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Los abogados Eduardo Oderigo y Rafael O'Gorman solicitaron a la Cámara Federal que revoque la suspensión del plazo de 10 días que el juez tenía para resolver la situación procesal de Cavallo, a partir de la declaración indagatoria que prestara en el mes de marzo. Brugo dictó la suspensión de dicho plazo a la espera de una resolución de la Cámara de Diputados de su pedido de desafuero del ex ministro. Los defensores manifiestan que el magistrado no necesita del desafuero para resolver la situación judicial de Cavallo, pero sí para dictar su procesamiento. "El juez pudo, sin ningún inconveniente, dictar su sobreseimiento o su falta de mérito; e, incluso, pudo declarar que existía mérito para disponer su procesamiento", sostienen en su presentación. En cambio, afirman que la suspensión del plazo para expedirse, "salido de la imaginación y la pluma del doctor Brugo", sólo le impone a Cavallo "quedar sujeto, sine die, a una ominosa causa judicial", sin poder "ejercitar una mínima defensa de su persona y sus derechos". Sostienen que su defendido "podría quedar, por tiempo indeterminado, vinculado a esta estruendosa investigación, un verdadero bombo utilizado con fines exclusivamente políticos contra nuestro defendido, quien no tendría recurso ni posibilidad alguna de superar tal situación, ya que el partido gobernante ostenta la mayoría en la respectiva comisión (de Asuntos Constitucionales, encargada de resolver sobre el desafuero), presidida por Carlos Soria". Los representantes de Cavallo consideran que la cámara "dará por probado el duro enfrentamiento, el severo distanciamiento --aun el odio-- de muchos dirigentes políticos del entorno presidencial en relación a nuestro defendido", entre los que cita a "ministros, funcionarios, senadores, diputados, etc.", que intentarían dejar al ex ministro "atado a esta causa (...), tremenda, insólita e injusta consecuencia directamente brindada por el juez de la causa". Mientras tanto, refieren que Brugo dictó "a los supuestos contrabandistas, la falta de mérito". Apuntan a "Angel Agustín Codina Aspiroz, presidente de Talami SA; Segota, que ocupara la presidencia de ella y Oscar Daniel Yaya, confeso propietario de esa sociedad, sospechados de ser autores del delito de contrabando que se investiga, de ser los contrabandistas". "Inentendible diferencia de tratamiento --señalan--, en perjuicio de nuestro defendido, que nos parece un enorme sarcasmo". Brugo le imputa a Cavallo incumplimiento de los deberes de funcionario público y contrabando agravado por "determinar a los integrantes de las firmas exportadoras incriminadas a urdir y posteriormente consumar en forma reiterada" el delito imputado. En defensa de Cavallo, sus abogados sostienen que "afirmar que la determinación de un delito fue generada por la sanción de una resolución ministerial, es técnicamente una enormidad, reveladora de una peligrosísima ignorancia de los principios esenciales que rigen la teoría del delito". "Es, sencilla y rotundamente, una barbaridad, propia de una persecución, pero de ninguna manera esperable de una actuación judicial", agregan. La estrategia judicial de Cavallo, para contrarrestar el embate que preparan en su contra desde el oficialismo parlamentario, apuntará a tratar de probar la connivencia política entre los jueces que lo investigan y el entorno presidencial. En el escrito presentado ante la Cámara Federal, sus abogados no eludieron responsabilizar al propio Roque Fernández en la causa del oro. La lucha recién comienza.
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En una presentación ante la Cámara Federal, a la que Página/12
tuvo acceso exclusivo, los defensores de Domingo Cavallo acusan al juez federal Jorge
Brugo de haber dictado normas contra el ex ministro "propias de una
persecución" estructurada por funcionarios y ministros pertenecientes al
"entorno presidencial". Brugo investiga a Cavallo en la causa por defraudación
al Estado que se habría perpetrado a través del cobro de reintegros fiscales en
exportaciones de manufacturas de oro que habrían sido sobrefacturadas, y es autor de uno
de los tres pedidos de desafuero que el bloque oficialista de Diputados espera tratar a
fines de julio. "Si quieren investigar (a los verdaderos responsables), deben
examinarse las normas dictadas por el Banco Central para posibilitar la amplia
participación en este negocio de entidades financieras sin cuya operatoria y
financiamiento no podrían haberse dado semejante volumen de exportaciones", declaró
Cavallo ante el juez y vuelven a citar sus abogados. El responsable del Central en la
etapa bajo sospecha era el actual ministro de Economía, Roque Fernández.