EL JUEZ MARIANO BERGES PIDIO A LA CAMARA DE DIPUTADOS EL JUICIO POLITICO DE SU COLEGA CARLOS DANIEL LIPORACI

UN FUERO DESAFORADO

  El juez de instrucción Mariano Bergés solicitó a la Cámara de Diputados el juicio político del juez federal Carlos Daniel Liporaci, a quien se propone llamar a declaración indagatoria. La resolución, firmada el viernes 26, enumera 30 elementos de prueba por los cuales el juez dice haber llegado al estado de sospecha exigido por el artículo 294 del Código de Procedimientos en Materia Penal, sobre la participación de Liporaci en un delito que no califica. Bergés se limita a mencionar la calificación que formularon los fiscales Marcelo Martínez Burgos y Alejandro Alagia al iniciar la investigación por denuncia del ex secretario de Liporaci, Guillermo Gowland: amenazas (artículo 149 bis del Código Penal) y abuso de poder por incumplimiento de los deberes de funcionario público (artículo 248). El Procurador General de la Nación Nicolás Becerra ya había solicitado el juicio político de Bergés por su actuación en esta causa, en la que entiende que avasalló a la fiscal Elsa Areu Franco.

Liporaci habría ordenado la escucha de las conversaciones telefónicas del empleado de su juzgado Daniel Barindelli sin que mediara una causa penal y ni siquiera un sumario administrativo, habría firmado órdenes de allanamiento y de detención de personas en blanco y habría amenazado tanto a Gowland como a Barindelli. El expediente ofrece una visión deprimente del funcionamiento de la justicia federal y de los organismos de prevención del delito y de Inteligencia del Estado y caracteriza a Liporaci como homofóbico, por haber presionado por la renuncia de dos empleados presuntamente homosexuales, que la resolución de Bergés identifica con nombre y apellido pero que este diario no reproducirá. Cuando comenzó la investigación por la denuncia de Gowland otros jueces federales realizaron reuniones en el domicilio de uno de ellos para forjar una posición común ante lo que consideran una ofensiva organizada contra el fuero que integran. Uno de ellos, Adolfo Bagnasco declaró: "Yo no soy mejor que Liporaci". De acuerdo a esa óptica, Liporaci sería uno como tantos.

En el curso de la investigación, Bergés allanó la División de Operaciones Federales de la Policía Federal y la de Operaciones Judiciales de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El director de la segunda admitió que los teléfonos de Barindelli habían sido intervenidos a solicitud de Liporaci, quien no recibió transcripciones sino las casettes tal como fueron grabadas. Bergés consigna en su resolución un testimonio según el cual la desgrabación habría sido realizada por el comisario Jorge Alberto Palacios, quien sería amigo personal de Liporaci. Si algo faltaba para subir el voltaje de esta causa es la mención de Palacios: se trata del funcionario de la Policía Federal que tiene a su cargo la nueva unidad antiterrorista que colabora con el juez federal Juan José Galeano en la investigación por el atentado en contra de la AMIA. Galeano frustró en 1996 un allanamiento a la SIDE dispuesto por Bergés en otra causa por escuchas ilegales, al solicitarle la protección de la identidad de un agente de la SIDE que, según dijo, colaboraba con su juzgado en la causa de la AMIA.

De las actuaciones se desprende que Liporaci habría forzado la renuncia de Barindelli a raíz de una denuncia de Gowland, quien reclamó a Barindelli por la desaparición de una docena de causas que el empleado llevaba en su secretaría. Cuando los expedientes reaparecieron, Gowland informó a Liporaci que Barindelli los había traído de su casa. Sin embargo, al declarar ante Bergés, Gowland le restó importancia al episodio, destacó que las causas no tenían mayor relevancia para el juzgado, que no había detenidos en ellas y que se referían a "temas menores". Insistió, en cambio en la "persecución" que Liporaci habría ejercido contra Barindelli. La ruptura entre el juez y el secretario fue posterior. Según Gowland, Liporaci ordenó abrir la caja fuerte de su despacho, lo acusó por la falta de 3000 dólares secuestrados en una causa y un reloj de oro y le dijo que si aceptaba dejar el juzgado él solucionaría el caso sin escándalo y pondría el dinero de su bolsillo. Tres mil dólares equivalen al 60 por ciento de la remuneración mensual de un juez federal. Gowland se presentó como denunciante, pero Bergés le tomó declaración espontánea como imputado.

