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UN FUNCIONARIO CON
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Por Andrés Osojnik
Días atrás la administración de la Reserva fue objeto de una denuncia judicial por una serie de supuestas irregularidades en el área contable y administrativa. En el expediente se mencionó que el coordinador de la Reserva, Sergio Recio, utilizó personal del organismo para tareas en su casa. Esas acusaciones fueron rechazadas por Recio y García Espil, de cuya área depende la Reserva. La nueva denuncia fue concretada por una mujer de identidad resguardada. La empleada había concurrido a la oficina del ombudsman el 26 de abril pasado para relatar que era "hostigada en forma permanente" por su superior jerárquico, Jorge Cutuli, quien --según las palabras de la mujer-- le reclamaba "sexo". La mujer, que es casada, relató que la situación se arrastraba desde hacía poco menos de un año. Cutuli es encargado de fin de semana en la Reserva y uno de los hombres de más confianza de Recio. El responsable en la oficina del ombudsman de controlar a los funcionarios, Eduardo Guarna, notificó el hecho a Enrique García Espil. El secretario de Planeamiento Urbano se comprometió a resolver el asunto. Sin embargo, a la semana, S.C.S. --las iniciales de su nombre-- volvió a la Defensoría para comunicar que la situación se había vuelto "feroz". Guarna volvió a citar a García Espil, pero en su lugar acudieron Juan Walsh, el subsecretario de Medio Ambiente, y el titular de la Reserva. En esa reunión, ambos funcionarios suscribieron un acta por la que se comprometían a trasladar a la mujer a otro ámbito e iniciar sumario a Cutuli. La situación para S.C.S. se volvió entonces insostenible, según su denuncia. En su domicilio recibió un sobre anónimo con fotos de mujeres practicando sexo oral. Ese fue el detonante para que la mujer pidiese una licencia médica, aconsejada por su médico, que le diagnosticó angustia y depresión. A la Defensoría, en tanto, nunca llegó una respuesta desde el gobierno porteño en torno del tema, por lo que el 22 de junio Cartañá decidió llevar el caso a la justicia penal. En su resolución, el defensor del Pueblo aseguró que "si bien la legislación no ha introducido la figura del acoso sexual como materia de protección de los derechos personalísimos, se puede inferir que la Ley de Represión a los Actos Discriminatorios introduce los hechos que violan el bien jurídico protegido". "Se han menoscabado los derechos de la mujer --continúa Cartañá-- al ser violada en su integridad, mediante un continuo acoso sexual, que incluso la ha llevado a sufrir lesiones de tipo psíquico, afectando además su derecho al trabajo en condiciones dignas e igualitarias". El ombudsman no cerró la denuncia en torno de Cutuli: "Lo grave de la situación --señaló-- no es sólo que existe un hostigador, sino que al ser anoticiados sus superiores, en nada han cambiado las circunstancias". Como abogado de la Defensoría, Guarna se presentó entonces ante el fiscal Marcelo Munilla Lacasa, que investiga las otras denuncias vinculadas a la Reserva, y denunció a Cutuli por "violación a la Ley de Discriminación, en concurso material con lesiones, por la afectación de la salud". A García Espil, Walsh y Recio los acusó del delito de encubrimiento. Munilla Lacasa tomó declaración el viernes pasado a S.C.S, quien ratificó la denuncia. El caso penal abrió nuevamente la polémica en torno de la figura del acoso. Consultada por este diario, la abogada Carmen González, especialista en el tema, se mostró partidaria de mantener ese tipo de denuncias en el fuero laboral y civil: "Con los casos de homicidios, drogas y robos que tienen, es difícil que los jueces penales tomen un caso de acoso sexual". Hoy se conocerá a qué juez le corresponde investigar el caso de S.C.S.
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Por primera vez un caso de acoso sexual en la Capital es
investigado por la justicia penal, pese a que esa figura no existe en el Código. La
variante jurídica con la que fue denunciado el hecho hace hincapié en la discriminación
y las lesiones presuntamente sufridas por la víctima. El caso involucra a un funcionario
de la Reserva Ecológica porteña, demandado por acosar a una empleada de ese organismo.
El caso fue llevado a Tribunales por el ombudsman de la ciudad, Antonio Cartañá, que
incluyó en su presentación la denuncia por encubrimiento de la situación a toda la
línea jerárquica responsable del funcionario acusado, incluido un miembro del gabinete
de Fernando de la Rúa: el secretario de Planeamiento Urbano y Medio Ambiente, Enrique
García Espil.