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Por Horacio Verbitsky  Tres listas se presentarán a la elección de mañana en la que
los jueces nacionales elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura, el
órgano previsto en la Constitución reformada en 1994 para revertir el dramático
desprestigio de la Justicia. Al menos uno de los candidatos tiene un antecedente
contradictorio con ese propósito. Antes de ser juez federal de La Plata con competencia
electoral, el abogado Manuel Humberto Blanco, tercer candidato de la lista 2 que encabeza
el camarista Claudio Kiper, fue detenido junto con los autores de un secuestro extorsivo.
Alegó que se había limitado a cobrar sus honorarios como abogado defensor y fue absuelto
por duda, pero la Cámara de Apelaciones señaló errores del fiscal y del juez de primera
instancia, dijo que de otro modo su conducta hubiera merecido un más "prolijo y
exhaustivo análisis" en el que hubiera correspondido enjuiciarlo como cómplice y no
como encubridor. Como ello ya no era posible por razones formales, dispuso que se enviara
copia de las actuaciones al Colegio de Abogados para que analizara desde el punto de vista
ético el comportamiento de Blanco, quien en aquel momento tenía 33 años. La versión
sobre el proceso por secuestro extorsivo comenzó a circular en el clima enrarecido por la
competencia electoral. Este diario habló con el propio juez Blanco y pudo consultar el
expediente judicial tramitado en el juzgado penal Nº 3 de La Plata. Salvo el juez Blanco,
quien tiene actuación pública, el resto de las personas involucradas serán mencionadas
con nombres supuestos, pero ante cualquier duda está disponible el expediente judicial.
Al haber sido absuelto, en una causa que concluyó en 1976, este episodio no genera una
inhabilidad legal para que Blanco aspire a integrar el cuerpo que deberá valorar la
idoneidad y la calidad moral de quienes aspiren a ser jueces.
El 6 de setiembre de 1972 un grupo de choferes de colectivo llegó a la casa del padre de uno de ellos, Carlos Aresa, en Lomas de Zamora. Su hijo arrojó al suelo una bolsa de arpillera y se dirigió con excitación a Aresa: "Tome viejo, cuéntela", le dijo. Luego abrió la bolsa y volcó su contenido: fajos de billetes de 10.000 pesos Ley 18.188*. Como el padre se negó a contarlos, volvieron a embolsarlos y los escondieron en los techos de la casa. Cuando supo que la policía estaba buscando a su hijo, Aresa trasladó la bolsa a un depósito, donde la escondió dentro de una pila de cubiertas y la tapó con una lona. El dinero era fruto del secuestro de Alfredo Kaplán, cuyo padre, Isaac, pagó un rescate que según distintos testimonios osciló entre 50 y 70 millones de pesos ley. Otro de los procesados, Roberto Ciccoli, declaró que no había querido participar del secuestro al que fue invitado, pero que había aceptado comunicarse con el abogado Blanco en caso de dificultades "para que éste de inmediato iniciara la defensa, pues al parecer estaban relacionados con el mismo". Al día siguiente, cuando supo que algunos de los miembros de la banda habían sido detenidos y que la policía estaba detrás de otros, fue a La Plata junto con Carlos Aresa para buscar a Blanco. Según el testimonio del padre del colectivero, Blanco dijo que era un asunto delicado y preguntó si había dinero. Según el coprocesado Ciccoli, Blanco le dijo entonces: --Bueno, hay que ir urgente a Banfield, en busca de la guita y después vos tenés que desaparecer. En la versión coincidente de Ciccoli y Aresa ambos fueron con Blanco y su cuñado en el auto del abogado hasta el depósito donde estaba el dinero. Estacionaron el Ford Falcon a 50 metros del galpón y Blanco le ordenó a Aresa que trajera todo el