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Por Fernando Almirón  Después de un duro cruce
de acusaciones con la oposición, el oficialismo obtuvo ayer lo que quería. Logró que se
votara el proyecto de resolución en la que se le reclama a la Justicia de los Estados
Unidos "una respuesta en tiempo y forma" sobre la responsabilidad de los
directivos de la casa matriz de IBM en las coimas que se pagaron por los contratos con la
DGI y el Banco Nación, sin los agregados que reclamaba la Alianza. En una votación
partida en dos, se aprobó el proyecto inicial por unanimidad: el que demanda respuestas
al Departamento de Justicia norteamericano, y comunicaba la situación a la Cámara de
Representantes de los Estados Unidos. Pero cuando llegó la hora de votar los artículos
propuestos por los aliancistas, que pretendían incorporar una queja contra el gobierno
nacional que también se demoró en responder a los requerimientos de la Justicia
norteamericana relacionados con el mismo tema, los legisladores justicialistas
"perdieron" las llaves que los habilitan en el tablero electrónico y luego de
un cuarto intermedio levantaron la sesión.
Luego de la reunión que mantuvieron el martes los miembros de la Comisión Investigadora con los ministros Guido Di Tella y Raúl Granillo Ocampo, junto con los jueces federales Adolfo Bagnasco y Carlos Liporaci --que entienden respectivamente en las causas IBM-Banco Nación e IBM-DGI--, los diputados acordaron elaborar un proyecto de resolución dirigido al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para reclamar respuestas a las rogatorias y exhortos enviados por los magistrados en el marco de la causa. Bagnasco y Liporaci quieren interrogar a cuatro directivos de la Big Blue sobre su responsabilidad en el supuesto pago de sobornos a funcionarios argentinos. En el Gobierno creen que así se podrá demostrar la responsabilidad de Domingo Cavallo en el affaire. La Justicia norteamericana puso reparos y los jueces se quejaron ante los diputados cuando los visitaron la semana pasada en sus juzgados. A toda velocidad se redactó el proyecto de resolución y parecía que sería aprobado rápidamente en la sesión de ayer. En el texto original, que finalmente fue votado, se peticiona "enérgicamente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que de adecuado cumplimiento, en tiempo oportuno, a las rogatorias del Poder Judicial de la Nación que fueran remitidas en el marco del Tratado de Asistencia Mutua en Asuntos Penales y libradas en las causas penales que tienen a su cargo los jueces federales Adolfo Bagnasco y Carlos Liporaci" que investigan "la conducta de los directivos de la empresa IBM". El segundo artículo del Proyecto dice: "Dirigirse a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos haciéndole saber la actitud reticente exteriorizada por funcionarios sin la debida jerarquía institucional". "Felicito a los diputados justicialistas por este repentino ataque de antiimperialismo", dijo el frepasista Horacio Viqueira antes de proponer los agregados al texto original y se ganó los abucheos de la bancada justicialista. "Sospecho que hay alguien que quiere proteger a algún delincuente y no avanzar en el trabajo de esta comisión", le retrucó Carlos Soria (PJ). Viqueira retomó la palabra en una sesión que levantaba temperatura para señalar que "el bloque oficialista no debe olvidar que todos los recibieron dinero (coimas) son o fueron funcionarios de este Gobierno". Lo que generó nuevos abucheos por parte del oficialismo. Sin inmutarse, el frepasista comenzó a señalar la responsabilidad de Juan Carlos Cattáneo, Claudia Bello y Ricardo Cossio en el affaire informático para luego proponer que se agregue