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"Habrá interpretaciones jurídicas, pero jamás podrán decir que miento", aseguró el juez federal de San Isidro Roberto Marquevich cuando terminó de redactar las 120 carillas de su resolución en la computadora de la biblioteca contigua a su despacho. Sin signos de cansancio en su rostro, ayer notificó a los abogados del ex dictador Jorge Rafael Videla que rechaza la excepción de "cosa juzgada" y el planteo de la competencia de un tribunal militar en esta causa por la cual se investiga la apropiación de menores durante la dictadura. Consideró que los delitos que él investiga nunca fueron juzgados y que el imputado ya no es militar. Luego manifestó a Página/12 sentirse tranquilo por haber fundamentado su decisión en forma exhaustiva. El magistrado lanzó la frase mirando hacia la Cámara Federal de San Martín, que deberá decidir ante una segura apelación. Aliviado por haber resuelto el primer trámite, Marquevich se apresta a concluir el "libro" que --según él-- será el dictado de la prisión preventiva del ex presidente de facto, que se conocerá el martes próximo al mediodía y que podría dejarlo en la cárcel de Caseros hasta el mes de setiembre, además de embargarlo por una suma considerable. La detención de uno de los personeros del horror de la dictadura, ordenada por Roberto Marquevich el 9 de junio pasado, mandó a varios de los protagonistas del juzgamiento de los militares durante la década pasada a revolver sus bibliotecas y a desempolvar carpetas y expedientes. El juez de San Isidro --el mismo que está cuestionado por "yabranista" y "samanthista"-- ya había ido a ilustrarse a los archivos porque el procesamiento que le dictó a Videla tenía que estar desde el inicio tan fundamentado como lo estará la sentencia, y los pasos intermedios en los que se encuentra ahora la causa, porque el silencio del represor durante su primera citación a declarar era previsible. En la argumentación de la extensa resolución el magistrado utilizó la ley 19.101 para el personal militar, el Código de Justicia Militar, el decreto 153/85 convertido en la ley 23.049 que dio origen a los juicios a los militares, el decreto de indulto 2741 del 29 de diciembre de 1990 y tratados internacionales como la Convención Interamericana de desaparición de personas. La defensa de Videla había proclamado que existe una identidad de objeto entre los procesos pasados y el que lleva adelante Marquevich, para demostrar que ya había sido juzgado por esos mismos delitos. A tal efecto citaban el decreto 158 del 13 de diciembre de 1983 por el cual el entonces presidente de la Nación Raúl Alfonsín lo sometió a juicio ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas por todos los delitos que en el curso de la guerra antisubversiva se pudieron haber cometido por integrantes del Ejército. Marquevich les responde que "esta norma no tiene alcance general" y "no describe conductas específicas porque éstas serían luego necesariamente objeto de investigación" durante el Juicio a las Juntas Militares. Además, es impensable que un decreto limite la función del Poder Judicial "para cumplir con su obligación constitucional de juzgar". Pero el núcleo de una polémica que excede a las partes de la causa está en la definición de "cosa juzgada". Tras citar a autores como Oderigo, Maier, Clariá Olmedo, De la Rúa y Ricardo Núñez, Marquevich establece que "nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho; si no se da el mismo hecho no hay cosa juzgada". Sí puede haber doble juzgamiento por un mismo delito, porque "no interesa la calificación legal sino la materialidad de la conducta". En otra carilla de su resolución lo sintetiza al expresar que "en cuanto a la cuestión medular --identidad de hecho-- (...) "está pacíficamente aceptado que la segunda persecución debe referirse al mismo hecho o acontecimiento de la realidad que motivó la primera, con prescindencia de su calificación legal". En esta línea de razonamiento, el juez descarta que exista identidad entre los setecientos casos que fueron la base fáctica del Juicio a las Juntas y los cuatro hechos que él investiga: los casos Zaffaroni-Islas, D'Elia, Tetzlaff y Bianco. Son casos nuevos y posteriores. Según Marquevich, cuando se estableció que los comandantes resultaban absueltos de aquellos delitos que no habían sido suficientemente probados no se cerraba la posibilidad de que "puedan promoverse acciones por hechos delictivos que en esos momentos aún se estaban cometiendo o de los cuales ni siquiera se tenía noticia alguna". En respuesta al dictamen de la fiscal federal Rita Molina el juez aclara que no existe un delito de "plan criminal" o "sistemático", sino que "estas categorías son formulaciones que permiten explicar la responsabilidad de un sujeto --a través de una particular forma de autoría-- en una cantidad determinada de hechos concretos y específicos . (...) El haber sido declarado penalmente responsable de una serie determinada de hechos que integran un plan, no resulta obstáculo alguno para que en otro proceso (por otros hechos) se explique la responsabilidad a partir de la misma forma de autoría." Para reafirmar la competencia del fuero federal al que pertenece, Marquevich mencionó los antecedentes de la confirmación de su jurisdicción que hizo la Cámara Federal de La Plata en el incidente promovido por el ex mayor Julio César Caserotto. También argumentó que Videla perdió su condición de militar a partir de la sentencia del Juicio a las Juntas. Pero lo fundamental es que Videla ya no integra la fuerza, no posee estado militar, y le cabe el Código Penal concerniente al funcionario público, por lo cual resulta "francamente repugnante" la pretensión de ampararse en sus ex pares para ser juzgado por delitos de lesa humanidad.
