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Por Susana Viau  El mismo miércoles
por la noche, y aun antes de que el juez Mariano Bergés diera por terminadas las
diligencias practicadas en la “Ojota”, el jefe de la Secretaría de Inteligencia
del Estado (SIDE), Hugo Anzorreguy, impartió instrucciones a su hombre de confianza, el
ex juez de menores José Domingo Allevato, para que presentara una querella contra el
titular del juzgado 4 en lo criminal de instrucción. Bergés, por su parte, se limitó a
emitir un comunicado lacónico en el que corrigió las informaciones periodísticas y
explicó que no se había tratado de un allanamiento sino de un “registro”. Ayer, en el tercer piso del Palacio de Tribunales, los ocupantes de la oficina 3106 rechazaban cortésmente a los periodistas y continuaban con el trabajo de rutina. Es que Bergés quería mantener la misma reserva que el día anterior había rodeado su incursión al edificio de Coronel Díaz y Arenales, sede administrativa de la División de Observaciones Judiciales -la Ojota–, una dependencia de la SIDE encargada de practicar las escuchas telefónicas ordenadas por los jueces. Se sabe que el joven juez buscó allí las “pinchaduras” pedidas por su colega federal Carlos Liporaci para los telefónos de un empleado del tribunal, Daniel Barindelli. Esas prácticas, así como las amenazas a Barindelli y al denunciante, el ex secretario del juzgado Guillermo Gowland, son las que Bergés investiga de momento, basado en que ese tema –abuso de autoridad, amenazas– contaba con el requerimiento fiscal imprescindible para impulsar una causa. Página/12 supo, pese al hermetismo del juzgado 4, que sobre el mediodía Gowland prestó declaración espontánea y explicó a Bergés por qué razones no había efectuado la denuncia con anterioridad. Gowland relató que le había sugerido a Liporaci que no recurriera a las pinchaduras y, si lo creía conveniente, iniciara contra Barindelli un sumario administrativo. Liporaci habría respondido que necesitaba “chupar” los teléfonos para escucharlo y saber qué pasos dar luego. Al parecer, Liporaci habría ordenado por escrito a la “Ojota” la realización de las escuchas. Según dijo Gowland a este diario, hasta donde él pudo saber el sumario no se había concretado. Si bien Liporaci no se cuenta entre los jueces federales considerados bajo la influencia de Anzorreguy (sus conocidos lo sindican como vinculado al ministro del Interior Carlos Corach), era obvio que el registro a la “Ojota” iba a levantar ampollas en la piel de los funcionarios del servicio de inteligencia. El miércoles, desesperados, éstos trataban de localizar a Anzorreguy –ausente de Buenos Aires hasta el martes–para ponerlo al tanto de los sucesos y pedirle directivas. Cuando al fin pudieron localizarlo, el Señor Cinco los remitió a José Allevato, actual jefe de jurídicos de la SIDE y su virtual mano derecha, para que éste iniciara presentaciones judiciales contra Bergés. En verdad, a los Anzorreguy (Hugo y su hermano Jorge, cabeza del poderoso estudio jurídico) les ha ocurrido lo que al aprendiz de brujo: la designación de Bergés fue inducida por ellos, pero el propio magistrado declaró que no estaba dispuesto a “contraprestaciones”. En todo caso, es probable que al juez tampoco le preocupe mucho este flanco de la ofensiva. Su atención debe estar puesta en lo que quizá hoy dictamine su superior, la Cámara del Crimen, que de acuerdo a su facultad de superintendencia tendrá que expedirse sobre la legitimidad del pedido de juicio político solicitado por el procurador general Nicolás Becerra antes de emprender un viaje a Europa durante el mundial de Francia, por problemas de salud, junto a su esposa, su hijo y sus compañeros del club de paddle de Chacras de Coria.
Por S.V.
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