dinero, que él lo escondería en su casa. Cuando Aresa entregó la bolsa a Blanco, el grupo se dispersó. Blanco llevó en su auto hasta Lomas de Zamora a Ciccoli. Le repitió que buscara un buen lugar para esconderse y que se mantuviera en contacto telefónico. Antes de bajarse, Ciccoli pidió algo de dinero y el cuñado de Blanco le dio varios billetes que sacó de la bolsa. En su declaración indagatoria, Blanco dijo que cuando lo visitó el padre del colectivero abordó "el problema de los honorarios, expresándole que los quería por adelantado, como es de práctica en materia penal". Como Aresa no tenía el dinero consigo, fueron a buscarlo. El fiscal Ricardo Mario Fuerte pidió la condena de Blanco por encubrimiento, considerando: * que reconoció haber recibido 100.000 pesos ley del procesado Aresa, junto con quien se trasladó a buscarlos; * las confesiones de los procesados Aresa y Ciccoli, quienes "relatan la entrevista mantenida con el doctor Blanco y lo enteran del secuestro de Kaplán y el posterior traslado al lugar donde se encuentra el dinero", que queda en poder de Blanco. * que los autores del secuestro hayan "convenido en buscar al procesado Blanco en caso de existir inconvenientes, lo que hace presumir la existencia de un entendimiento previo". El defensor de Blanco, el actual camarista federal de Bahía Blanca, Luis Alberto Cotter, analizó las contradicciones entre distintos testimonios acerca del rescate pagado por Isaac Kaplán a los captores de su hijo, entre 50 y 70 millones de pesos ley, cuando la policía sólo había secuestrado 46 millones. Si no estaba probado qué suma se había pagado no podía afirmarse que el dinero cobrado por el abogado "provenga del secuestro". Añadió que Aresa intentó arrojar sospechas sobre Blanco, afirmando que había recibido 24 millones, "cuando fue él quien trató de escamotear 40 millones". Pero aunque se considerara probado que el dinero provenía del rescate, aún restaría por demostrar que Blanco conocía ese origen. "Las declaraciones de Aresa padre no son otra cosa que la imputación de un coprocesado, es decir no provienen de un testigo, porque no ha prestado juramento de decir verdad y hasta tiene autorización legal para mentir". Se trata de "una persona probadamente mendaz, mendacidad dirigida expresamente en perjuicio de mi defendido" porque "ha demostrado interés en quedarse con una gruesa suma de dinero mediante una mentira" para lo cual "le achaca a mi defendido la recepción de una suma mucho mayor que la real". También adujo que las afirmaciones de Ciccoli contra Blanco fueron obtenidas bajo coacción por la policía, que tenía animosidad hacia el abogado. Cotter sostuvo que para dictar la prisión preventiva el juez partió "del indicio de que antes del hecho los presuntos autores convinieran en requerir los servicios del doctor Blanco, en caso necesario. De allí infiere que al ponerse en contacto con mi defendido lo enteraron del hecho realizado, de donde a su vez deduce que Blanco conocía el origen del dinero que recibía". Esta construcción de una presunción a partir de otra, está prohibida por Código procesal, concluyó. El juez Alberto Garganta consideró que era "muy ingenioso" partir de la duda sobre la suma pagada y de ese modo cuestionar que el dinero recibido por Blanco proviniera del delito. Pero como "no existe una sola declaración de todos los que tienen conocimiento directo e indirecto del hecho que afirme la existencia de otro dinero que no sea el obtenido producto del secuestro" no hay duda que "el dinero recibido por el doctor Blanco es el mismo que fue entregado por Kaplán como pago del rescate". Para el juez "se computa como presunción contra el imputado la inmediatez en el tiempo con que recibe