La sonrisa de Estela Carlotto Las Abuelas de Plaza de Mayo recibieron la resolución del juez Roberto Marquevich con satisfacción. "Consideramos que se ajusta a derecho y en defensa de los valores consagrados en nuestra Constitución que contiene la Convención por los Derechos del Niño y el Adolescente", informaron en un comunicado. Estela Carlotto aseguró que la determinación del juez es una muestra de que la detención del ex dictador Jorge Rafael Videla no fue "un juego político". Este fue el diálogo con Página/12. --¿Cuál es su sentimiento con respecto a la resolución de Marquevich? --De coherencia con mi convencimiento. Cuando se decía que lo que hizo Marquevich podía ser un juego político coyuntural, yo dije que no, que él iba a seguir hasta las últimas consecuencias con el juzgamiento y la condena de Videla porque defiende a los chicos y toma con mucha indignación la apropiación de niños y el responsable máximo es Videla y corresponde su procesamiento. En este sentido Marquevich hizo un fallo muy bien fundado. --¿Cuáles son sus expectativas con respecto al futuro de la causa? --No sé qué pasará, pero seguramente, después de esto, Marquevich se avocará a estudiar nuevas responsabilidades. Él detuvo a Videla porque lo encontró responsable por lo sucedido en Campo de Mayo, pero ahora falta el tema de Massera por la ESMA y de todos los demás que son responsables por haber sido parte del gobierno de facto. --¿Lo que haga Marquevich puede interferir en la causa que lleva Adolfo Bagnasco? --Para nada. Son causas diferentes que convergen a lo mismo, la verdad sobre lo que pasó con los chicos. --Cuando detuvieron a Videla usted estaba fuera del país. ¿Cómo se enteró? --Me enteré en Ginebra por un medio periodístico y a partir de ahí empecé a recibir información vía Internet en el hotel. De a poco fui notando el impacto que había causado esta noticia no sólo en Argentina sino en el mundo entero. En el mundo la sensación fue: en Argentina con Videla preso se pudo romper con la impunidad. --¿Intimamente, cómo lo tomó? --Se me pegó una sonrisa que no se me borra. Y hasta hoy es igual.
Massera sigue sumando causas que fueron a parar a manos de Urso
Por Romina Calderaro Malas noticias para Emilio Eduardo Massera. Luis María Llaneza, abogado y representante de la Asociación Internacional de Abogacía Preventiva (AIAP), presentó ayer ante la Justicia una denuncia contra el ex dictador por apología del delito, amenazas y violación a la Ley Antidiscriminatoria. Su presentación se suma a la que el abogado Ricardo Monner Sans realizó el 16 de junio, acusando al ex marino por esos mismos delitos. Llaneza presentó el escrito ante el juez Gustavo Literas, pero éste se declaró incompetente y lo remitió al juzgado de Jorge Urso, quien entiende en la primera denuncia. Ambas surgieron a partir de las declaraciones radiales que Massera realizó pocos días después de la detención de Jorge Rafael Videla en las que reivindicó la represión ilegal, calificó de "homosexuales" a algunos generales del Ejército y manifestó su voluntad de "seguir molestando" a tres dirigentes políticos. En el escrito de ayer, Llaneza también solicita "que se investigue la participación en alguno de estos delitos del periodista Carlos Varela", quien reporteó a Massera y acordó con él en parte con sus dichos. "En el reportaje que dio el viernes 12 de junio, Massera hizo apreciaciones en las que defendía a Videla y el accionar de los integrantes del llamado Proceso de Reorganización Nacional. En esa misma oportunidad reivindicó la llamada lucha antisubversiva y manifestó que había grupos de gente en la Fuerzas Armadas que estaban 'en movimiento', lo que lo hace incurso en la figura penal de apología del delito y amenazas", dijo ayer Llaneza a la salida de los tribunales de Comodoro Py. Luego explicó que el ex marino violó la Ley Antidiscriminatoria al afirmar que "algunos comandantes del Ejército son homosexuales, como si la elección sexual fuera óbice para desempeñarse en cargo alguno". La denuncia que presentó Llaneza se diferencia sólo en un punto de la de Monner Sans: el primero agrega en su escrito un pedido para que se investigue si el periodista Carlos Varela, quien entrevistó a Massera en su programa de radio, cometió algún delito ya que "en la misma nota, el reportero defendió la lucha antisubversiva en la provincia de Tucumán y sostuvo que, con la causa contra Videla, se está haciendo revisionismo negativo". Monner Sans disiente en ese punto. "Me parece un horror desde el punto de vista jurídico que se agregue a un periodista en la causa. La libertad de expresión del periodismo tiene que estar garantizada aunque Varela sea un reaccionario", dijo ayer a este diario. Pedro Bianchi, abogado y amigo personal de Massera, no parece muy preocupado por la nueva denuncia. "Las declaraciones de Massera fueron desafortunadas e inoportunas, pero en ellas no hubo delito. No planeó una revolución: tuvo una charla informal con oficiales retirados. No menospreció a los homosexuales: utilizó el término haciendo una apreciación valorativa. Y en lo que respecta a Videla, no defendió los métodos que se emplearon para llevar a cabo la lucha contra la subversión, sino que valoró el hecho de que la haya combatido. No importa qué cantidad de denuncias se presenten, no hay delito", explicó ayer a este diario. Ahora, el juez federal Jorge Urso tiene que atender las dos denuncias contra Massera. Está analizando las pruebas --que en este caso son grabaciones radiales y notas periodísticas-- para decidir si ordena la detención del ex militar para que sea indagado. El juez Claudio Bonadío, por su parte, deberá trabajar sobre una segunda denuncia que formuló ayer Llaneza contra el presidente del Foro de Militares Retirados, Augusto Alemanzor. Días después de la detención de Videla, Alemanzor sostuvo que "los militares fueron presos por razones políticas" y agregó que "el general Jorge Rafael Videla no es un genocida".
