LO INDAGARAN Y PUEDE IR PRESO

UN PROBLEMA GROSSO

  Signado como uno de los máximos símbolos de la corrupción, el ex intendente porteño Carlos Grosso vivió alejado de la política y casi sin vida social durante los últimos años. Los próximos podría pasarlos tras las rejas: la Justicia dispuso la prosecución de la causa que investiga irregularidades en la privatización del Golf Club y del Velódromo de Palermo, adjudicados en forma directa a una empresa sin antecedentes comerciales cuyos directivos estaban vinculados al secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, y al propio presidente Carlos Menem. Procesado en la causa junto a cinco ex funcionarios de su gestión, Grosso será citado a prestar declaración indagatoria y es posible que después quede detenido, si prospera el pedido que en ese sentido realizaron la fiscalía y la querella.

La posibilidad de que Grosso termine en la cárcel quedó abierta después de que la sala VII de la Cámara del Crimen revocara el sobreseimiento que el juez de instrucción Eliseo Otero había dictado en favor del ex procurador adjunto de la Municipalidad, Carlos Galina, por prescripción de los delitos que se le imputan: administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La prescripción de la acción penal decidida por Otero favorecía también a Grosso y a los ex funcionarios Jorge Castells, Daniel Pandolfi, Raúl Kalinsky, Carlos Guerrero y Jorge Salomoni, procesados en la causa bajo los mismos cargos que Galina.

La resolución de Otero fue apelada en su momento por el fiscal de la causa, Pablo Lanusse, y el abogado Eduardo Guarna, a cargo de la querella desde la jefatura del Area de Control del Funcionario de la Defensoría del Pueblo porteña. Los camaristas José Manuel Piombo y Abel Bonorino Peró hicieron lugar a la apelación y advirtieron que "no puede descartarse que la actividad delictiva imputada a Galina pudiera hallarse incursa en el delito de asociación ilícita". En ese mismo sentido, se había pronunciado el fiscal de Cámara, Alejandro Sanz.

La decisión de la Cámara reactiva un expediente cuya lentitud siempre favoreció a Grosso y los demás ex funcionarios de su gestión. Otero los sobreseyó en dos oportunidades y en ambas ocasiones la Cámara revocó esas resoluciones. La última vez, en setiembre del año pasado, ordenó incluso la citación de Grosso a prestar declaración indagatoria, un trámite que el intendente evitó gracias al planteo de prescripción interpuesto por Galina y aceptado por el juez.

"Esta causa tuvo una lenta investigación que permitió el transcurso del tiempo y nos llevó al borde de la prescripción", admitió Guarna a Página/12. Explicó también que Grosso "deberá ahora ser citado a indagatoria y el juez tendrá que resolver sobre el pedido de detención".

Guarna y Lanusse solicitan la detención de Grosso, a quien consideran jefe de una asociación ilícita, cuya existencia es la que ahora ordena investigar la Cámara. A diferencia de los delitos que hasta ahora se le imputan al ex intendente, ése tiene una pena de cinco a doce años de prisión. Por lo tanto, si Otero dispone su detención, Grosso no podría ser excarcelado.

El caso por el que Grosso podría acabar en la cárcel se remonta a 1990, cuando el entonces intendente privatizó el Golf y el Velódromo. La firma a la cual se le concedieron ambos predios fue Asesores Empresarios, que --según pruebas reunidas en la causa-- no tenía ni siquiera domicilio. Pero su presidente era Osvaldo Diéguez, quien desde la FEPAC financió la campaña presidencial de Menem y tenía entre sus socios para el emprendimiento a Héctor Antonio, hijo del empresario Jorge Antonio, de reconocida amistad con Juan Perón y Carlos Menem.

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