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Panorama Económico
Evasión multinacional
Por Julio Nudler

t.gif (67 bytes)  Para una multinacional, la economía, el mercado, los precios, más que datos son como barras de plastilina. Pueden modelarlos casi a su gusto, sobre todo si los gobiernos las dejan hacer. Como ocurre en la Argentina, obsesionada por seducirlas para que inviertan en el país. O simplemente que vengan. Ahora, sin embargo, el equipo económico empieza a darse cuenta de que las transnacionales maniobran para ocultar sus utilidades caseras y evadir así el impuesto a las Ganancias. Uno de los instrumentos

clásicos que emplean es la sobrefacturación de todo lo que les compran --real o supuestamente-- a otras filiales del mismo conglomerado, situadas en el extranjero. A la Aduana, si es que se entera, no le preocupa demasiado este fraude: si alguien infla el precio de lo que trae, la recaudación de derechos aumenta en proporción. Pero esa sobrefacturación abulta falsamente los costos del brazo local de la multi, que así obtendrá menos beneficios y pagará por tanto a la DGI menos tributo a la renta.

Como se ve, esa maniobra tiene para su autor un costo: el arancel extra a pagar por consignar un precio de importación superior al verdadero (más la tasa de estadística y la carga financiera del anticipo del IVA). Pero ese costo es cada vez menor porque la política de apertura económica consiste, precisamente, en bajar los aranceles. En este sentido, el mundo globalizado es un escenario muy propicio para las transnacionales porque les abarata el manipuleo de sus beneficios, para situarlos donde más les conviene.

El gran instrumento de esa maniobra son las operaciones intrafirma, que pueden referirse a insumos, patentes, marcas o incluso préstamos. A los valores establecidos se los llama precios de transferencia (PT). Bastará que la rama argentina de una multinacional los abulte en una determinada proporción para que sus utilidades desaparezcan. En ese caso, en el pago de esas operaciones estará escondida una remesa de ganancias, hacia la casa matriz situada en el país de origen o hacia otra filial en un paraíso fiscal, dependiendo de la estrategia empresaria.

Ahora se empieza a poner de moda el problema de los PT por la pérdida de recaudación que provocan, pero también pueden causar el hundimiento de industrias. Aunque para ciertos componentes haya proveedores locales competitivos en calidad, precio y plazo, a la transnacional puede convenirle más importarlos desde algún fabricante externo que pertenezca al mismo conglomerado porque esa operación podrá servirle para ocultar y transferir utilidades.

El problema se volvió cada vez más grave desde 1991, a medida que fueron desmontándose las barreras arancelarias. En bienes de capital y plantas llave en mano se llegó al arancel cero, lo que equivalió a premiar las maniobras con los PT. Además, para no condicionar de ningún modo al capital extranjero se permitió que las empresas privatizadas de servicios públicos ignorasen el Compre Argentino, un régimen que les marcaba pautas para impedir que, a igualdad de condiciones, marginasen al abastecedor local. A las automotrices se les permitió importar con un arancel preferente de apenas 2 por ciento, que también alentó la manipulación de precios y la destrucción de autopartistas.

La apertura no fue la única culpable. También hizo lo suyo la concentración y extranjerización económica, porque el peso de las multinacionales se tornó cada vez más decisivo en todos los sectores. Paralelamente, la producción de sus fábricas en el país se fue internacionalizando, tanto por razones genuinas como por la intención de evadir impuestos. Sin embargo, no es que existiera un vacío legal que permitía distorsionar los PT. Desde hace medio siglo está establecido, en la vieja ley del impuesto a los Réditos, que las importaciones deben valuarse a precios similares a los vigentes en el país de origen. Y desde 1973 es ley que las transacciones entre las casas matriz y sus filiales deben realizarse a precios normales de mercado, como si se efectuaran entre operadores independientes. Hay además catorce convenios internacionales firmados por la Argentina estableciendo que las empresas vinculadas deben operar entre sí a precios normales de mercado.

Ninguna de esas normas impidió que las multinacionales pudieran seguir deformando los PT porque nadie se ha ocupado de calibrar la distancia que los separa de los eventuales precios de mercado. Según los expertos Antonio Figueroa y Raúl Ochoa, la corrección de los precios hubiese permitido recaudar 1042 millones de pesos adicionales por Ganancias durante 1997, tomando sólo en consideración la importación de bienes físicos. Esto implica no computar los intangibles --como las escurridizas transferencias de tecnología--, cuyo tráfico es todo un misterio, apenas captado por las estadísticas. Para tapar este agujero puede recurrirse a la ímproba tarea de corregir los precios de cada operación, o a la de estimar los beneficios logrados por la pata argentina de una multinacional en base a las ganancias de todo el conglomerado.

De cualquier forma, los PT revelan sólo una faceta de la compleja estrategia con que cada multinacional decide dónde producir y dónde vender, la dirección de los flujos comerciales y los precios, considerando a cada empresa vinculada como una demandante cautiva. Esta, si necesita un componente, no se lo puede comprar al mejor postor sino a quien le venga determinado por la central, a un precio prefijado. Ni siquiera puede vender o exportar con libertad, porque tiene que ceñirse a los circuitos permitidos. No pocas transnacionales consideran a su rama brasileña como la proveedora del mercado sudamericano, criterio a la que la filial argentina debe someterse. También es normal que operen con precios más bajos para Europa y más altos para Latinoamérica, aprovechando el diferente grado de competencia, porque segmentar mercados es una conocida fórmula para maximizar las ganancias consolidadas. Así, quienes creen que la sola irrupción de las multinacionales vuelve más competitiva a la economía pasan por alto unos cuantos datos de la vida práctica. Y no es la DGI la única víctima del todopoderoso dedo corporativo.

 

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