MAÑANA SALE CON PAGINA/12 EL LIBRO
HISTÓRICO "BOTIN DE GUERRA" "Rosa de Roisinblit atendió el teléfono: 'Ponga atención a lo que tengo para decirle. Su hija está muy bien. Los cargos contra ella no son graves así que pronto va a salir. Pero antes va a tener que preparase para criar un nieto. Se lo vamos a entregar. Rosa se puso a tejer. Eligió lana blanca por las dudas'". Pero Rosa, actual vicepresidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, nunca se reunió con ese niño. Botín de guerra, el libro que saldrá mañana con este diario --en una nueva edición de las Universidades Nacionales de La Plata y Quilmes, Abuelas de Plaza de Mayo y Página/12-- cuenta la historia de un grupo de mujeres que buscaron a sus hijos y, además, a los hijos de sus hijos y se encontraron con que muchos de ellos vivían con quienes habían asesinado a sus padres. Estela Carlotto, presidenta de las Abuelas, rescató el valor testimonial de este libro que refleja el comienzo de la búsqueda de más de 400 chicos. 59 se han reencontrado ya con su familia. --¿Cuál es la importancia de este libro? --Botín de guerra es el primer libro institucional de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Es un libro testimonial, donde se cuenta la historia de un grupo de abuelas que, en ese momento, tuvimos la oportunidad de ser escuchadas por el autor. Allí contamos cómo fue el surgimiento de la asociación --que fue producto de la dictadura-- pero también nuestra historia personal. Este libro tiene el valor de tener cosas que a veces ni nosotras mismas sabíamos de la otra compañera de ruta, porque en esta lucha todo el trabajo es como a futuro sin olvidar el pasado, pero sin el tiempo de hacer sociales. --¿En que medida refleja la complejidad de los procesos de apropiación? --Cuando se hizo este libro no teníamos la experiencia acumulada que poseemos hoy, pero ya había habido algunos logros y en el libro se refleja la lucha de las abuelas, la metodología de trabajo y el proceso de buscar a los chicos. --¿Qué cambios se produjeron desde entonces en la historia de las Abuelas? --El libro fue escrito en 1985. En esa época teníamos la historia más presente en el tiempo y estábamos bastante más esperanzadas. El deseo desde la búsqueda era encontrar al nieto lo antes posible. Trece años después, la experiencia se ha acumulado pero no ha declinado la esperanza. Además, le hemos ganado a la dictadura la libertad de muchas vidas. Estamos hablando de 59 chicos restituidos. --¿Cómo surgió la iniciativa para el libro? --En el advenimiento de la democracia, la Casa de las Abuelas era un permanente paso de muchas personas de partidos políticos o ex militantes que venían a ofrecerse para colaborar. Era todo un florecer de ofertas porque se había roto el temor. Entre esos acercamientos se produjo el de Julio Nosiglia, un escritor de historia, que dijo que quería escribir la historia institucional de las Abuelas. Al principio no éramos muy proclives a hacerlo. Decíamos: para qué voy a escribir un libro si lo que quiero es encontrar a mi nieto. La lógica era que con la democracia íbamos a encontrar a los chicos, que el Estado se iba a hacer cargo. Toda esa ilusión nos hacía pensar que no podíamos perder tiempo en charlar. A Julio Nosiglia le costó mucho escribirlo porque no le dábamos mucho calce. A veces nos reíamos porque él estaba detrás de las puertas esperándonos, con una santa paciencia. Finalmente siempre encontró el momento de hacer la grabación de cada abuela. --¿Cuál fue el sentimiento una vez terminado? --Cuando se concretó la publicación todas estábamos muy contentas y satisfechas de haber contribuido. Nosiglia tuvo una paciencia increíble y el estilo y el contenido es muy respetuoso. El libro nos sirvió de mucho para que nos conocieran y para explicar la historia. Está hecho desde un nivel ideológico político muy claro porque Julio Nosiglia es un militante político de su país que también sufrió la represión.
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