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Por Susana Viau  Fuentes altamente confiables de la SIDE relataron a Página/12
que el miércoles, durante el registro practicado por el juez de instrucción Mariano
Bergés, personal de la "Ojota" entregó al magistrado la orden de intervención
telefónica que les enviara el juez federal Carlos Liporaci. Con el rótulo de
"actuaciones reservadas", aseguraron las fuentes, Liporaci había incluido en la
orden dos números telefónicos pertenecientes al empleado de su juzgado, Daniel
Barindelli, y otros dos cuyos titulares no fueron identificados ni estarían relacionados
con Barindelli. La SIDE, que atribuye a Bergés la difusión de la diligencia practicada
en la calle Coronel Díaz, fue, sin embargo, la usina original de la noticia que se
corrió rápidamente entre los periodistas. Es más, según pudo saber este diario, a
principios de semana y en el marco de esta misma investigación, Bergés había realizado
una inspección de similares características a la División Delitos Federales de la
Policía Federal sin que tomara estado público.
Bergés habría ordenado la inspección a Delitos Federales basado en la declaración del denunciante, Guillermo Gowland, ex secretario de Liporaci, quien declaró que su entonces superior le había comentado que las instrucciones de pinchar los teléfonos del empleado del juzgado, Daniel Barindelli, las había tramitado a través del titular de Delitos Federales, el comisario Palacios. Al parecer, esta inspección no había arrojado resultados por lo que Bergés habría resuelto requerir la documentación de la "Ojota" y de las empresas telefónicas. Fue la misma SIDE quien construyó ante algunos informadores una dramática versión del registro: en ese momento, dijeron, los expertos comandados por el jefe de la Dirección de Observaciones Judiciales, Carlos Lavié, se encontraban pinchando teléfonos por orden del juez federal Claudio Bonadío y vinculadas a la causa del PAMI, una segunda tenía que ver con un secuestro y la tercera estaba relacionada con un cuádruple homicidio. Igual que en ocasiones anteriores, la SIDE divulga demasiado para contar un solo hecho. No parece a simple vista muy conveniente que se sepa que Bonadío practica escuchas telefónicas en la causa del PAMI o en un caso de secuestro. Como tampoco resultaba razonable que el juez federal Juan José Galeano ventilara ante propios y extraños que el hombre a quien Bergés quería identificar en noviembre de 1966 y por el que llegó con una orden de allanamiento a la SIDE --abortado, precisamente, por esa advertencia de Galeano-- era un agente encubierto del "caso AMIA". Desde ese momento, todos supieron que en la investigación de una de las causas de mayor envergadura política intervenía un "Sérpico". De todos modos, es innegable que estas "infidencias" apuntan a demostrar cuán inadecuadas son las actuaciones de Bergés, considerado por el Gobierno un juez de alto riesgo, un "mono con gillette". Como quiera que sea, el joven e incómodo magistrado de la justicia ordinaria habría obtenido sí algunos resultados del registro del miércoles a la calle Coronel Díaz, sede de la "Ojota". Recibió de los subordinados de Lavié el papel caratulado "actuaciones reservadas" donde se especificaban los cuatro teléfonos a pinchar. El oficio requiriendo que la "Ojota" tomara cartas en el tema y calificado como "actuaciones reservadas", confiaron las fuentes, estaba firmado sólo por Liporaci y no había sido refrendado por un secretario como los que los encargados de las escuchas están acostumbrados