al proyecto de resolución un tercer artículo en el que se exhorte al gobierno argentino a cumplir con un pedido de documentación que le fue enviado en febrero de 1996 por la secretaria de Justicia de los Estados Unidos (ver aparte). El bloque justicialista se negó a efectuar el agregado y los aliancistas Rafael Flores y Eduardo Santín acusaron de "encubrimiento" a los diputados oficialistas "por su cerrada negativa a dar tanto a la Justicia norteamericana como a la argentina los datos de los ex funcionarios y actuales funcionarios del Ejecutivo". Viqueira y Flores señalaron tanto al secretario general de la Presidencia, Alberto Kohan, como al consejero presidencial Emir Yoma, en las transacciones entre la empresa informática y el Estado nacional. Los jefes de los bloques acordaron separar la votación en dos partes. Por un lado el texto original, que se votó por unanimidad. Luego, en una segunda votación, se dirimirían los artículos propuestos por la Alianza, que de ganar serían agregados al texto original. Pero no pudo ser. Cuando llegó la hora de votar nadie estaba en su banca, el presidente a cargo del cuerpo, Marcelo López Arias (PJ), dispuso que se votara electrónicamente. Pero los justicialistas no encontraban sus llaves para activar el botón. Entonces se dispuso un cuarto intermedio y finalmente, pese a que había quórum, Lopez Arias decidió levantar la sesión. "No querían que se apruebe el artículo que apunta a la responsabilidad del Gobierno en las demoras de la investigación", afirmó Viqueira. El texto que quedó afuera exhorta "al Poder Ejecutivo nacional a que dé adecuado cumplimiento a la petición cursada por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos" y que "está referida a la investigación que está llevando a cabo dicho departamento para determinar si IBM o sus subsidiarias violaron las leyes criminales de los EE.UU. y en especial la ley de prácticas corruptas en el extranjero". El oficialismo dice que la culpa es de otros.
Cruce de Roggero con Sonia Cavallo Por F.A.
Roggero no deja pasar un día sin cubrir de sospechas a Domingo Cavallo, a quien pretende instalar en el centro del escándalo informático por los contratos entre IBM y el Estado nacional por los cuales el Tesoro pagó 800 millones de pesos. Mediante una riesgosa estrategia, ya que habría más funcionarios y ex funcionarios del Gobierno involucrados en el caso, el bloque de diputados justicialistas está dispuesto a aprovechar el apoyo que tiene por parte de los jueces federales Adolfo Bagnasco y Carlos Liporaci --ambos con pedidos de juicio político en la Cámara baja-- para forzar el desafuero del actual diputado de Acción por la República y ponerlo en manos de la justicia, y si es posible que vaya preso. La semana pasada las sospechas alcanzaron al hermano del ex ministro, Jorge Cavallo, quien fue proveedor de IBM en los polémicos contratos a través de su empresa Latin Trade, allanada por Bagnasco en busca de pruebas. Después fue una sobrina del ex ministro la que fue convocada por los jueces, y ahora le llegó el turno a su esposa, quien aseguró: "Tengo luz verde de mi marido para defenderme". Y dijo: "Roggero es menemista". El plan de demolición de Cavallo seguirá la semana que viene con la presencia ante la Comisión investigadora de más implicados en el affaire. En lista de espera se encuentran Gustavo Soriani (ex directivo de IBM) y Jorge Alladio (un ex funcionario con cuentas en el extranjero). Para después, los diputados oficialistas ya están trabajando en la llamada "causa del oro" donde, según un dictamen de la Comisión Antimafia del año pasado, al ex ministro le correspondería, al menos, la responsabilidad política del gigantesco fraude.
