|
Por Carlos Rodríguez En un operativo fulminante donde abundaron los golpes y el maltrato principalmente a mujeres y niños, la Policía Federal desalojó un predio ubicado en la zona del Bajo Flores que había sido ocupado por unas 100 familias sin techo que pretendían levantar allí precarias viviendas. Después de una fallida negociación para intentar una salida consensuada, los funcionarios del gobierno porteño intervinientes dejaron el asunto en manos de la policía, que anunció a los ocupantes que tenían diez minutos para desalojar el lugar. La advertencia se cumplió, inflexible, y cerca de 100 policías se lanzaron sobre un reducido grupo de personas que intentó resistir haciendo una sentada. Hubo ocho detenidos --entre ellos una menor-- acusados de "usurpación". Podrían recuperar su libertad en las próximas horas, pero seguirán ligados a la causa. La policía golpeó y se llevó a la rastra a una mujer que lideró el atisbo de rebelión. La ocupación de tierras comenzó a las 6.30 de ayer en un predio de unas tres manzanas ubicado en la calle Esteban Bonorino, en el cruce con la avenida Castañares, cerca de la villa denominada "1-11-14". Los ocupantes, en su mayoría de nacionalidad boliviana, eran familias con hasta ocho o diez miembros cada una. Marlene (42), madre de cuatro chicos, explicó que viven en la villa cercana, en casas alquiladas. "Como éstos son terrenos fiscales que pertenecen al Gobierno de la Ciudad y que sólo se usan para tirar basura, nosotros queríamos que nos dieran la posibilidad de levantar una casa y después buscar la forma de pagar la tierra que ocuparemos". José Vargas (41) y Encarnación Flores (35), los dos bolivianos, tienen tres hijos de entre cuatro y 15 años. Se habían instalado en una de las parcelas rectangulares que habían sido delimitadas precariamente por los vecinos, con el propósito de obtener "una lugar donde vivir porque las casas en las que estamos, además de no ser nuestras, se inundan y desde hace seis años prometen una solución que no aparece por ningún lado". El arquitecto Carlos Ibáñez, de la Comisión Municipal de la Vivienda, tomó contacto con los vecinos, primero para conocer sus reclamos y luego para solicitarles que se fueran. El subsecretario de Vivienda del gobierno porteño, Oscar Bouzo, explicó que en el lugar "se licitó la construcción de un barrio de 190 viviendas para gente de bajos recursos cuya adjudicación está en marcha y era imposible permitir que estas personas permanecieran allí". Los funcionarios se limitaron a pedirles que se retiraran y que después podrían "sentarse a conversar". Los vecinos realizaron varias asambleas para buscar alternativas de negociación, pero tropezaron con la misma respuesta. A lo largo de la jornada, Mirtha (41) fue erigiéndose en una de las líderes a la hora de resistir el desalojo. Cerca de las 17, el comisario Angel Aragona, titular de la seccional 38ª, anunció a los vecinos que tenían "diez minutos" para irse, mientras las tropas de la caballería e infantería cercaban el lugar. Mirtha comunicó a la policía la decisión de permanecer allí. Unas 50 personas que la rodeaban se sentaron junto con ella sobre un montículo de tierra. La primera en ser sacada del lugar con violencia fue Mirtha. La arrastraron por el suelo casi cien metros, mientras unas ocho o diez personas --la mayoría mujeres-- trataban de defenderla. Los policías usaron sus bastones para golpear a los que se resistían. Un uniformado, que en su pecho llevaba escrito su nombre --L. F. Aguirre-- golpeó a varias mujeres clavándoles virtualmente la punta de su bastón en la espalda. La confusión era total. Los chicos lloraban y un niño de 12 años, hijo de Mirtha, gritaba para que soltaran a su mamá. Durante varios minutos, un policía de civil --que desoyó hasta a sus propios superiores-- tomó al chico desde atrás, con fuerza, como aplicándole una toma a lo Martín Karadagian. Los vecinos y algunos periodistas se fueron encima del policía para tratar de rescatar al pibe. Cuando todo había terminado, el comisario Luis Fernández, superintendente de Seguridad Metropolitana, agradeció a la prensa porque "facilitó el desalojo, sin que se produjera una violencia mayor". Los vecinos brindaron a los periodistas una versión más directa: "Si se iban ustedes, nos mataban". El ombudsman porteño, Antonio Cartañá, que se hizo presente en el
lugar, sostuvo que "con la mitad de lo que costó Puerto Madero no teníamos que
vivir esta vergüenza" si el dinero se destinaba a la construcción de viviendas. |