recibir. Otro punto que llamó la atención de quienes ejecutaron la solicitud del juez federal fue que tampoco se especificaba el obligatorio número y carátula de la causa a la que correspondían esas pinchaduras. Los cassettes de las escuchas (de ser así, ilegales) no se encontraban en la calle Coronel Díaz porque habían sido remitidos a Liporaci. De ratificarse, los hechos podrían constituir no sólo un grave problema para el hasta ahora responsable del juzgado federal 3. Colocaría en tela de juicio la actuación de la propia División de Observaciones Judiciales, un área obligada a dar garantías de invulnerabilidad frente a eventuales manipulaciones del poder político. La conflictividad de la tarea es una de las razones por las que buena parte del Poder Judicial reclama que el organismo abandone la esfera de la SIDE y pase a depender de su jurisdicción. Este diario preguntó a un funcionario de inteligencia: --¿Por qué efectuaron la pinchadura si el oficio no estaba en regla? --Y... si llevaba la firma de un juez federal. --¿Podría ser un caso de obediencia debida? --No es frecuente resistirse a la orden de un juez federal. --¿No podían pedir que se reenviara el oficio en condiciones? --Poder, todo se puede, pero no hubiera sido lo usual. Liporaci, cuentan quienes lo conocen, no solía ocultar a sus íntimos que la designación al frente del juzgado 3 le habría sido anticipada por Jorge Anzorreguy --hermano del jefe de la SIDE-- en términos rotundos: "Te vamos a nombrar juez federal". En el juzgado federal 3, con una sólida investigación llevada a cabo por quien había sido el anterior titular, Néstor Blondi, se instruía la causa del Banco Alas. Era el estudio Anzorreguy el que ejercía la defensa de la entidad. Retirado Blondi y con el juzgado ya a cargo de Liporaci, la causa logró alcanzar la prescripción. Pero la Cámara Federal revocó la prescripción, dio razón al querellante --el Banco Central-- y ordenó continuar con ella puesto que, dio a entender, la prescripción había sido obra de las chicanas de los abogados.
DUHALDE, LOS ABOGADOS Y LA BONAERENSE,
SORPRENDIDOS Por Raúl Kollmann
Como se sabe, el ex oficial sostuvo que armó una golpiza contra el fotógrafo de Cabezas para perjudicar a su archirrival de la zona de Pinamar, el comisario Alberto Gómez. En ese marco arregló que los cuatro ladrones de Los Hornos secuestraran al fotógrafo, pero --según dice Prellezo-- a Horacio Braga se le disparó un arma dado que estaba borracho o drogado. Con justa razón, Pellicori opinó que Prellezo sólo quiso mejorar su situación procesal: "Aspira a que no se lo condene por un homicidio sino por el susto, por una coacción, que es un delito menor. De todas maneras es positivo que haya reconocido que participó de los hechos y habló de una planificación perversa del secuestro de José Luis. Eso es muy grave: él estaba encargado de nuestra seguridad". El gobernador Duhalde, que siempre se orientó a alejar el crimen de la Bonaerense y es uno de los principales respaldos de la pista Yabrán, dijo que "Prellezo es muy poco creíble, porque es muy poco creíble la versión de que tenía un problema con el comisario de Pinamar. De todas maneras --dijo Duhalde-- las sentencias judiciales no se basan generalmente en las declaraciones de los imputados, sino en las pruebas, que son abundantes". La defensa de Prellezo presentará la semana próxima el pedido para que se hagan los careos entre su cliente y la banda de Los Hornos, mientras continuaban las febriles negociaciones para que el ex oficial cambie su declaración.