Pedido sin respuesta y acusaciones cruzadas
Por José Natanson
El contrato suscripto por la firma norteamericana y el BN en 1994 alcanzó los 249 millones de dólares. IBM subcontrató a su vez a la empresa CCR-Consad, propiedad de Marcelo Cattáneo, el hermano de Juan Carlos, quien se desempeñó como segundo de Alberto Kohan. Se sospecha que CCR nunca realizó los trabajos por los que fue contratada, y que los 37 millones de dólares que le pagó IBM fueron a parar a varias cuentas a nombre de los funcionarios involucrados. El escrito de la Justicia de Estados Unidos apunta a determinar si IBM violó las disposiciones de ese país, que penalizan a las empresas norteamericanas que cometan ilícitos, como el pago de sobornos, aun cuando estos hechos ocurran fuera de sus fronteras. En el primer párrafo, el documento de febrero de 1996 hace mención a los acuerdos binacionales en materia legal y explica que el objetivo es requerir toda la información necesaria para convocar al gran jurado. "La Autoridad Central de los Estados Unidos solicita la asistencia de las autoridades correspondientes en la Argentina de acuerdo con el Tratado de Cooperación entre la República Argentina y los Estados Unidos de América para asistencia Legal Mutua". El pedido añade que se está llevando a cabo una investigación para determinar "si IBM violó leyes criminales de los Estados Unidos por sobornar a oficiales del gobierno en Argentina a cambio de serles otorgado un contrato lucrativo para modernizar los sistemas de computación utilizados por bancos propiedad de y operados por el gobierno". En otro párrafo, se solicita que "por favor entrevisten a las siguientes personas y permitan a las autoridades de los Estados Unidos estar presentes y participar". En la lista figuran los principales imputados en la causa, como los hermanos Marcelo y Juan Carlos Cattáneo, el ex presidente del Banco Nación Aldo Daddone y los ex directivos de la empresa informática Ricardo Martorana, Javier Orcoyen, Wilmer Guecaimburú y Gustavo Soriani. Además, se menciona a tres dirigentes políticos: el secretario general de la Presidencia Alberto Kohan, el ex senador José Octavio Bordón y el diputado del PJ Rodolfo Gabrielli. La Justicia norteamericana "solicita que la información sea proporcionada tan rápido como se pueda. Se cree que evidencia documentaria se perderá o se destruirá intencionalmente según pase el tiempo. Adicionalmente, la memoria de los testigos se disipará con el tiempo". Las versiones sobre por qué el pedido no fue respondido en tiempo y forma son tres, de las que se desprenden tres responsables. --La versión de Domingo Cavallo: "Bagnasco nunca diligenció la solicitud porque no tiene ningún interés en colaborar. Lo único que mandó fue las 20 mil fojas del expediente, pero no el resto de la información. Esto forma parte de la estrategia del menemismo, que busca quitarme los fueros imputándome falsamente en el caso IBM-Banco Nación", explicó ayer el diputado a Página/12. El ex ministro añadió que la citación para que testifique Kohan no fue dispuesta a raíz del pedido de los Estados Unidos. "Bagnasco lo llamó a declarar luego de que yo denuncié una reunión, en la estuvo presente Carlos Menem, y en la que Kohan dijo conocer los nombres de los funcionarios que recibieron la coima". El legislador de Acción por la República Guillermo Francos sostuvo que "el juez debería haber respondido a este documento y, en cuanto a lo que escapaba a su competencia, debería haber abierto otra causa para girarla al juez de turno, cosa que nunca se hizo". --La versión del juzgado. Según una alta fuente del juzgado, "el pedido de Estados Unidos no fue realizado de manera correcta, porque no fue requerido por el Poder Judicial de ese país sino por el Ejecutivo. A título de colaboración le remitimos copia íntegra del expediente. El FBI tardó dos años en seleccionar el material que pusimos a disposición desde el primer momento. Además, hay cuestiones --como la declaración de José Bordón y Rodolfo Gabrielli-- que están por fuera de la competencia del juzgado". --La versión del diputado Viqueira: "La responsabilidad es del Ministerio de Justicia argentino, porque los exhortos se tramitan entre gobiernos. Según el tratado de Asistencia Mutua con los Estados Unidos, el ministerio debió mandar este pedido al juez de turno. El magistrado, a su vez, debe abrir una causa, por medio de la cual requiere a todos los jueces relacionados que aporten toda la información disponible. Mandarle el documento a Bagnasco fue un error, involuntario o no". Tras la discusión puede leerse entre líneas la interna entre
funcionarios, ex funcionarios y miembros de la Justicia. Ayer, un dirigente del partido de
Cavallo agregó un dato. Recordó que José Octavio Bordón, una de las personas
mencionadas en el pedido, renunció a su banca de senador catorce días después de que el
documento fuera agregado al expediente. "En su momento se especuló con que Bordón
le dejó el sillón a Eduardo Bauzá a cambio de que no se lo persiga en esta causa",
explicó el dirigente.
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