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 El juez federal
de San Isidro Roberto Marquevich terminó anoche de redactar la primera resolución
crucial en el caso Videla. Hoy le pondrá su firma y dará a conocer qué decidió sobre
las dos cuestiones planteadas por los abogados defensores del ex dictador Jorge Rafael
Videla, quienes sostienen que debe intervenir un tribunal militar y que por el delito de
sustracción de menores ya fue juzgado. El magistrado no quiso adelantar a este diario en
qué sentido se ha pronunciado, porque corresponde que las partes sean las primeras en
notificarse. Pero es seguro que rechazará el planteo de "cosa juzgada" y el
pase a un tribunal militar. Marquevich ratificará su competencia dado que Videla es un ex militar y hasta podría sostener que se lo imputa en tanto ex presidente y no como ex comandante. En cuanto a la "cosa juzgada", en verdad el punto que más polémicas ha desatado (ver nota aparte), ya señaló en varias oportunidades que procesó a Videla por haber encontrado características similares en el modus operandi de los militares que se apropiaron de los hijos de los desaparecidos. El ex dictador podría ser considerado responsable mediato de la organización de un plan para cometer este delito. El juez federal Adolfo Bagnasco investiga lo mismo en relación a otros socios de Videla, pero --al revés de Marquevich-- lo hace partiendo de los casos puntuales, subiendo por la cadena de mandos. El juez de San Isidro apuntó primero al pez más gordo, pero no descarta recorrer el mismo camino que su par porteño, aunque en sentido inverso. La segunda cuestión no menos importante se refiere a la situación procesal del imputado, es decir si se le dicta o no la prisión preventiva. Aunque el código antiguo que rige en este caso le da una enorme amplitud de tiempo para expedirse, Marquevich ha considerado que no sería razonable tomarse todo el plazo que le otorgan las normas legales. A casi un mes de su detención dejarlo en libertad sería casi un suicidio para su carrera como juez, y hasta podría valerle un pedido de juicio político. Cabe recordar que hasta ahora ignoró el dictamen de la fiscal federal Rita Molina, quien hace quince días avaló todos los argumentos de la defensa de Videla al sostener que en la misma sentencia del Juicio a las Juntas Militares se absolvió a los comandantes del delito por el cual ahora Videla está preso. La hermana del fallecido senador justicialista Pedro Molina cree que sólo puede ser perseguido por aquellos hechos cometidos con su participación activa y directa, y en aquella oportunidad afirmó estar convencida de que Videla ya fue juzgado por esos hechos. La fiscal considera además que debe intervenir un tribunal militar porque se le imputan hechos que ocurrieron cuando era Comandante en Jefe del Ejército. El ex presidente de facto está preso en el sector VIP de la cárcel de Caseros desde hace casi un mes, porque el magistrado rechazó el pedido de su hijo para que cumpliera el arresto en su domicilio. Jorge Horacio Videla realizó el pedido el 16 de junio en virtud del supuesto delicado estado de salud de su padre. El juez sostuvo que tal situación no había sido detectada por los médicos que lo revisaron al momento de su detención. Al día siguiente, se produjo su accidentado ingreso al edificio donde debía declarar, cuando integrantes de agrupaciones de izquierda le arrojaron palos y naranjas, y los policías tuvieron que llevarlo en vilo hasta el interior del juzgado, por temor a que los manifestantes dieran vuelta el celular que lo había transportado desde la Delegación San Isidro de la Policía Federal. Mientras espera conocer su destino, el hombre más emblemático de la represión dictatorial pasa sus horas en compañía del ex policía de la costa Daniel Diamante, procesado en el caso Coppola, quien se le acercó el pasado Día del Padre al verlo deprimido. Videla comparte con él fútbol y comida. A veces suman también al ex secretario de Lucha contra el Narcotráfico Gustavo Green.
