Página/12

Ayer, en las escalinatas de la Legislatura, las travestis y los "Vecinos por la Convivencia" repartieron como volantes cientos de cajas de pizza. Los souvenirs simbolizaban el regreso de la coima policial al reino del sexo callejero. Del otro lado, los vecinos más ofendidos de Palermo atacaron con carteles. "Nos están poniendo trabas", desplegaron fieles al nacional doble sentido. Al final esas posiciones no variaron. El texto que a la madrugada había acordado la Alianza para salir del conflicto en el que se vio sumergida en los últimos dos meses no conformó a ninguno de los dos sectores más interesados en el asunto. El artículo 71 del Código de Convivencia aprobado con los votos de la Alianza y el PJ limita la prostitución sancionando a aquellas trabajadoras del sexo que con su métier alteren la tranquilidad pública. Y da paso a la policía para que si se niegan a desistir en las actitudes penadas las detenga, aun sin la presencia de los fiscales. Sin embargo, según el código, no podrían llevarlas a una comisaría, sino ante el juez de turno.

Una vez que entre en vigencia el texto aprobado, entra en contravención toda prostituta que altere la tranquilidad pública "frente a viviendas, establecimientos educativos o templos, o en su proximidad". Las formas en que la paz urbana puede ser trastrocada son la "concentración", los "ruidos", o "perturbación del tránsito", conductas que ya estaban estipuladas en la anterior redacción acordada por el bloque aliancista. A ese texto se le agregaron dos causas: "por realizarse con hostigamiento o exhibiéndose en ropa interior o desnudo/a". Además se eliminó la frase con que comenzaba: en la ciudad "no se prohíbe ni se reglamenta la prostitución". Luego, se modificó la parte más conflictiva del asunto: cuál es la autoridad de aplicación, o sea hasta dónde puede intervenir la policía.

En ese punto es que se hizo una concesión de última hora, para evitar que la Alianza votara dividida, y dejara de esa manera en la sociedad la imagen que intentan borrar, la de una fuerza sin capacidad de toma de decisiones que les permitan ser gobierno. Y para evitar, si no sumaban todos y cada uno de los votos propios, que se reacomodaran los delarruistas que buscaban la prohibición, sumándose a Nueva Dirigencia, o eventualmente al PJ, y en el recinto triunfasen quienes querían eliminar el sexo callejero.

Fue así que se determinó que se dará intervención al Ministerio Público Fiscal cuando corresponda aplicar el artículo 19, o sea cuando sea necesaria la "coacción directa" para "hacer cesar la conducta de contravención cuando pese a la advertencia se persiste en ella". Explicado significaría que el policía le advierte amable a la travesti que pare de mostrar los pechos, o gritar, u hostigar a un cliente. Si no lo hace, la puede "aprehender" para que ante un juez se le labre un acta contravencional, luego de lo cual puede irse a su casa hasta que el magistrado la juzgue en un lapso corto. Claro que nadie puede asegurar que en el momento de dar parte al fiscal el policía no volverá a pedir un diezmo a la prostituta, y entonces se restablecerá la caja chica que se había eliminado junto a los edictos.

La retorcida historia del artículo que llevó a una de las polémicas más fogosas de los últimos años comenzó con la sanción del nuevo Código de Convivencia Urbana, en marzo, como un nuevo ordenamiento legal para la ciudad autónoma. De ese código quedaron algunos aspectos conflictivos que debían resolverse después de análisis y consultas al interior y al exterior de la legislatura. Así fue que en medio de una parva de proyectos donde se destacan las sanciones por violación de normas de tránsito, la oferta y demanda de sexo en la vía pública hegemonizó la escena. Las intenciones más libertarias de los legisladores de la Alianza fueron decreciendo a medida que dentro de la fuerza se tomaba conciencia de los impactos de esas pretensiones hacia la opinión pública y hacia los grupos de presión.

Los demás siguieron siempre en sus tesituras. La Alianza padeció su variedad interna, no sólo de sectores, sino también de filosofías políticas a la hora de ponerse en funcionamiento. Eran cuatro sectores, dos en el radicalismo, y dos en el Frepaso, que no lograban acuerdo. Con un tamiz de las distintas posiciones, sacando ideas de varios proyectos, y con el criterio de que se sancionaba el abuso del espacio público y no el ejercicio del oficio más antiguo, acordaron hace diez días un texto donde se limitaba la actividad tratando de evitar todo show que alertara a la vecindad. El sector más duro, es decir la mayoría de los frepasistas encabezados por Eduardo Jozami, instaló una cola en el artículo que le quitaba el poder de arrestar a la policía. Obligaba que para que una prostituta fuera metida en un celular estuviera presente un fiscal del Ministerio Público. La idea duró poco.

En la madrugada de ayer parecía naufragar el acuerdo. Los radicales y los frepasistas moderados insistían en que sólo se avisara por teléfono a los fiscales a la hora de detener. Si era así, doce de los 19 frepasistas se abstenían o votaban en contra. Los números no daban. Encima de mostrarse dividida, la Alianza podía perder ante la prohibición. Encontraron un atajo, que a los duros les resultó "el mal menor".

