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 El disgusto
presidencial por los magros resultados de la recaudación motivó ayer una reunión del
Gabinete nacional con el administrador federal de Ingresos Públicos, Carlos Silvani.
Allí se resolvió que la Anses colabore con la DGI en la fiscalización del pago de los
aportes patronales, tarea que fue abandonada por aquel organismo por disposición del
entonces ministro Domingo Cavallo. La reasignación de esa función supone un
reconocimiento de que Silvani no logró, tras algo más de un año de gestión, frenar la
caída de la recaudación previsional. "El problema de la evasión no es de Silvani, sino de todo el Gobierno", señaló a Página/12 un vocero de la Jefatura de Gabinete, en su intento por evitar que la medida sea interpretada como un cuestionamiento al jefe de la DGI. "El Presidente tiene absoluta confianza en Silvani", agregó. No obstante, fue el propio Carlos Menem quien ordenó a Jorge Rodríguez convocar al funcionario para un encuentro con los ministros. Al término de esa reunión, Silvani subrayó que "se coincidió en redoblar esfuerzos para controlar la evasión". Para ello, se dispuso que los inspectores de la Anses retomen la tarea de concurrir a las empresas para verificar el cumplimiento de los aportes a la Seguridad Social. Según indicó Silvani, se aprovechará la cobertura nacional de ese organismo. Sin embargo, el cobro de los impuestos al trabajo seguirá exclusivamente bajo la órbita de la DGI. Para defender su gestión, el titular de la AFIP sostuvo que la legislación actual es imperfecta, dado que deja muchos "agujeros negros" por donde se filtra la evasión. Por su parte, Saúl Bouer, titular de la Anses, aseguró que el Gabinete dio su "total y absoluto respaldo" al proyecto impositivo. Además de ajustar la administración tributaria a partir de la reforma, ayer se resolvió acelerar esa tarea con medidas de corto plazo. En ese sentido, se encomendó al Ministerio de Justicia la elaboración de propuestas legislativas para mejorar el cobro de impuestos. La primera será un proyecto de ley que permita a la DGI la privatización de la cobranza de deudas impositivas. Silvani quiso avanzar con esa propuesta por vía administrativa, pero los abogados de la DGI plantearon una acción de amparo ante la Justicia. Dos fallos judiciales les dieron la razón, por lo que ahora Silvani quiere destrabar el conflicto con una ley. "Se trata de 7000 millones de pesos de cobranza ejecutiva, que no pudimos realizar debido a la imposibilidad de ampliar nuestra planta", justificó Silvani. "La evasión previsional alcanza al 40 por ciento de la recaudación proyectada; es decir, a unos 8000 millones de pesos", estimó Bouer. Ante ese dato, Silvani afirmó que "con el monotributo la evasión de autónomos va a disminuir". Esa ley fue promulgada anteanoche, y concentra en un solo gravamen el pago de Ganancias, IVA y aportes patronales. Los beneficiarios son pequeños empresarios del comercio, el agro y la industria, sociedades de hecho y profesionales cuya facturación anual no supere los 144 mil pesos. Sin embargo, el Ejecutivo vetó dos artículos. Eliminó la cobertura de obra social para los empleados del contribuyente, que ahora deberá pagar aparte para que su personal goce de ese beneficio. También suprimió la flexibilización de requisitos de consumo energético y de metros cuadrados ocupados, que se utilizan para determinar las diversas categorías del impuesto.
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