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 La decisión
del gobierno nacional de derivar al sistema previsional todos los recursos adicionales que
le permita obtener la reforma tributaria privaría a las provincias de no menos de 1000
millones de pesos por año. El cálculo que tienen a mano los senadores justicialistas
encendió la mecha en el Palacio del Congreso, donde aquella determinación oficial
comenzó a generar resistencias. En el Senado prevén que ese reparto de los fondos no
será posible, a menos que Economía consiga el apoyo de los gobernadores. “El
verdadero cuello de botella de la reforma no es cómo se recauda –algo que están
resolviendo los diputados–, sino cómo se distribuye”, alerta el oficialista
José Luis Gioja.El propósito de Economía es que la reforma tributaria sea neutra, es decir, que con ella el fisco no gane ni pierda fondos. Según está previsto, la rebaja de aportes patronales proyectada privaría de 2700 millones al sistema de seguridad social, cifra que será engrosada por el planeado recorte de aranceles a la importación. Se trata de recursos que alimentan exclusivamente las arcas nacionales. La mayor recaudación provendría (exceptuando impuestos internos, cuyo debate quedó postergado) de subir la alícuota de Ganancias, generalizar el IVA y gravar los intereses de préstamos –entre otros–, todos tributos que según la Ley 23.548 son coparticipables y, por lo tanto, en parte corresponden a las provincias. Pero para evitar que esos fondos vayan al interior, Economía envió al Senado un proyecto de ley, complementario al que debate Diputados, proponiendo que todo aquel dinero –algo más de 2300 millones, según las previsiones oficiales– alimente las arcas jubilatorias. De acuerdo a las actuales leyes de distribución de fondos, este desvío obligaría a las provincias a resignar cerca de 1010 millones, excluyendo del cálculo cualquier modificación al régimen de Internos. “Es otra distorsión al régimen de coparticipación. Resulta imposible que los gobernadores den su acuerdo para algo así. Tendremos que discutir hasta conseguir, al menos, que se coparticipe algo”, sentenció ante Página/12 Gioja, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y presidente de la Comisión de Coparticipación. Este último cuerpo legislativo fue creado por la Constitución en 1994 con el objetivo de abrir el debate sobre una nueva ley para prorratear recursos entre Nación y las provincias. Pero la sensibilidad política del tema aún no permitió avanzar un centímetro en el debate. También los diputados oficialistas reconocen que el reparto de los fondos es uno de los grandes problemas pendientes. “La reforma debe ser neutral no sólo en términos de presión tributaria sino en la manera de repartir los recursos entre la Nación y las provincias”, alerta el bonaerense Jorge Remes Lenicov. La reciente sanción del monotributo es un antecedente de que la tradicional puja entre el poder central y las administraciones del interior puede cambiar el texto de la ley. En este caso, Economía también había propuesto que todo lo recaudado se destinara al sistema previsional pero, finalmente, las provincias consiguieron rebanar un 30 por ciento. La cuestión es qué puede ofrecer la Nación para conquistar el apoyo de los gobernadores. Tal vez, según sugieren algunos senadores, el anzuelo sea subir el actual piso de recursos coparticipables que la Nación garantiza al interior.
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