ARSLANIAN, MORENO OCAMPO Y STRASSERA HABLAN DE
LA DECISION
"Yo sigo manteniendo mi postura. Hay 'cosa juzgada' porque en ese momento no se pudo probar el plan criminal de sustracción de menores y Videla ya fue absuelto, ya corrió el riesgo judicial por esa causa", explicó ayer a este diario Moreno Ocampo, quien no modificó su postura inicial pese al caudal de agua argumentativa que corrió bajo el puente de la detención de Videla en las últimas semanas. El abogado agregó que quiere ver los fundamentos de Marquevich, que todavía la Cámara tiene que revisar su resolución, y que "el punto clave en este fallo es que Marquevich tiene que actuar en los casos que están entre Bianco y Videla". En ese sentido, Moreno Ocampo advirtió que lo "sorprendió" que Marquevich empezara su tarea encarcelando al ex dictador "que justamente es el único que ya fue juzgado". Julio César Strassera, fiscal titular en el juicio a las juntas, está convencido de que no hay 'cosa juzgada'. "Yo presenté 711 casos sobre los que no se pudo probar el plan criminal. Esos son los únicos que hacen 'cosa juzgada. Los que surgieron ahora a partir de la investigación de la Abuelas no estaban previstos en mi presentación y por ende, pese a lo que se dice, no fueron indagados", dijo ayer a Página/12. Strassera no cree que desde el Gobierno haya una voluntad de terminar con ese estado de impunidad que trajeron consigo el indulto y las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. "Yo quisiera pensar bien, pero la Justicia está tan desprestigiada que aun cuando actúa bien despierta sospechas", sostuvo ayer. Y finalizó: "En el país no se va a dar vuelta la página hasta que haya esclarecimiento". La opinión de León Arslanian, camarista en el juicio del '85, está a medio camino de las de los fiscales. Confiesa que después de que Moreno Ocampo dijo que Videla debía quedar en libertad, volvió a leer la sentencia del juicio, no terminó de aclarar sus dudas. "Yo no puedo decir terminantemente si es un caso cerrado o no. Tanto Moreno Ocampo como Strassera ven las cosas blancas o negras, pero hay más grises". El ex camarista agregó que ninguna decisión que a su entender tome Marquevich es equivocada a priori, pero que todo depende de cómo esté fundamentada. "Habrá que ver entonces. El tema es jurídicamente muy, muy complejo".
Los nombres de los 62 represores
Por Silvia Pérez desde Madrid
Los querellantes, además, le señalan al magistrado español la necesidad de librar órdenes de detención internacional contra todos ellos, que se hagan extensivas a la Argentina e inicie los trámites para solicitar la extradición de los mencionados. En este escrito de 37 páginas se disecciona la estructura de la ESMA en doce capítulos relacionados con los diferentes delitos que allí se cometieron. Se detallan el origen y la evolución, cadena de mandos, metodología de secuestros, apropiación de niños, operaciones en el exterior, tipos de torturas y otros más. En otro de sus apartados se acredita el secuestro, parto clandestino, secuestro de sus bebés y posterior desaparición de 19 mujeres. Se estableció, además, la desaparición de alrededor de 5000 personas, sin que en la amplia mayoría de los casos se conozca su destino. Pero el argumento fundamental está basado en el testimonio de 21 sobrevivientes de este centro clandestino que prestaron su testimonio directa o indirectamente ante el titular del Juzgado Nº 5 de la Audiencia Nacional. "De aquí surge --aparte de la imputación genérica a todos los que dirigieron la ESMA y quienes fueran los responsables de la misma, desde los comandantes en jefe hacia abajo-- la responsabilidad global de los mismos en los delitos cometidos en ese centro, clasificados aquí como genocidio y terrorismo. También hemos pedido para todos ellos el procesamiento, cosa que hasta ahora no había ocurrido", aseguró Carlos Slepoy, uno de los abogados de la querella, a Página/12. "Confiamos que en el transcurso de este mes el juez Garzón resuelva estas medidas. Si así lo hiciera, implicaría que se establezcan decenas de procesamientos y órdenes internacionales de detención, basados en pruebas contundentes existentes en el procedimiento", agregó el abogado. "Esto sería un hecho histórico importante, y aunque pueda parecer una provocación hacia la Sala de lo Penal que el juez dicte una resolución de este tipo (por ser anterior a la decisión de competencia), es una demostración de la seriedad de los hechos", añadió por último Slepoy. Si Garzón decidiera procesarlo, redondearía un mal momento para el ex dictador para quien el fiscal argentino Miguel Angel Ossorio pidió prisión preventiva por apología del delito y asociación ilícita por sus declaraciones radiales en el programa de Carlos Varela. En ellas el represor mencionó la existencia de "homosexuales" en las Fuerzas Armadas y sugirió complots militares cuando dijo que los oficiales retirados "estaban cabildeando" qué hacer. Garzón sigue en su ofensiva contra los represores argentinos y continúa con problemas en la interna del Poder Judicial español: la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid debate su competencia para juzgar la desaparición de ciudadanos españoles durante la última dictadura en la Argentina.
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