Miguel Alarcón. Todos permanecen aún desaparecidos.

Nancy recuerda que los llevaron vendados en los autos, que ella luego vio a su padre o su abuelo en una silla de ruedas saliendo de una pieza donde estaban detenidos. La joven cree que podrían haberles quebrado las piernas porque ellos estaban bien de salud en el momento del secuestro. Diez días más tarde todos los menores, salvo Mónica, aparecieron en una plaza con juguetes en la mano. Desde la comisaría segunda llamaron a Teresa Alarcón, tía de los menores, para que se presentara en la seccional. Allí un policía le dijo que los habían encontrado vagabundeando.

Por todo esto Antonio Bussi puede terminar igual que Videla, preso en la incómoda cárcel de Villa Urquiza. El mismo penal donde está cumpliendo condena el ex comisario Mario "Malevo" Ferreyra.

EL NEGOCIO DEL AGUA GENERO UNA CRISIS DE GOBIERNO
Una baja en la tropa propia

Por F.Y. Desde Tucumán

Una nueva crisis se desató en el gobierno de Antonio Bussi cuando la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, presentó su renuncia indeclinable luego de enterarse, según ella, en una reunión con legisladores, que el gobernador había firmado un decreto secreto por el cual se designaban los representantes tucumanos para asesorar a la consultora elegida que realizará el pliego de la nueva licitación del servicio de aguas y cloacas por treinta años. La consultora en cuestión está muy relacionada con la secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray y con el Banco Mundial. Bussi, en un intento de retener a Pedicone de Valls aseguró que derogará el decreto en cuestión.

El escándalo se desató cuando los legisladores de todas las bancadas estaban reunidos en el despacho del vicegobernador Raúl Topa junto con la fiscal de Estado, la misma que ejerció la defensa de Bussi durante el juicio político, para discutir el convenio que se firmará con la Nación por el servicio de aguas. Todo iba bien hasta que el legislador republicano Carlos Caram dijo muy molesto que Bussi había firmado un decreto, que no fue publicado en el Boletín Oficial, donde se designaba a los funcionarios que asesorarían a la consultora Cooper y Lybrand/Harteneck, López y Cía/JVP. El decreto fue realizado y firmado el 5 de junio pasado, el mismo día que Bussi reasumió su cargo luego de que la votación realizada en el juicio político le resultara favorable, y su fiscal de Estado no estaba ni siquiera enterada.

Cooper no es cualquier consultora, ésta ya participó de la privatización de ENTel y de Somisa. Las dos privatizaciones tuvieron como protagonista a la secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray y que también tiene a su cargo el ENOHSa, el ente que se hará cargo del servicio de aguas y cloaca de Tucumán hasta tanto se realice la nueva privatización. Otro dato interesante, la consultora está muy vinculada con el Banco Mundial.

Por su parte, la fiscal Pedicone de Valls justificó ante la prensa su renuncia asegurando que no podía continuar en su cargo al estar discutiendo con los legisladores el convenio del agua sin conocer actos que había realizado su gobierno justamente en este tema. Sin poder evitar las lágrimas, algo que parece que se está transformado en una costumbre entre los miembros de Fuerza Republicana, Pedicone de Valls quiso "despegar" al gobernador de esta situación y sostuvo que el desconocimiento del decreto por parte de los legisladores se debió a una falta de comunicación del ministro de Producción, Franco Fogliata. Sin embargo, un cercano colaborador de Ejecutivo dijo que "todo esto se hace para salvarle la ropa a Bussi que firmó el decreto y no le dijo ni siquiera a los suyos. Por eso el garrón se lo come la fiscal".

Luego de hablar con los periodistas, Pedicone de Valls se reunió con Bussi quien le rechazó la renuncia y le pidió que lo reconsidera. "La fiscal no estaba al tanto de lo ocurrido y no es responsable", habría dicho el gobernador a sus colaboradores con la intención de bajar la presión que se produjo entre los legisladores republicanos de la línea interna Nuevo Orden Solidario. Mientras tanto, desde el bloque peronista que conduce el legislador Enrique Pedicone, se exigió la renuncia de Fogliata y dijo que "estoy en contra de las coimas del gobierno nacional y de esta licitación".

Por José Natanson

El fiscal Miguel Angel Osorio pidió ayer al juez Jorge Urso la "inmediata detención" de Emilio Massera, sobre quien pesa una denuncia por "apología del crimen, amenazas contra el orden institucional, amenazas y conducta discriminatoria". Si bien el magistrado todavía se encuentra estudiando esta posibilidad, lo cierto es que Urso ya ordenó el secuestro de los tapes en los que el ex dictador calificó de "homosexuales" a algunos generales del Ejército, reivindicó la represión ilegal y manifestó su voluntad de "seguir molestando" a tres dirigentes políticos. Aunque los cargos que se le imputan son excarcelables, la posibilidad de que el ex represor termine tras las rejas generó un debate entre las partes implicadas. Si se considera que el indulto borró los delitos por los que fue condenado en 1985, el ex almirante podría continuar en libertad. Pero si se entiende que este decreto sólo eliminó las penas, Massera podría ser condenado a prisión efectiva en el caso de que el juez lo encuentre culpable en esta nueva causa.

