La instrucción de este proceso contra los genocidas argentinos me ha cambiado, nos ha cambiado a todos en este juzgado", me dijo el juez Baltasar Garzón ante quien denuncié en Madrid la desaparición de mi nuera María Claudia García Irureta Goyena de Gelman y de su bebé, nacido en cautiverio. ¿Algo así está ocurriendo con los jueces argentinos que investigan el destino de centenares de niños robados al nacer en el hospital de Campo de Mayo, en el Hospital Militar Central, en el Hospital Naval, en el Hospital Aeronáutico, en la ESMA y otros centros clandestinos de detención? Por qué no: ninguno de los crímenes perpetrados por la dictadura militar tiene justificación, pero aquél menos que ninguno. El pretexto de que eran "subversivos" no puede aplicarse a quienes abrían al mundo los ojos por primera vez, desde madres a quienes les habían tapado los ojos. Muchas de esas prisioneras pasaron a la sombra sin haber siquiera conocido el rostro de su hijo. Así lo habían ordenado los "salvadores de la Patria".

Y éstos, ¿qué temían? ¿Que esa única y seguramente última mirada dañara en el bebé los valores de la "cultura occidental y cristiana"? ¿Qué esa mirada acuñara en el recién nacido un recuerdo imborrable, fuente de futuras "subversiones"? ¿Que esa mirada echara a perder los planes prolijamente preparados para combatir al "marxismo" en una "tercera guerra mundial" que ni fue contra el marxismo ni mundial? Obviamente, no. Fue un "demás" que coronaba el otro. El bebé era robado hasta de la mirada de su madre.

Eso sí que es robar. Nada parecido se registra en los anales mundiales del delito. Me pregunto por dónde anda la mirada que María Claudia no pudo dar a su bebé. ¿Recorre lo que les queda de conciencia a sus verdugos? Se inquiere por la suerte de ella y su bebé, y por la de Simón Riquelo, hijo de uruguayos hurtado en Buenos Aires a los 20 días de edad, en la causa abierta esta semana ante el juez Bagnasco por los doctores Alberto Pedroncini y Raúl Zaffaroni contra seis militares uruguayos que "ejercieron" en Orletti y están involucrados en la sustracción de menores. El presidente Menem los indultó graciosamente. La mirada, no.

Cabe preguntarse qué pasó en los años de la flamante democracia y qué está pasando ahora. El juez Bagnasco ha comenzado a citar a miembros del personal médico que trabajó en el hospital de Campo de Mayo durante los llamados "años de plomo". Está muy bien, es correcto y necesario. Los citados narran el ingreso de prisioneras NN que daban a luz otros NN, la separación inmediata de madres e hijos, el telón de fondo de los vuelos de la muerte. Estamos en 1998 y sucede que en 1984 seis médicos obstetras, cuatro parteras, dos enfermeras y un cabo primero radiólogo que se desempeñaban en ese hospital se presentaron espontáneamente ante la CONADEP y develaron lo que había ocurrido. En nombre de la Comisión, la señora Magdalena Ruiz Guiñazú elevó esos testimonios ante el juez nacional de turno en lo Criminal y Correccional Federal. El escrito recaló en un juzgado de San Isidro que alguien calificó de "agujero negro": allí durmió 14 años el sueño de los injustos. Los injustos también duermen.

¿Por qué la justicia estuvo congelada tanto tiempo? Hay explicaciones varias. Raúl Alfonsín confirmó al 90 por ciento del Poder Judicial que, bajo la dictadura, estuvo muy ocupado en rechazar los hábeas corpus que presentaban familiares de los desaparecidos. O: los juicios a las Juntas saciaron la voluntad de castigo a los criminales. O: las leyes de Punto Final y Obediencia Debida entumecieron el cuerpo social ante el temor de un nuevo golpe militar, amenaza que el presidente radical manipuló hasta el cansancio. O: la sociedad civil se arrellanó confortablemente en la exculpadora "teoría" de los dos demonios y el "por algo será" para no remecer sus propios miedos y/o complicidades por acción u omisión. En cualquier caso, es notorio que la situación está cambiando.

El porqué del cambio también agolpa explicaciones. ¿Será que las declaraciones de Astiz violentaron el límite de lo admisible? ¿Es el peso del juicio que tiene lugar en España? ¿La sociedad percibe que la impunidad de los corruptos es pariente muy cercana de la impunidad de los represores? ¿Se trata del advenimiento de una nueva generación que levanta interrogantes sobre el pasado que los más viejos no se quieren formular? ¿Es que las heridas de una sociedad necesitan madurar sin secarse para llegar a la conciencia de que está efectivamente herida? Es posible sumar otras preguntas. Lo cierto es que el momento argentino no admite vuelta atrás.

Es inútil que el presidente Menem defienda lo actuado por las Fuerzas Armadas. Eso podrá servir a su aspiración reeleccionista, pero no convence a nadie, ni aun a las Fuerzas Armadas. Es inútil que el general Balza dosifique autocríticas y descalifique la existencia de un plan preconcebido para robar niños con un estilo que los mafiosos del mundo nunca soñaron. La sociedad civil -–con excepción de los más ricos, los beneficiarios de la política económica de la dictadura y los gobiernos electos que siguieron-- no les cree, en especial los jóvenes. Sobre éstos no pesa un terror vivido y tampoco los negocios que muchos tuvieron que hacer con el terror. De esos jóvenes dimana la posibilidad de un país otro.

Esa Argentina otra sólo puede emerger de la verdad. Sin ir más lejos, para arriba o para abajo: ¿qué ha pasado, por ejemplo, con el vicecomodoro Néstor Guillamondegui, que en 1976 fuera jefe del Departamento Operaciones Tácticas I de la SIDE, del que dependía el centro clandestino de detención Automotores Orletti, o "base operativa OT 18" en la nomenclatura militar? ¿Y qué fue de su mando superior, el coronel Carlos A. Mitchel, jefe del Departamento de Contrainteligencia (A 3 1) de la Dirección III de la SIDE? Ambos son responsables mediatos del robo y privación de identidad del bebé de María Claudia y de Simón. Ambos -–y no solos-- están marcados por la mirada que el bebé de María Claudia nunca recibió.

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