|
El juez en lo penal económico Guillermo Tiscornia ingresó ayer en la galería por la que desfilaron ya dieciséis colegas suyos durante la gestión del presidente Carlos Menem: la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad el dictamen que aconseja su enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos. A Tiscornia se lo acusa de haber permitido a evasores y defraudadores del fisco continuar con sus actos ilícitos. La decisión de la comisión le costó un disgusto al jefe de la bancada oficialista, Humberto Roggero: debió soportar un sermón del ministro del Interior, Carlos Corach, que le recriminó la falta de decisión del bloque para impedir el juicio a Tiscornia. La respuesta de Roggero al ministro no fue nada suave (ver aparte). Aunque Domingo Cavallo lo señaló hasta el hartazgo --y todavía lo hace-- a la hora de fustigar a "la Justicia menemista", fueron los severos cuestionamientos que Tiscornia recibió de parte de la oposición y del propio oficialismo los que abrieron el camino a su enjuiciamiento. De hecho, al recomendar en forma unánime la apertura de ese trámite, los miembros de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja sintetizaron los dos pedidos que en ese sentido habían realizado los diputados aliancistas Elisa Carrió, Melchor Cruchaga y Alfredo Bravo y el titular de la AFIP (DGI más Aduana), Walter Silvani. La Comisión de Juicio Político recomendó enjuiciar a Tiscornia en base a los elementos reunidos en su contra durante la etapa de recolección de pruebas del proceso. A la luz del consenso alcanzado en esa comisión con mayoría oficialista y presidida por el peronista César Arias, la aprobación del dictamen en el recinto será un mero trámite. Tanto es así, que la intención de los diputados era tratarlo anoche mismo, aunque hasta el cierre de esta edición no lo habían hecho. Una vez aprobado en Diputados, el expediente será girado al Senado, donde el magistrado será juzgado por los veinticinco cargos que se le imputan. La decisión de llevar a Tiscornia al banquillo de los acusados terminó de madurar hace dos semanas, cuando el juez no concurrió a realizar su descargo frente a los diputados. Tiscornia se amparó entonces en un supuesto estrés laboral --que acreditó con certificados médicos-- para justificar su ausencia. Los legisladores le dieron diez días de gracia y como el magistrado no apareció --pidió más tiempo-- apuraron la redacción del dictamen que recomienda su enjuiciamiento. Tiscornia deberá responder, entre otras cosas, ante el Senado por su desempeño en la sonada causa de la "mafia del oro", como se denominó al fraude con las importaciones y exportaciones de oro que ocasionaron al fisco un perjuicio estimado en 600 millones de dólares. Al juez se lo acusa por no haber tomado medidas ante las pruebas aportadas por la Aduana y por dilatar su accionar para permitir que Enrique Piana --el responsable de Casa Piana, una de las involucradas en la defraudación-- dejara el país antes de ser procesado. También se lo incrimina por no haber investigado a las firmas Gibert, Talami y la misma Casa Piana. El caso de la "mafia del oro" no es el único en el que se detectó que Tiscornia permitió a evasores y defraudadores del fisco continuar con sus actos ilícitos. En la causa por contrabando y evasión fiscal contra la textil Angelo Paolo se lo acusa por haber resuelto intempestivamente el sobreseimiento. También se lo acusa por los recursos de amparo que concedió en favor de distintos frigoríficos (Ganadores del Oeste, Establecimiento Faraón y Ganchera) que pertenecerían a Alberto Samid, a quien la AFIP atribuye millonarias defraudaciones al fisco.
ENTRONAMIENTO Y OCASO DE UN JUEZ CUESTIONADO La investigación del caso de la "aduana paralela" marcó la vida de Guillermo Tiscornia como juez. La tramitación hizo que su nombre cobrara notoriedad, pero lo llevó a toparse también con su principal enemigo: Domingo Cavallo, quien incluyó su nombre en la famosa servilleta en la que el ministro del Interior, Carlos Corach, tenía anotados a los jueces que le eran fieles y todavía hoy lo enarbola como bandera, cuando de denunciar a la "Justicia menemista" se trata. Tiscornia cumplió el sueño del juzgado propio catorce años después de recibirse como abogado en la Universidad Católica Argentina: el 25 de agosto de 1993, el Senado le concedió el acuerdo para que se hiciera cargo del Juzgado 7 en lo Penal Económico, a pesar de los interrogantes que abrían sus antecedentes en la carrera judicial. Como secretario del Juzgado 3 del mismo fuero, Tiscornia fue sancionado por la Cámara al ser descubierto que había agregado un oficio a la causa sobre tráfico de drogas en la que estaba involucrado Carlos Sauvignon Belgrano. Poco antes de ser nombrado juez, también redactó la excarcelación del fallecido empresario Carlos "Cacho" Steimberg, en una causa por contrabando de automóviles. Steimberg estaba vinculado comercialmente con Carlos Menem hijo y Zulema Menem. El pliego para su nombramiento fue elevado a los dos meses de esa excarcelación. Pero fue Cavallo quien terminó por denunciar las sospechadas vinculaciones de Tiscornia con el poder menemista. En la causa de la "aduana paralela", el magistrado encarceló al cavallista Gustavo Parino y el ex ministro de Economía emprendió la arremetida. Lo vinculó con Corach y le puso el sello "juez menemista". El cuestionado desempeño de Tiscornia en la investigación de la "mafia del oro" y de las evasiones fiscales que se le atribuyen al matarife Alberto Samid terminaron por ponerlo bajo la lupa de los diputados. Del juicio político que lo espera en el Senado depende la continuidad de su sueño del juzgado propio.
|