 Tenía que
estallar en algún momento, y Fernando de la Rúa sabía que no le serían ajenas las
esquirlas. Mucho menos cuando sus correligionarios participaron en el desarrollo del
artefacto: en este caso la norma que limita la prostitución callejera, pero que no la
prohíbe, tal como era su deseo, y según las encuestas que maneja, la de la mayoría de
los votantes. Con un encono previsible, el jefe de Gobierno salió a retar ayer a los
suyos: dijo que los legisladores deberían “basarse en al opinión de la gente”
y que “no se está tomando en cuenta a los vecinos, que están perturbados”.
Después reclamó, aunque “respetuosamente”, que la “Legislatura tome
medidas para prohibir la oferta de sexo en la vía pública”. Ayer el subjefe de
Gobierno Enrique Olivera le dijo a Página/12: “el dictamen produce una definición
ambigua que creará dificultades serias en la interpretación”. En los salones del
palacio municipal sólo evaluaban el impacto político de la decisión. No obstante, los
voceros descartan un posible veto: “dejaría la situación sin control porque
volveríamos a no tener ni siquiera una limitación”, se lamentan.
Las consecuencias del acuerdo al que arribó el pleno de la Alianza, tan subdividida en
los dos meses de discusiones que insumió el tema en el seno de la comisión de
Seguimiento del Código de Convivencia, llegaron al entredicho nacional. De ello se
encargó el secretario de Seguridad Miguel Angel Toma, quien trató de
“irresponsables” a los legisladores aliancistas. En un comunicado manifestó su
“preocupación y desconcierto” por un proyecto, que según él, “discrimina
a la mayoría de los vecinos” de la ciudad. Toma redactó una arenga más tremendista
que la del propio De la Rúa en la que dijo que “la ceguera ideologista” de la
alianza será “el caldo de cultivo para el delito, el narcotráfico y la
intolerancia”. Desde la otra vereda el radical Facundo Suárez Lastra salió a
recomendarle a Toma que renuncie a su partido porque “el PJ votó el Código por
unanimidad”. “Si está tan preocupado, que le diga a la Policía Federal que
cierre todos los prostíbulos clandestinos frente a los que hacen la vista gorda”,
asestó Suárez Lastra, removiendo tierras del affaire Spartacus.
Mientras tanto un alto funcionario del ejecutivo le decía a este diario que si bien se
evaluó la idea de vetar una norma que perjudique los intereses políticos de De la Rúa
en su carrera presidencial, se llegó a la conclusión de que ese remedio sería peor que
la enfermedad. “Si vetamos ocurriría que nos quedaríamos otra vez sin nada, sin ni
siquiera las limitaciones que propone ambiguamente este engendro que piensan sacar”,
le dijo a Página/12. En la fantasía de los funcionarios la norma acordada por la Alianza
traerá extralimitaciones hacia los dos sentidos. “El riesgo es que se interprete por
el lado permisivo o por el lado represivo. El riesgo mayor es que siga habiendo
intranquilidad de los vecinos, y que se provoque una situación de violencia”,
sostuvo.
Desde el Gobierno intentaban ayer conversaciones de convencimiento y llamados al orden a
los legisladores que apoyaron la salida consensuada e intentaban mostrarse optimistas
sobre esas intentonas. El convenio de la discordia entre ejecutivo y legisladores es el
texto de la nueva norma, el artículo 71 del Código, que comenzará diciendo: “La
ciudad de Buenos Aires no prohíbe ni reglamenta el ejercicio de la prostitución”.
Esa frase resultó más lesiva para el delarruismo que todo el texto, donde se establece
que se sancionará a quien ejerciendo el viejo oficio cause “alteraciones en la
tranquilidad pública, como resultado de su concentración, de ruidos, insultos,
hostigamiento o perturbación del tránsito”. En el análisis oficialista, la primer
frase, es la que da títulos a los medios, es la que entra en el imaginario de la gente, y
es la que dilapida la imagen de poder de De la Rúa, que no puede cumplir con el deseo de
la mayoría. Si bien la intención del Ejecutivo es neutralizar el impacto del acuerdo
entre el Frepaso y los radicales de la Legislatura, ayer, durante todo el día en el
recinto nadie acusó recibo de las quejas del jefe de Gobierno. Fueron hartas las chicanas
que se cruzaron los diputados de la oposición con los liberados aliancistas que ya no
discuten sobre lo que no los dejaba dormir. “¿Estás conforme con el
mamarracho?”, le preguntó uno de Nueva Dirigencia a Cristian Caram, socarrón.