Qué encontró Bergés en el allanamiento que
hizo el miércoles a la SIDE El juez Liporaci había pedido que se pinchen teléfonos de personas que no estaban en ninguna causa. Uno es el Daniel Barindelli. Por Susana Viau
Según pudo saber este diario, el registro en la Dirección de Observaciones Judiciales, conocida como Ojota, no fue la única visita de Bergés a un organismo del Poder Ejecutivo. A principios de semana y en el marco de esta misma investigación, Bergés había realizado una inspección de similares características a la División Delitos Federales de la Policía Federal sin que tomara estado público. Bergés habría ordenado la inspección a Delitos Federales basado en la declaración del denunciante, Guillermo Gowland, ex secretario de Liporaci, quien declaró que su entonces superior le había comentado que las instrucciones de pinchar los teléfonos del empleado del juzgado, Daniel Barindelli, las había tramitado a través del titular de Delitos Federales, el comisario Palacios. Al parecer, esta inspección no había arrojado resultados por lo que Bergés habría resuelto requerir la documentación de la "Ojota" y de las empresas telefónicas. Fue la misma SIDE quien construyó ante algunos informadores una dramática versión del registro: en ese momento, dijeron, los expertos comandados por el jefe de la "Ojota", Carlos Lavié, se encontraban pinchando teléfonos por orden del juez federal Claudio Bonadío y vinculadas a la causa del PAMI. Una segunda pinchadura tenía que ver con un secuestro y la tercera estaba relacionada con un cuádruple homicidio. Igual que en ocasiones anteriores, la SIDE divulga demasiado para contar un solo hecho. No parece a simple vista muy conveniente que se sepa que Bonadío practica escuchas telefónicas en la causa del PAMI o en un caso de secuestro. Como tampoco resultaba razonable que el juez federal Juan José Galeano ventilara ante propios y extraños que el hombre a quien Bergés quería identificar en noviembre de 1996 y por el que llegó con una orden de allanamiento a la SIDE --abortado, precisamente, por esa advertencia de Galeano-- era un agente encubierto del "caso AMIA". Desde ese momento, todos supieron que en la investigación de una de las causas de mayor envergadura política intervenía un "Sérpico". De todos modos, es innegable que estas "infidencias" apuntan a demostrar cuán inadecuadas son las actuaciones de Bergés, considerado por el gobierno un juez de alto riesgo. En palabras de un funcionario del Ejecutivo, un "mono con Gillette". Como quiera que sea, el joven e incómodo magistrado de la justicia ordinaria habría obtenido sí algunos resultados del registro del miércoles a la calle Coronel Díaz, sede de la "Ojota". Recibió de los subordinados de Lavié el papel caratulado "actuaciones reservadas" donde se especificaban los cuatro teléfonos a pinchar. El oficio, confiaron las fuentes, estaba firmado sólo por Liporaci y no había sido refrendado por un secretario como los que los encargados de las escuchas están acostumbrados a recibir. Otro punto que llamó la atención de quienes ejecutaron la solicitud del juez federal fue que tampoco se especificaba el número y carátula de la causa a la que correspondían esas pinchaduras. Los cassettes de las escuchas (de ser así, ilegales) no se encontraban en la calle Coronel Díaz porque habían sido remitidos a Liporaci. La "Ojota" es, en teoría, un área obligada a dar garantías de invulnerabilidad frente a eventuales manipulaciones del poder político. La conflictividad de la tarea es una de las razones por las que buena parte del Poder Judicial reclama que el organismo abandone la esfera de la SIDE y pase a depender de su jurisdicción. Este diario preguntó a un funcionario de inteligencia: --¿Por qué efectuaron la pinchadura si el oficio no estaba en regla? --Y... si llevaba la firma de un juez federal... --¿Podría ser un caso de obediencia debida? --No es frecuente resistirse a la orden de un juez federal. --¿No podían pedir que se reenviara el oficio en condiciones? --Poder, todo se puede, pero no hubiera sido lo usual. Liporaci, cuentan quienes lo conocen, no solía ocultar a sus íntimos que la designación al frente del juzgado 3 le habría sido anticipada por Jorge Anzorreguy --hermano del jefe de la SIDE-- en términos rotundos: "Te vamos a nombrar juez federal". En el juzgado federal 3, con una sólida investigación llevada a cabo por quien había sido el anterior titular, Néstor Blondi, se instruía la causa del Banco Alas. Era el estudio Anzorreguy el que ejercía la defensa de la entidad. Retirado Blondi y con el juzgado ya a cargo de Liporaci, la causa logró alcanzar la prescripción. Pero la Cámara Federal revocó la prescripción, dio razón al querellante --el Banco Central-- y ordenó continuar con ella puesto que, dio a entender, la prescripción había sido obra de las chicanas de los abogados.
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