Los vecinos de Palermo ganaron las posiciones adentro. Las travestis quedaron afuera. Pero ambos se las arreglaron para hacerse escuchar. Las estrategias de las batallas cruzadas.

Los organismos de derechos humanos lograron ingresar al recinto para repudiar los cambios.
La principal queja fue el mayor poder que obtiene la policía a partir de la votación de ayer.

Apenas pasan las 10. Micaela aprieta el cuerpo contra la mesa de ingreso a la Legislatura. "No hay más lugar, ¿entiende?, no hay más", advierte a la travesti una recepcionista. Los 150 tarjetones amarillos disponibles para el público acaban de terminarse. A Micaela le habían ganado de mano. Dentro del recinto en el que en pocos minutos comenzaría a definirse el nuevo Código de Contravenciones porteño, asociaciones de vecinos ocupaban dos tercios del espacio público. Esa avanzada incluía el posicionamiento desde el vallado que dividía la sala de sesiones. A la pegatina vecinal que rezaba "No a la Ciudad Autónoma del Santo Travesti", las travestis, prostitutas y organismos de derechos humanos contestaban con otro cartel: "200 mil detenciones anuales antes de la derogación de los edictos".

Afuera comenzaba la resistencia. Micaela no fue la única excluida. Un centenar de travestis pisó a destiempo el hall de entrada.

Eran las 10.45 y Enrique Olivera pitaba el inicio de la sesión. Pero el campo de juego se definía a sus espaldas. Metida en la barra de vecinos, una rubia bufaba por anticipado: "Esto me va a dar tanta bronca, ¿viste? Al final van a ganar ellos". A pocos metros, un gordito inquieto no conseguía paz. Ida y vuelta, paseaba el traje por el único corredor libre del recinto. Era del mismo equipo de la rubia y de parado nomás rompió las formas para sacudir un ademán de paliza. Delante de la sala, la voz del belicista Enrique Rodríguez hablaba del respeto a las minorías.

Poco le faltó a la mujer para ser cazada por otra rubia que desde la tribuna opuesta le apuntaba con una filmadora. La vecina vuelta documentalista no logró más que dos minutos de grabación. "Será para su casa, ¿viste?", cargaba una meretriz. "¿Trabajará para la Side?", ironizaba otra. Ante el bajo consenso, la rubia bajó la cámara y se sentó.

Cada voz legislativa fogoneaba el caldeo en la sala. Cristina, una vecina de Palermo Viejo quedó tambaleando por un ataque de tos. Aníbal Ibarra acababa de autorizar la palabra al radical Cristian Caram. Detrás de las vallas, mano en boca, la mujer agudizaba su tos buscando eco. Lo consiguió. Los vecinos improvisaron un repulsa general en coro de toses. Para los más apasionados no fue suficiente. "Andá a trabajar", gritó uno, sin vueltas. "Qué va a ir, si no le gusta el laburo", asentía otro.

En la explanada trasera del San Martín, una trinchera policial acentuaba el exilio de las travestis sin entradas. Ahí se plantó, rubísima, Micaela con su gente. A pelear por TV lo que no obtendrían adentro. "Al dooon, al doon, al don pirulero, la Federal, la Federal cincuenta dará", ululaban.

Los vecinos tampoco querían perder la calle. Invirtieron en un iglú para dos. Así quedó plantada la "carpa de los derechos de los vecinos". Para custodiarla, hicieron relevos. La guardia a primera hora de la tarde era de Gloria Dávalos, del Grupo Independiente de Vecinos de Palermo Viejo. Como en el iglú no entraba ni ella, ni sus vecinos, ni los volantes, calzaron un mesa al lado y desde allí se cuadraban ante cada preguntón. "Sí, señor, le explico." Decían quiénes eran y entregaban un volante. Los más interesados podían recibir ad hoc una miniatura de los afiches con los que desde el martes empapelaron la ciudad (ver aparte).

En el recinto, la estrategia de combate llegó envuelta en formato pizza. El envoltorio era un manifiesto: "Contribución a la que nos forzaban los edictos. El Código de Convivencia le puso fin". La ironía cayó en tiempo de almuerzo y algún hambriento desprevenido abrió la caja y en el sitio de la muzzarella se encontró con un largo recordatorio: "Dame una pizza o viene la brigada y les pide documentos a los clientes", decía uno de los puntos. La promoción incluía, por si acaso, una reproducción del nuevo, ahora viejo, Código de Convivencia Urbana.

"Veamos esto como una política que no empieza ni termina hoy. Yo no voy a decir que era esto lo que la mayoría del bloque quería." Eduardo Jozami se sincera en un alto de la sesión legislativa de ayer, y de fondo se escucha desgañitarse a una vecina de Palermo. "Es difícil pensar que uno puede ganar una batalla legislativa si no ganó una batalla política en la sociedad", dice Jozami, y recuenta las trabas que la idea de legislar sobre prostitución callejera sin prohibir, fueron apareciendo en el camino. Dora Barranco, de lo que ella misma denomina "el riñón de la resistencia" dentro del bloque de la Alianza, admite que una conjunción de factores de presión fueron ahogando las posibilidades de un texto más progresista. "Es cierto, cedimos ante la policía, pero logramos frenar lo peor, que era el riesgo de que volvamos a una situación represiva como la que se vivía con los edictos. Eso no nos lo hubiéramos podido perdonar. Esto es la arena política, a veces es necesario inflexionar".