tan abultada suma, con respecto al pago del rescate, y por último la circunstancia de que los secuestradores habían convenido de antemano llamarlo a Blanco, lo que hace presumir que lo pusieron en conocimiento del hecho". Pero esa inmediatez podría justificarse por "el afán de asegurarse la obtención de sus honorarios y no perder un asunto de importancia". Y aunque hubiera conocido "el asunto de que se trata" esto "no hace presumir necesariamente que conozca el origen del dinero". El doctor Blanco "pudo conocer que el origen del dinero era el del secuestro, pero no podemos afirmarlo, queda una duda". En el momento de cobrar su parte y "ante la perspectiva de tomar un asunto profesional y económicamente importante" Blanco "¿pudo plantearse serenamente un análisis minucioso sobre los hechos que podían llevarlo a la conclusión de que percibía dinero malhabido?" Tal vez "no estuvo en condiciones de evaluar los hechos tan fríamente como puede hacerse ahora". Blanco devolvió los 100.000 pesos que había cobrado y el 8 de abril de 1975 el juez Garganta lo absolvió por duda. En cambio condenó a los coprocesados. El 22 de julio de 1976 la causa fue fallada por la sala segunda de la Cámara de Apelaciones de La Plata. Sus integrantes, Eduardo Millán, José Antonio De Larrañaga y Arturo Campo confirmaron la absolución de Blanco y la extendieron a Ciccoli. Pero sus considerandos indicaron que lo hacían obligados por el "inexplicable error" del fiscal y del juez "al pasar por alto la promesa anterior que el propio acusado (Ciccoli) confesara de prestar ayuda a los autores si se les descubría en la acción y los pasos posteriores dados para trasladar gran parte del dinero". Es decir, no debería haber sido juzgado como encubridor sino como partícipe del delito. Dicho con las palabras del camarista Campo "esa promesa anterior, cumplida luego, aleja conceptualmente la idea del delito adhesivo (como es el encubrimiento) emergiendo el accionar criminoso, por el contrario, en la complicidad, aunque el autor no haya prestado una colaboración decisiva total o parcial para el fin ilícito querido". Esa falla del fiscal, que persistió en el fallo del juez, "ha malogrado una justa revisación del proceso en toda su extensión, agravada con la complacencia guardada al consentir la absolución del abogado Blanco, cuya conducta era merecedora de un prolijo y exhaustivo análisis por parte de este Tribunal de Alzada. Soy de la opinión que no obstante el fallo absolutorio a favor del procesado Manuel Humberto Blanco ante la posibilidad de que su conducta, en calidad de abogado, pueda hallarse alcanzada por normas de ética profesional, corresponde enviar al Colegio Departamental fotocopia de las actuaciones a los efectos a que diera lugar". El hecho ocurrió en Lomas de Zamora, pero el fallo fue pronunciado en La Plata. Como la sentencia se refiere al Colegio Departamental pero no aclara cuál, este diario consultó con los presidentes de ambos. Luego de revisar sus registros, el presidente del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, Juan Carlos Abud, informó que Blanco no figura entre sus matriculados. El presidente del Colegio de Abogados de La Plata, Alvaro García Orsi dijo que Blanco estaba matriculado allí pero que en su legajo no había antecedentes de que alguna vez se hubiera abierto una causa disciplinaria. Una hipótesis podría explicar por qué nunca se cumplió con la disposición de la Cámara de Apelaciones: la remisión de las actuaciones al Colegio se ordenó en 1976, pero el hecho había ocurrido en 1972. El plazo de prescripción de cualquier sanción disciplinaria es de un año, y se extiende a tres en casos graves que podrían dar lugar a la exclusión de la matrícula.