En esa condición, Gowland entregó a Bergés dos órdenes de allanamiento y detención de personas firmadas en blanco por Liporaci, que habían quedado en su poder cuando dejó el juzgado. También copias de las desgrabaciones, que Barindelli y sus padres reconocieron como auténticas. En una de ellas y en varios testimonios parece comprometida la situación del fiscal Paul Starc quien también habría presionado a Barindelli para que renunciara. Según Gowland el juez le dijo que sospechaba que Barindelli vendía información de las causas que llevaba y esperaba probarlo con las escuchas telefónicas. Agregó que nunca había visto las casettes sino sólo las transcripciones de las escuchas, que Liporaci le habría pedido al comisario Palacios "como gauchada".

El comisario Carlos Alberto Ontivero declaró ante Bergés que la política de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la Policía Federal "es dar intervención a la Secretaría de Inteligencia del Estado en todas las intervenciones telefónicas, llevando el oficio del juez a la SIDE, retirando luego las casettes, que se transcriben y se envían al juzgado". Durante el registro en la Dirección de Observaciones Judiciales de la SIDE, Bergés secuestró un legajo caratulado "Liporaci" y oficios firmados por el juez con sello y firma, disponiendo las escuchas sin fijar término, con motivo de lo que llamó "actuaciones reservadas". Carlos María Pablo Lavié, a cargo de las escuchas telefónicas de la SIDE, declaró que a pedido de Liporaci se habían intervenido las líneas de Barindelli y que las casettes sin desgrabar se habían entregado en mano al juez.

Varios de los empleados del juzgado federal Nº 3 que declararon en la causa, dijeron que Liporaci había abierto un sumario administrativo contra Barindelli por la desaparición de aquellas causas, instruido por la titular de la otra secretaría, María Esther Ballestero. Pero ante una consulta de Bergés la Cámara Federal respondió que en 1996 en esa secretaría del juzgado de Liporaci se labró un solo sumario, que concluyó con un llamado de atención a la propia doctora Ballestero. La declaración de esta funcionaria fue muy crítica hacia Gowland, de quien dijo que no había renunciado por amenazas del juez sino "porque le dio vergüenza seguir trabajando y porque no estaba capacitado para la función". Por eso mismo, asumen doble valor sus declaraciones sobre las escuchas telefónicas a Barindelli. "No lo supe en su momento. Me enteré ahora, por los diarios. Le pregunté al juez y él me dijo que sí, que lo había dispuesto, y que no me lo había querido decir en su momento para dejarme afuera de la decisión, porque era una decisión que había tomado él". El juez Bergés anotó a continuación de esta frase : "Textual". De este modo demostraría la completa ilegalidad de las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez, sin siquiera intervención de la secretaría que supuestamente entendía en el presunto expediente administrativo. También aparece comprometida la situación de Ballestero, quien dio por cierta la realización del sumario. El cuadro de desorden y descontrol del juzgado federal 3 que surge de estas actuaciones se completa con la mención que la secretaria Ballestero hace de varias decisiones en las cuales se habría falsificado la firma de Liporaci, quien habría formulado por ello una denuncia penal.

EL AÑO EN QUE LOS JUECES
VIVIERON EN EL "TITANIC"

La decisión de Mariano Bergés de solicitar el juicio político del titular del juzgado federal 3, Carlos Liporaci, lo incluye en la lista de magistrados de la justicia ordinaria puestos a investigar a sus colegas del fuero federal. Al mismo tiempo, Fernando Rodríguez Lubary investiga a Norberto Oyarbide e Ismael Muratorio a la casi totalidad de los titulares de los tribunales de la justicia de excepción. La situación no ha colocado sólo a los jueces a uno y otro lado de la barrera: también los fiscales juegan un rol determinante en lo que el gobierno aspira a mostrar como un enfrentamiento entre fueros y en consecuencia con el propio Ejecutivo. Sin embargo, la mayor o menor cercanía al poder político no se encuentra en el origen de la discusión, caracterizada, según se aprecia en sentencias y modos de investigar, por una manera diferente de entender la administración de justicia.

