Corte tras el vaciamiento, usos y abusos de la banca

La Corte Suprema de Justicia dictó la prescripción en la causa contra el senador justicialista por Santiago del Estero, José Oscar Figueroa, quien había sido procesado por el vaciamiento del Banco del Iguazú. Por el voto mayoritario de su presidente Julio Nazareno y el de los jueces Antonio Boggiano, Adolfo López, Enrique Petracchi y Augusto Belluscio, la Corte dispuso ahora que la causa prescribió durante los años en los que Figueroa se refugió en sus fueros parlamentarios. Por la minoría, Carlos Fayt, Guillermo López y el vicepresidente Eduardo Moliné O'Connor opinaron que Figueroa aún podía ser procesado. El voto mayoritario rechazó sin fundamentarlo el recurso de queja que había presentado el Banco Central. La minoría, en cambio, explicó por qué la causa por defraudación debía continuar.

Según el fallo que sobreseyó a Figueroa y que la Corte confirmó, los últimos hechos que se le imputan ocurrieron en octubre de 1986, tres años antes de que asumiera como Senador Nacional, en diciembre de 1989. "De acuerdo a lo previsto por el artículo 62 del Código Penal el término de prescripción para el delito imputado es de seis años, plazo que se ha cumplido sin que existan actos interruptivos", dijo la sentencia. Según el fallo, la solicitud de desafuero, presentada por la Justicia el 1º de abril de 1991 hubiera interrumpido la prescripción, pero un mes después fue dejado sin efecto.

Figueroa no es un senador cualquiera. En 1995, cuando el juez de Catamarca Rubén Alvarez ordenó la captura del ex gobernador Ramón Saadi por "incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales", Figueroa le prestó su despacho del Senado para que se guareciera hasta que un juez más amistoso revocara la orden. En ausencia del juez federal Felipe Terán quien viajó a Salta por la muerte de su madre, la defensora oficial Luisa del Carmen Rivera de Buenader decretó que la causa era federal y pidió a Alvarez que se abstuviera de ordenar medidas. Su esposo, Horacio Buenader fue uno de los cuatro legisladores provinciales que votaron por Saadi para senador, y las dos parejas viajaron juntas a Europa y Asia. El año pasado, cuando algunos legisladores justicialistas, como Lorenzo Pepe, Pascual Rampi y Oraldo Britos cuestionaron la audiencia concedida a Alfredo Yabrán por el jefe del gabinete de ministros Jorge Rodríguez y Britos pidió la renuncia de todos los ministros que hablaron con Yabrán, los bloques fueron llamados a respaldar disciplinadamente a Rodríguez en la quinta de Figueroa, luego de una apetitosa comida árabe.

Ninguno de los votos de la Corte Suprema revela la trama de esta historia, una de las más ingeniosas utilizadas por un funcionario para eludir la acción de la Justicia. En 1991, cuando el entonces juez federal Ricardo Wechsler dispuso procesar a Figueroa también solicitó su desafuero a la Cámara de Senadores. Figueroa informó al juzgado que había sido sobreseído en otras cuatro causas vinculadas con la administración del banco familiar y propuso que sólo se le tomara declaración informativa. El senador anunció que no se ampararía en sus fueros y que se pondría a disposición del juez para ser indagado, en un escrito en el que afirmaba que era posible procesar a un legislador sin previo juicio político, siempre que no fuera necesario arrestarlo. Ante su ofrecimiento de declarar el juez aceptó desistir de la solicitud de desafuero. Entonces, Figueroa cambió de idea y en abril de 1993 pidió la nulidad de lo actuado aduciendo que era inconstitucional procesar a un legislador sin previo desafuero, al que definió como "un privilegio que impide la aplicación de la ley penal". Esto sirve ahora para cerrar la causa sin que el Iguazú salpique al compañero Figueroa. También explica la insistencia de Figueroa y otros miembros de su bloque por forzar el acceso a la banca de Saadi, quien no tiene una sino doce causas judiciales pendientes.

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