Negro sobre Blanco
P --¿Antes de ser juez, fue procesado por un secuestro extorsivo? R --No. Estuve sometido a un proceso por defender a cuatro o cinco personas que habían secuestrado a un señor. Yo sabía que esas personas no eran gerentes de banco, pero ignoraba el origen del dinero. Cuando lo supe lo devolví de inmediato al juez y ahí terminó todo. Pero yo sé cuál es el origen de esa versión. P --¿Cuál? R --El camarista federal de La Plata Alberto Ramón Durán. P --¿Qué importa la fuente, si le ofrezco la posibilidad de decir todo lo que desee sobre el caso? R --Eso fue en 1972. Yo nunca colaboré con un gobierno militar que secuestró personas. Y eso no lo pueden decir todos. P --Volviendo a la causa... R --Me pagaron y me fui. Usted sabe que en penal los honorarios se cobran por adelantado. Entonces para que devolviera el dinero me imputaron el delito de encubrimiento porque decían que debía saber que la plata era producto del secuestro. Puse la plata a disposición del juez y a otra cosa. P --Según una versión, usted tenía en su poder toda la plata del rescate. R --No. Le ruego que no se deje engañar. Esa es una infamia. Uno de los señores que participaron trató de echarle la culpa al abogado diciendo que se quedó con todo. No fue así. El abogado cobró la parte que pidió y nada más. El resto no. Eso lo dijo uno que trató de quedarse con la plata, un vivaracho. Todo está en el expediente. Si hubiera salido mal, me jodo. Pero en esa causa salí total y absolutamente limpito. Le ruego que separe bien la paja del trigo. Creo que podemos causarle daño a mucha gente, perjudicando una vida destinada a desparramar amor al prójimo, a luchar por la democracia, a colaborar con la Cámara Federal de La Plata dándole todos los elementos que pueda tener respecto de los desaparecidos. Esta es una campaña de mierda. Para acusar a un inocente hay que hacerlo con nombre y apellido. P --¿Esa causa dio lugar a un tribunal de ética en el Colegio de Abogados? R --No, jamás. Nunca se formó un tribunal de ética por esa porquería. Usted ha escuchado una versión de una persona que sería bueno que usted conociera quién es, porque hay expedientes que indican quién es el doctor Alberto Ramón Durán, a quien yo le pedí el juicio político y que se encarga de difundir estas infamias. P --Yo no voy a revelarle la fuente de la información. Si lo estoy consultando es porque no me quedo con una versión. R --Yo sé que usted siempre documenta todo lo que publica. Lo sigo y lo admiro desde su libro Ezeiza. También he ido a escucharlo en la Facultad de Derecho y pensamos parecido en muchas cosas. Le rogaría que se documentara bien porque eso me va a ocasionar un daño irreparable. Y lo que es peor, se lo va a ocasionar a gente muy buena, como Alterini y Kiper que están en la misma lista. Hay otra cosa que quiero decirle. Yo tengo mujer e hijos, y me he llenado la boca hablándoles de usted. P --No voy a publicar nada que no esté documentado. R --Si usted quiere comunicarle bien a la gente, la versión fidedigna es que cobré honorarios en la forma que correspondía por mi actividad profesional y luego los devolví. Yo lo vi a usted por televisión, cuando fue absuelto en el juicio del señor Presidente, y no se fue a festejar con los chochamus del barrio. Se abrazó con su señora mamá y eso para mí fue enternecedor. ¿Vio que lo sigo? Puedo citarle frases suyas de memoria. Por eso yo lo respeto a usted pienso muy parecido y le pido: no me joda la vida. Yo también tengo mamá. Si me tiene que dar una de cal, déme también una de arena. Pregúntele a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, cuando Camps era jefe de Policía y Jaime Smart ministro, quién defendió a Jorge Brand Waimam, en ese momento secretario general del Partido Comunista de La Plata. Para colmo, judío. Y yo no soy como Pierri, que dijo que tiene un amigo. Yo tengo muchos, gracias a Dios, y me jacto de eso. P --¿Brandt Hua? R --Brand Waimam. Me extraña, usted lo tiene que conocer, porque Jaime Glucksman era socio de él y me pidió que lo defendiera. Usted está hablando con un tipo que arriesgó su vida por los perseguidos, que hizo de su vida una profesión de fe por los perseguidos, entre quienes estaba usted por supuesto. Y usted sabe que los abogados que iban a defender a esa gente morían. Yo no me voy a casar con usted ni usted conmigo, porque nos gustan las mujeres. Tenemos ideales comunes. No quiero que se ponga la camiseta de Blanco. Pero le pido que lea toda la causa. P --Se lo prometo. Las tres listas
Lista 1 (Corresponde a la tradicional Agrupación Blanca de la Asociación de Magistrados, de orientación conservadora y relaciones distantes con el gobierno nacional). Candidatos titulares para el Consejo: (En la edición de mañana, Horacio Verbitsky publicará un panorama completo sobre el proceso electoral de los jueces para el Consejo de la Magistratura)
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