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Por David Cufré  Los ministros comenzaron ayer a cumplir la orden de Carlos
Menem de recortar en 1000 millones de pesos el gasto público. En una reunión que
mantuvieron anoche en Casa Rosada, Roque Fernández se explayó sobre la necesidad de
hacer ese ajuste para enfrentar la crisis internacional. "El que no ajusta es un
inglés", dijo pretendiendo caer simpático, una hora después que las manos de
Carlos Roa lograran el pase de Argentina a los cuartos de final. No lo logró: después de
su exposición, cada ministro manifestó su disgusto por la poda que deben hacer en los
gastos. Pero la más molesta fue la responsable de Educación, Susana Decibe, quien
considera como una "persecución personal" el monto del recorte reclamado a su
cartera.
Fernández, cuyo poder en el gabinete venía siendo cuestionado cada vez con mayor insistencia, se dio el gusto de presentarse ante la prensa para anunciar que en el encuentro se acordaron los lineamientos globales del ajuste. Sin embargo, indicó que el detalle sobre cómo será el recorte en cada cartera se definirá en los próximos diez días. Uno de los colaboradores más cercanos al jefe de Hacienda reconoció ante este diario que los ministros están molestos, pero aceptan la reducción de gastos porque es una orden directa del Presidente. No es una batalla ganada por Fernández, quien, a diferencia de Domingo Cavallo carece de fuerza propia para imponer una medida polémica, sino una decisión del jefe de Estado. Ese hecho quedó demostrado en la imposibilidad de Fernández para determinar ayer mismo cómo se hará el recorte. En cambio, aguardará el regreso de Menem de su gira a fin de que su sola presencia acalle las quejas de los ministros. Decibe es quien hasta ahora insinuó que podría rebelarse. Sostiene que el ajuste de 182 millones de pesos reclamado por Economía es un ataque personal. "Habrá que suspender la construcción y reequipamiento de escuelas, y los planes de capacitación a docentes", dijo a Página/12 una fuente de esa cartera. Decibe reclama que la subejecución de gastos sea de 60 millones. También insiste en que el proyecto de gravar a los autos, aviones y barcos sigue en pie, a pesar a la decisión de Menem de suspenderlo. En Economía admiten que no será fácil la negociación con cada ministerio para diseñar cómo se ejecutará la rebaja. "Excluyendo los gastos imposibles de cortar para que cada cartera siga funcionando, quedan 5000 millones de pesos sobre los que deberá hacerse el ajuste", reveló uno de los escuderos de Fernández. "Este recorte no significa enfrentar a Economía con otros ministerios", aclaró Fernández, quien señaló que la poda de gastos en su propia área será una de las mayores y rondará los 250 millones de pesos. Aprovechando el espacio político que le concedió Menem, Fernández apuntó también contra los consultores que critican su ineficacia para contener el gasto público. "Quiero replicar enfáticamente el comentario de algunos analistas sobre que el gasto es excesivo. No es verdad, cualquier comparación con otros países demuestra que lo que se gasta en relación al PBI es relativamente bajo", puntualizó el ministro. Además, insinuó una crítica al jefe de la DGI, Carlos Silvani, con quien mantiene una relación distante, al señalar que el ajuste obedece, entre otros motivos, a los problemas para recaudar. "Debemos mejorar mucho la administración tributaria", afirmó Fernández, dirigiendo sus palabras al asesor, en uso de licencia, del FMI. Por otra parte, en Economía dijeron que sobre los 1000 millones del recorte, ya se llevan ejecutados 600 millones, correspondientes a las partidas no utilizadas en la primera mitad del año. También aclararon que no habrá recorte de sueldos en la administración pública y que se privilegiará a las áreas de gobierno dedicadas a atender la cuestión social para que sean las que menos ajusten. Esto es para no afectar la imagen del Gobierno, mientras Menem pelea por una segunda reelección.
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