“Y sí, nosotros ganamos todos”, le contestó el radical, convencido de que en
la redacción final, de alguna manera reflejaron las intenciones de las cuatro posturas
que se expusieron en la Alianza en los últimos dos meses. A esas posturas se le sumaba la
crítica más gritona, en Gobierno, donde acusaban a los aliancistas de “transar a
cualquier costo para salir bien parados, sin pensar en la gente”. Al hablar de gente
se referían al mismo grupo de cuarenta vecinos que ayer bramaban en la Legislatura
inconformes con la futura norma. Los mismo que el viernes volverán a marchar en Palermo,
y el domingo irán a una misa convocada como una señal más de protesta, para buscar
ayuda divina en el combate casi perdido.
| POSICIONES |
Gobierno: Quiere prohibir el ejercicio de la
prostitución callejera para “darle tranquilidad a los vecinos”. Rechaza
también la posibilidad de instaurar zonas rojas. Sin embargo, Fernando de la Rúa no
vetará los cambios al Código que introduzca la Legislatura, aunque aún aspira a
torcerle el brazo a los diputados de su partido antes de la votación.
Alianza: No prohibirá ni reglamentará la prostitución callejera.
Penalizará las molestias que pueda causar el ejercicio de la prostitución en la vía
pública. Bajo el título de “abuso del espacio público”, castigará
alteraciones a la tranquilidad provocadas por la concentración de prostitutas y
travestis.
Vecinos: En su propio proyecto, intentan limitar la actividad de
prostitutas y travestis a 500 metros de sus casas, condición que terminaría consolidando
una zona roja para la oferta de sexo callejero. Este proyecto fue presentado por el Grupo
Autoconvocado de Vecinos de Palermo Viejo y Plaza Conquista del Desierto.
Justicialismo: Intenta vedar las molestias a terceros provocadas por la
demanda u oferta del sexo en la calle. Si bien es permisivo en cuanto al uso del espacio
público, expone sus límites en forma más taxativa que la Alianza: se sancionará la
oferta ofensiva, la exhibición en ropa interior o el desnudo, o la realización de
prácticas manifiestamente obscenas. |
COMO FUNCIONO EL CODIGO EN SUS TRES MESES DE VIDA
Diez contravenciones por día
Por Eduardo Videla
Desde que se puso en
marcha, el 16 de marzo último, el Código Contravencional transitó sin
sobresaltos por los Tribunales de la ciudad: apenas 900 contravenciones registradas en
tres meses contrastan con las 413 detenciones diarias que practicaba la Policía Federal
por aplicación de los edictos. “Hasta ahora no se ha condenado a nadie con pena de
arresto”, dijo a Página/12 el fiscal de la Cámara de Apelaciones en lo
Contravencional, Walter Fernández. “La mayoría de las penas impuestas fueron multas
o instrucciones especiales, como la realización de tratamientos terapéuticos o cursos de
capacitación”, agregó.
Las estadísticas revelan que hasta el 3 de junio –último dato disponible– se
habían registrado 726 denuncias, por lo que la proyección indica que, al cumplirse tres
meses, los casos suman 900, a razón de 10 infracciones por día.
El ranking de las contravenciones está encabezado por la “obstrucción de la vía
pública” con el 44 por ciento de las actas. Le siguen los “desórdenes en las
filas de ingreso a espectáculos deportivos o artísticos”, con el 16, y la
portación de arma (casi siempre de fuego, de uso civil), con el 13 por ciento de las
denuncias. El “ingreso de bebidas alcohólicas a estadios o a espectáculos
masivos”, representó el 10 por ciento de las infracciones; la venta de alcohol a
menores, el 6; el patoterismo el 3, y las peleas, el 2 por ciento de las contravenciones.
Las cifras corroboran una tendencia que se dio desde el primer día de vigencia del
código: derogados los edictos y, con ellos, la posibilidad de sancionar a prostitutas y
travestis, la policía se volcó a labrar infracciones contra comerciantes que ocupan de
alguna manera la vía pública: agencias de compra-venta de automóviles, vendedores
ambulantes y otros que suelen ocupar parte de la calle o la vereda.
“Estamos estableciendo criterios de aplicación, qué hechos son contravenciones y
cuáles no”, dijo Fernández. Y puso ejemplos: “Un vendedor ambulante no es un
contraventor. A lo sumo, si no está habilitado, está cometiendo una falta municipal.
Para que exista obstrucción de la vía pública, tiene que existir dolo, la intención de
impedir el libre tránsito por la calle o la vereda”, explicó.