Uno de los hombres de indudable prestigio en la justicia ordinaria, el fiscal de Cámara Norberto Quantín, negó a Página/12 la existencia de una interna entre magistrados de ambos fueros. "Hay gente honorable en el fuero federal e indeseables en el nuestro --dijo-. Ahora, reducir el problema a eso, a una interna, es como si preguntaran '¿Qué es el delito?' y uno contestara que el delito es una interna entre policías y ladrones. La cuestión no es dirimir si se trata de la existencia de internas sino de la existencia de delitos, no importa quién los cometa." Quantín ha sido señalado como la cabeza de un puñado de fiscales impermeables a las presiones políticas, conocidos en los tribunales como "los centauros". Su intervención en la causa sobre coimas en el PAMI y en los ilícitos producidos entre los miembros del ex Concejo Deliberante le valieron una virulenta campaña de denuncias llevada a cabo por el ex concejal radical Enrique Benedetti. Luego, el entonces procurador Angel Agüero Iturbe lo reclamó para integrarlo a una comisión de fiscales que tenía como única misión investigar la veracidad de las denuncias presentadas por Domingo Cavallo contra Alfredo Yabrán. Los fiscales emitieron un dictamen que fue modificado por Agüero Iturbe, quien presentó una segunda versión que desincriminaba de toda sospecha al empresario postal. En la rueda de prensa llamada por Agüero Iturbe, Quantín, ni lerdo ni perezoso, puso en claro la situación tomando distancia públicamente de las afirmaciones del procurador.

Ahora, luego de que el actual procurador Nicolás Becerra formara una comisión similar, pero destinada a investigar la falsificación de medicamentos, tarea que tuvo prudentemente alejados a los fiscales de cualquier otra causa considerada conflictiva, Quantín volvió a lo que desde el gobierno se califica como "las andadas". Tiene, junto a otro de los "centauros", el fiscal José María Campagnoli, una decisiva actuación en la causa que, por amenazas, se sustancia en el juzgado de Rodríguez Lubary contra el juez federal Norberto Oyarbide. Por si fuera poco, a Quantín recurrió también el ex secretario de Liporaci, Guillermo Gowland, para presentar la denuncia por cohecho contra su superior. El fiscal Alejandro Alagia (ex fiscal federal, transferido a fiscal correccional por su excesivo interés en investigar las causas que afectaron a Roberto Dromi, Miguel Angel Vicco y Gerardo Sofovich) había sido receptor de otros aspectos de la denuncia de Gowland.

Al parecer, la nueva reaparición de los fiscales generó reacciones y Quantín volvió a sentir el hostigamiento. Esta vez, según trascendió, provenía de la calle Guido, sede de la procuración. La misma de la que partió el pedido de juicio político a Mariano Bergés y es estudiada por la Cámara del Crimen, que debería pronunciarse hoy. El tercer punto de conflicto entre "federales" y "ordinarios" lo constituye el expediente que se sustancia con alarmante lentitud en el juzgado de Muratorio y que investiga el presunto enriquecimiento ilícito de la mayoría de los 12 magistrados de la justicia federal de la Capital. En verdad, el tema es de competencia federal, pero el carácter totalizador de la denuncia formulada por los estudiantes de derecho de Franja Morada impide que se tramite en ese fuero ya que sus miembros no pueden ser "jueces y parte" en el asunto.

Un ex juez federal describió como "el Titanic", la crisis por la que se atraviesa en los tribunales de Comodoro Py, donde ya han visto entrar en prisión a otro de sus grandes bonetes: el ex juez federal Carlos Branca. Este diario quiso saber si recordaba antecedentes de situaciones similares. El hombre, de larga trayectoria en la Justicia, reflexionó y, al cabo de unos segundos, dijo con seguridad: "Es inédita".

PRINCIPAL