Desde la vereda de los que gritaron ayer por la prohibición de oferta y demanda de sexo en al calle, Gustavo Beliz le dijo ayer a Página/12 lo que parece un argumento de los más extremos defensores de la libertad en la calle. "Es tan ambiguo lo que votaron que ahora la policía va a poder hacer otra vez lo que quiera, vuelve el abuso porque a la norma se la puede interpretar como uno quiera", sostuvo. "Cayeron en la ambigüedad y ellos mismos saben que no será fácil lo que se viene". En algo parece tener razón. En la alianza parte del acuerdo de la madrugada de ayer fue que se agregará una nueva norma al código, elaborada por Jozami y Facundo Suárez Lastra, virtuales arquitectos de las ultimísima delineación del proyecto. En el artículo que proponen se especifica que la policía no puede llevar a una prostituta detenida a una comisaría. El código, cuando define el arresto, aclara que no se puede detener en el mismo lugar a quien violó una contravención y a quien cometió un delito.

"¿Qué cedimos? Perdimos una garantía, la presencia del fiscal junto a la policía en el momento en que sea necesario detener", aclara Jozami. el legislador considera que a corto plazo habrá una discusión sobre "lo que la policía interprete". "Una posibilidad es que diga, como hasta hora, que no le damos poder y entonces siga con los brazos caídos. La otra es que aproveche y tenga mayor presencia usando las herramientas legales que les damos. Queremos creer que la coima estaría relativizada por el control que exista". El control sobre el accionar policial es un tema pendiente para la Alianza. "Esto es una cuestión de poder, aquí nos enfrentamos con lo peor", coinciden los frepasistas que cedieron posiciones. "Es claro, no podés persistir cuando tenés al Ejecutivo local, al nacional, a los grupos de vecinos, a la federal, y al final, a los medios en contra, es suicida", reconoció ayer un legislador del radicalismo que no quiso tolerar una rúbrica en sus confesiones.

La titular del bloque de la UCR, Gabriela González Gass, está convencida de que "la Alianza salió fortalecida de este debate". "Logramos la votación en bloque y fuimos capaces de llegar a un consenso con una figura que le quita las excusas a la policía para no actuar ante los hechos y por otro lado ya no puede llevar a las prostitutas a las comisarías, sino que tiene que dar intervención a la justicia", aseguró.

Para González Gass las dificultades en encontrar un solución al tema estuvieron basadas en el "juego político en el que intervinieron el Ministerio del Interior, la secretaría de Seguridad, la propia policía, y algunos comunicadores que terminaron potenciando conflictos exagerados". Los medios aparecieron ayer en todos los análisis. Dora Barranco reconoció que la Alianza "no pudo establecer una buena estrategia comunicacional, y eso tiene que ver con ciertas fragilidades y el propio debate interno". Jozami también apuntó afuera: "también perdimos terreno por la poca movilización de las organizaciones de derechos humanos, juveniles, estudiantiles, y de las minorías".

"En Palermo Viejo nos están poniendo Trabas". La queja impresa en unos mil quinientos afiches --sin firma-- se convirtió en el slogan de campaña elegido por los vecinos de Palermo Viejo para combatir el ahora caduco Código de Convivencia Urbana. La pegatina comenzó el martes y continuó ayer en la explanada de ingreso a la sede de la Legislatura porteña. La campaña incluyó afiches y volantes. Sobre la financiación existen puntos oscuros, aunque algunos vecinos aseguran que "se hizo una vaquita para imprimirlos".

Según los datos difundidos por los vecinos, en total se hicieron unos 1500 afiches tamaño sábana y 4000 oficio, producción que en el mercado puede tener un costo de 5000 pesos. Pero la gente de Palermo dice no conocer cuál fue su precio y entre ellos mismos existen versiones encontradas. "Lo hizo un publicista que está en el grupo. Lo diagramó y lo imprimió", aseguró a este medio Oscar Pavero. Pero el caritativo hombre, si es que lo hubo, es un enigma incluso para Pavero. "No sé el nombre, ni dónde vive", se atajó. En cambio, para otra vecina, Gloria Dávalos, la historia es otra: "Cada uno puso lo que pudo, algunos más que otros". Para la impresión, la mujer dice haber puesto diez pesos. En tren de rumores, uno incluso una versión que achacaba a funcionarios vinculados con el Ministerio del Interior, con intereses en el tema, la responsabilidad de haber puesto la plata para la campaña de quienes dicen querer "vivir sin trabas".

La imagen de una travesti no muy agraciada completa los afiches. Bajo el lema central se lee: "Trabas para dormir. Trabas para salir a la vereda. Trabas para que nuestros hijos jueguen en el barrio". Al final, se exige a los legisladores que "voten como la gente".