EL PLAN PARA DEMOLER A MINGO
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Por Fernando Almirón "El desafuero de Domingo Cavallo lo vamos a tratar después del 15 de julio", pronostican los diputados justicialistas que están obsesionados con poner al ex ministro en manos de la Justicia federal. A principios de junio el bloque oficialista, que con esfuerzo lidera Humberto Roggero, puso en marcha una ofensiva de demolición contra el ahora diputado de Acción por la República. Para llevarla adelante, se propusieron demostrar la participación directa de Cavallo en las contrataciones informáticas --sospechadas de fraudulentas-- del Banco Nación y la DGI con la empresa IBM. La estrategia contempla ahora actualizar el informe sobre la causa del oro que elaboró en noviembre del año pasado la comisión "antimafia", en el que el PJ también involucra al ex ministro. A esto se suma una denuncia contra el hermano del ex ministro, Jorge Cavallo, quien aparece como proveedor de IBM cuando se suscribieron los acuerdos y cuyas oficinas fueron allanadas el miércoles por el juez Adolfo Bagnasco. "Vamos a esperar a que el juez Carlos Liporaci lo pida para tratar el desafuero en la Comisión de Asuntos Constitucionales y después en el recinto", le dijo a Página/12 uno de los hombres del bloque justicialista que trabaja en la maniobra para que Cavallo se pase el resto del año de tribunal en tribunal. "Estamos seguros de que una vez que conozcan públicamente todas las causas en las que está involucrado el ex ministro, la oposición no va a tener más remedio que votar por el desafuero si es que no quieren aparecer encubriendo la corrupción", anticipó confiado el allegado a Roggero. La semana pasada la ofensiva contra el ex ministro llegó hasta su hermano. El Juez Bagnasco allanó las oficinas de Latin Trade --la empresa de Jorge Cavallo-- en búsqueda de documentación que lo comprometería con el affaire de los contratos entre IBM y el Estado. El hermano de Cavallo está involucrado en una causa que tramita el juez Rodolfo Canicoba Corral por un supuesto pago indebido de 28 millones de pesos que el entonces ministro de Economía habría ordenado a favor de los ex propietarios del ingenio azucarero Bella Vista. Roggero denunció en enero de 1997 a un directivo de Latin Trade, la empresa de la que es propietario Jorge Cavallo. Los diputados del PJ quieren que la causa que está demorada desde hace dos años en el juzgado de Canicoba Corral pase a manos de Bagnasco. Otro de los temas que será aprovechado en los próximos días para señalar dudas sobre Domingo Cavallo está referido a la llamada causa del oro. Entre el '93 y el '95 se pagaron indebidamente reintegros por exportación de material áureo por los que el Estado nacional perdió unos 200 millones de dólares entre lo que pagó Aduana indebidamente y lo defraudado a la DGI por los autores de la maniobra. Según los diputados justicialistas de la comisión "antimafia" que preside César Arias, "existe responsabilidad política, administrativa, institucional y penal por parte del ex ministro de Economía y del ex administrador de Aduanas, Gustavo Parino". Los legisladores del PJ quieren aprovechar las conclusiones a las que arribó el oficialismo en su investigación de noviembre del año pasado, cuando Cavallo ya era el enemigo público número uno de la administración menemista. Pero la ofensiva no terminará ahí. El oficialismo también está rastreando la ruta de las cuentas bancarias secretas en el exterior para encontrar alguna a nombre de Cavallo o de sus allegados, los que podrían llegar a ser acusados de servir como testaferros del ex ministro. En este sentido mencionan el reciente viaje de Cavallo por Luxemburgo y Suiza, dos paraísos fiscales a los que fueron a parar buena parte de los retornos del escándalo informático. Después de la avalancha de sombras sobre el actual diputado, el PJ espera avanzar en el desafuero de Cavallo. Primero en la Comisión de Asuntos Constitucionales donde tiene mayoría, y después en el recinto, donde necesitará juntar los dos tercios de los votos para que Cavallo termine compadeciendo en los --hasta ahora-- tres juzgados que demandan su presencia: los de Adolfo Bagnasco, por el fraude de IBM-Banco Nación; de Jorge Brugo, por la causa del oro; y el de Claudio Bonadío, por calumnias e injurias iniciada por el juez de la Corte Augusto Belluscio. A éstos podría sumarse, en el marco del fraude de los contratos entre IBM y la DGI, otro pedido de desafuero por parte de Carlos Liporaci. "Es un show montado por el menemismo que teme a mi candidatura a presidente", responde Cavallo cada vez que le preguntan sobre la tormenta que le preparan.
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