Hace dos semanas, en declaraciones radiales, Massera calificó de "ridículos" a los altos mandos de la Armada y el Ejército y despotricó contra "algunos generales homosexuales que no saben lo que dicen". El ex represor también elogió la dictadura liderada por Jorge Rafael Videla y señaló que el ex presidente de facto "lo único que hizo fue pelear por un Ejército que se plantó frente a la subversión". En la misma entrevista, el ex almirante tomó nota de la situación de las Fuerzas Armadas luego de la detención de Videla, habló de "cabildeos" y admitió que "hay malestar entre nuestra gente". Como si fuera poco, Massera relacionó al senador Antonio Cafiero, al vicepresidente Carlos Ruckauf y al ex senador Italo Luder con el decreto de 1975 en el que se ordenaba "aniquilar el accionar de la subversión".

Aunque al día siguiente pidió disculpas e intentó dar marcha atrás, Massera fue denunciado por el abogado Ricardo Monner Sans por los delitos de "apología del crimen, amenazas contra el orden institucional, amenazas y violación a la Ley Antidiscriminatoria".

Ayer, el fiscal Miguel Angel Osorio solicitó a Jorge Urso, titular del Juzgado Federal Nº 8, la detención de Emilio Eduardo Massera. "La lucha por la legalidad y la defensa del estado de derecho es un objetivo irrenunciable de la ciudadanía toda y en especial de quienes cumplimos funciones judiciales", expresó el fiscal en un escrito de seis carillas. En el requerimiento, Osorio también pidió al juez que solicite a las emisoras Radio Diez y FM Horizonte los tapes con las declaraciones de Massera.

El magistrado todavía se encuentra estudiando la posibilidad de detener al ex almirante. De todas maneras, el periodista Héctor Yemi, con quien el ex dictador mantuvo un diálogo difundido por FM Horizonte, confirmó ayer a este diario que Urso lo citó a declarar la semana que viene y le pidió una copia de las cintas con las afirmaciones de Massera.

En diálogo con Página/12, Ricardo Monner Sans explicó que la decisión del juez de requerir las cintas puede ser leída de dos maneras. "En un sentido es un gesto positivo, porque quiere decir que le prestó atención a la denuncia. Pero también significa que todavía tiene que esperar que le lleguen los tapes, tiene que escucharlos y clasificarlos como pruebas. Espero que esto no implique que la detención de Massera está en el freezer", sostuvo.

Mientras tanto, las partes implicadas polemizaron ayer sobre la posibilidad de que el ex militar termine tras las rejas.

Si bien el Código Penal contempla penas excarcelables --inferiores a los tres años de prisión-- para todos los cargos que se le imputan a Massera, Monner Sans explicó ayer que el ex almirante "ya tiene una gravísima condena anterior, consecuencia del juicio a las Juntas Militares de 1985". El letrado añadió que el indulto firmado por Carlos Menem en 1989 "no borró el delito sino la pena", por lo que la prisión sería de cumplimiento efectivo. El fiscal Osorio coincidió con el abogado en el escrito elevado al juez.

El representante legal de Massera, Miguel Angel Aggeo, quien se presentó la semana pasada ante el juez para explicar que su cliente sólo había formulado "apreciaciones personales", explicó ayer a este diario que "no existen elementos suficientes para ordenar una detención". El abogado agregó que "la condena anterior no puede tomarse como antecedente ya que el indulto excluyó la posibilidad de reincidencia".

DEBE DICTAMINAR SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS INDULTOS
Una tarea para la Corte Suprema

La Corte Suprema de la Nación deberá resolver sobre la constitucionalidad de los indultos que beneficiaron a ocho marinos procesados por violaciones a derechos humanos en las jurisdicciones de Bahía Blanca y Mar del Plata. El fiscal que presentó el recurso argumenta que "indultar a imputados antes de ser sentenciados implica una interferencia en las facultades del Poder Judicial afectando de ese modo la división de poderes".

La Cámara Federal de Bahía Blanca hizo lugar al pedido del fiscal Hugo Cañón a raíz de que dicho cuerpo decidió, en febrero de este año, cambiar su resolución anterior y asignarle validez constitucional al decreto 1002/89 que ampara a los vicealmirantes (RE) Luis María Mendía, Antonio Vañek y Julio Antonio Torti; los contraalmirantes Juan José Lombardo, Juan Carlos Malugani y Raúl Alberto Marino; y los capitanes de navío Edmundo Oscar Núñez y Zenón Saúl Bolino.

En diciembre de 1989 la Cámara de Bahía Blanca se pronunció por la "inconstitucionalidad" de estos indultos ya que los militares se encontraban procesados al ser amparados por la medida. Los abogados de los marinos apelaron ante la Corte Suprema que, en 1992 falló a favor de la validez del decreto y dispuso que la Cámara "dicte nueva sentencia conforme a derecho". En febrero, el Tribunal de Bahía Blanca, integrado ahora por cinco miembros en lugar de tres, resolvió que los indultos eran constitucionales.

Optimista, Cañón afirmó que "como regla general, la Corte no tiene por qué mantener siempre el mismo criterio" y agregó que el Tribunal actual no es el mismo que resolvió en 1988. Rodolfo Barra, Mariano Cavagna Martínez y Ricardo Levene ya no pertenecen a la Corte. "Augusto Belluscio votó en contra y se desconoce la opinión de los nuevos miembros del tribunal, Guillermo López, Gustavo Bossert y Adolfo Vázquez", incorporados tras el pacto de Olivos y "de Eduardo Moliné O'Connor quien entonces no falló", aseguró. Si el pedido del fiscal se resuelve en forma positiva se reabrirá la investigación y los ocho militares podrán ser condenados, pero no sería extensible a otras situaciones similares existentes en el país.

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