Los fiscales tienen la tarea de instruir las causas: tomar declaración a los imputados y
reunir las pruebas. También deben determinar si el acta labrada por la policía
corresponde o no a una infracción. Según Fernández, “el 40 por ciento de las
denuncias deben descartarse, ya sea porque se trata de faltas o delitos, y deben ser
derivadas a los tribunales correspondientes, o bien porque directamente no constituyen
infracción”.
Hay dos maneras posibles para resolver los casos: el juicio abreviado, cuando el imputado
acepta que cometió la infracción, o el juicio oral y público. La Fiscalía de Cámara
está a punto de pronunciar su dictamen en una de las primeras causas, iniciada el 20 de
marzo contra un quiosquero del Villa Pueyrredón por vender alcohol a un menor. El 6 de
junio, el comerciante fue sentenciado a pagar una multa de 200 pesos. El fiscal, que
había pedido además la clausura del local, apeló la sentencia.
“La mayoría de las condenas consisten en multas, pero en algunos casos se impuso la
obligación de hacer un tratamiento terapéutico, como el caso de un hombre sancionado por
portación de arma”, explicó el fiscal. El Código prevé también la posibilidad de
realizar un trabajo de utilidad pública. “Pero hasta ahora no se estableció la
forma de implementarlo: se podría condenar a un infractor a pintar un hospital, pero
primero habría que contar con fondos para comprar la pintura”, ejemplificó.
QUE DICEN LOS VECINOS Y LAS PROSTITUTAS
De la cautela a los insultos
La línea dura de los vecinos de Palermo promete
una nueva marcha de protesta para el viernes.
Ellos proponían que se creara una suerte de zonas
rojas para localizar a las prostitutas.
Un día
después de haber cruzado las puertas de la Legislatura porteña, el proyecto de
modificación del Código de Convivencia presentado por la Alianza fue recibido con
cautela, escepticismo o insultos de parte de los sectores directamente interesados en
resolver la polémica sobre la oferta de sexo en las calles: vecinos, travestis o
prostitutas criticaron o festejaron la propuesta de los legisladores de no reglamentar ni
prohibir la prostitución, y de sancionar sus efectos –ruidos molestos o abuso del
espacio público– y hubo quienes llegaron a prever reacciones imprevisibles y,
quizás, alguna muerte.
“El proyecto no nos parece nada claro –cuestionó Elena Regiaga, dirigente de la
Asociación de Meretrices Argentinas (AMAR)–. ¿Qué quiere decir que no vamos a
poder situarnos `frente a una vivienda’, ¿a cuántos metros? Nadie lo define y nos
preguntamos si esto no es dejar que la policía lo decida. Esto deja todo como estaba
durante los edictos. El proyecto dice que la policía no tiene atribuciones para detener y
tiene que informar a los fiscales, pero quién asegura que en la práctica esto se va a
cumplir. Si los fiscales no dan a basto, quién nos asegura que la policía no va a
actuar. Nosotras sabemos lo que es la Policía Federal, todo lo que bancó a algunos
vecinos de Palermo para que presionaran para cambiar el Código. Estamos
desesperanzadas”.
La misma palabra, “desesperanza” usó Lucía Careu, dirigente de la Asociación
Asiduos Concurrentes de la Plaza Campaña del Desierto, del barrio de Palermo. Pero desde
otra perspectiva, agitando fantasmas y anunciando futuros encontronazos: “A los
vecinos nos cayó como un balde de hielo. No queríamos que se prohibiera la prostitución
pero sí que se reglamentara. La gente no quiere que sea una ciudad prostíbulo”.
Pero Careu fue más lejos aún: “Si se vota este proyecto yo no voy a poder responder
por la gente. Hasta ahora la pude mantener tranquila, pero puede haber agresiones y hasta
un muerto de cualquiera de los dos lados”.
Nadia, representante de la Asociación de Travestis y Transexuales, reclama “igualdad
de derechos para poder transitar y ejercer nuestra profesión como cualquiera, sin que
signifique molestar a nadie. Está bien que se castigue a los infractores, sean travestis
o no lo sean”.
Cristina Rondina, de la Junta Vecinal Saavedra, anunció que presentarán un código
completo que reemplace al existente, en el que “la prostitución está prohibida
puertas afuera. Adentro de sus casas que hagan lo que quieran. El proyecto de la Alianza
es una payasada”.
Más equilibrado, Luis Pitau, de la Asociación Vecinos Sensibles de Palermo, sostuvo que
“el sólo hecho de vivir en una ciudad implica recortar algunas libertades. Me parece
lógico que los legisladores no hayan prohibido la prostitución, sería un acto de
omnipotencia pretender hacer lo que nunca se pudo hacer. En todo caso es más valioso
reglamentarla y localizarla en áreas que no colisionen con otras actividades.”
|
