Página/12

Un día después de que la Legislatura porteña aprobara las modificaciones al Código de Convivencia --entre ellas el polémico artículo 71 que trata sobre la oferta callejera de sexo--, la zona roja se mudó de Palermo al ámbito político, y en lugar de vecinos y travestis se enfrentaron el Gobierno de la Ciudad, los legisladores porteños y el Ejecutivo nacional. Todo se desató cuando el secretario de Seguridad de la Nación, Miguel Angel Toma, tildó de "mamarracho emparchado" al nuevo código contravencional y anunció un proyecto que sanciona como delito del Código Penal a ciertas conductas vinculadas por la oferta de sexo, como el escándalo o la ofensa a la moral pública, devolviéndole a la policía la atribución para detener a los infractores. Enrique Olivera, vicejefe del Gobierno de la Ciudad, respondió que "Toma quiere volver al sistema de edictos", y Eduardo Jozami, legislador del Frepaso, afirmó que "es desconocer la autonomía porteña. A Toma sólo le falta ponerse el uniforme".

El jueves, la Legislatura porteña aprobó las modificaciones al Código de Convivencia, especialmente al artículo 71 que sanciona a las trabajadoras del sexo que alteren la tranquilidad pública. En la aplicación del nuevo artículo, la policía quedó habilitada para detener a las infractoras, aunque no podrá alojarlas en una comisaría, sino dar intervención a un fiscal. Ayer, Miguel Angel Toma dio una vuelta de tuerca: anunció su proyecto de modificar el artículo 129 del Código Penal --que hasta ahora sanciona a quien realice exhibiciones obscenas en la vía pública con una multa de entre 750 y 12.500 pesos--, incluyendo la figura de "oferta de sexo en lugares públicos, con escándalo, disturbio u ofensa a la moral pública". Escándalo era la figura utilizada en los edictos policiales, lo suficientemente ambigua como para decidir cuándo y a quién detener.

En sus fundamentos, Toma sostiene que problemas como los desatados en Palermo "se traducen en un clamor de punición de este tipo de conductas (la prostitución) que lesionan la moral pública, los derechos de la familia y el niño, y el derecho de un ambiente sano y limpio." El proyecto surgió, según Toma, "por el vacío legal que provocaron los legisladores al votar un mamarracho que ahora tratan de emparchar. Como no dieron respuesta para que la policía tuviera herramientas para actuar preventivamente, la respuesta la vamos a dar nosotros". Y no descuidó ningún detalle: el anuncio lo hizo en el Departamento Central de Policía, acompañado por el jefe policial, Pablo Baltasar García, quien sutilmente apoyó la gestión de su superior: "El Código de Contravenciones, que no es un tema menor, es tan importante como el Código Penal", aseguró.

De seguir adelante la propuesta, al constituir un delito tipificado en el Código Penal, el infractor podrá ser detenido en una comisaría, para después dar parte a un juez. Estas son las herramientas que mencionaba Toma y que fueron cuestionadas hasta provocar la caída de los viejos edictos. El código de la ciudad ya sanciona algunas conductas relacionadas con la oferta de sexo. El frepasista Eduardo Jozami sostuvo que el proyecto de Toma "provocará un conflicto entre una ley nacional y una ley de la ciudad. Se debería hacer un planteo de inconstitucionalidad ante un juez nacional; el conflicto llegaría hasta la Corte que debería decidir qué norma es aplicable." Según el decano de la Facultad de Derecho, Andrés D'Alessio, sin embargo, "esto ocurre en todas las provincias, pero no parece que se vaya a plantear como un conflicto de poderes, porque el juez está en condiciones de decidir cuál de las dos normas se deberá aplicar".

--Porque un vecino denuncia a un travesti que se desnuda, el policía no lo puede detener y cuando llega el fiscal el travesti ya se tapó y se fue.

Jozami respondió: "¿Y cuál es el problema? No votamos para meter más presos. Si el travesti se fue, el código funciona. La de Toma es esa mentalidad que dice que la policía funciona cuando hay más detenciones. El proyecto plantea una cuestión muy grave de avasallamiento de la autonomía porteña. Pero además es una demostración del abuso de poder del gobierno nacional. ¿Cómo es eso de que si a Toma no le gusta, se hace como él quiere? No es que limite la autonomía sino que desconoce en absoluto la Constitución porteña".

El vicejefe Enrique Olivera estrechó filas contra la embestida del Ejecutivo nacional: "Me hubiera gustado una norma más clara --le confesó a este diario--, pero con esta norma la policía va a actuar sin arbitrariedades porque va a juzgar un juez. Lo que dice Toma es preocupante porque indica la escasa voluntad de aplicarla, usando el poder que retiene sobre la policía que debería estar en manos de la ciudad".

"Quizás habrá que buscar una modificación más completa". El jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa, encaró ayer el día después de la sanción del artículo que pone límites a la prostitución, evitando definiciones sobre cómo su gobierno, que pretendía la prohibición, buscará una forma de ponerse "más cerca de los vecinos". La figura del veto podría ser aplicada al artículo 71 del Código de Convivencia, pero De la Rúa consideró que "generaría un vacío porque no hay normas que lo reemplacen". El subjefe de Gobierno, Enrique Olivera, le dijo ayer a Página/12 que "los artículos de un Código de Convivencia no son de hoy y para siempre, sino que pueden ser reformados porque acompañan las situaciones sociales en la vida de una ciudad". Por su parte, Gustavo Beliz, de Nueva Dirigencia, le dijo a este diario que presentará un pedido de inconstitucionalidad del artículo al que considera "inaplicable".

El día después a la votación, el artículo de la polémica tuvo su principal objetor en la voz del gobierno nacional que, a través de Miguel Angel Toma, secretario de Seguridad, descalificó la norma y propuso superarla con una ley que sancione como un delito el "escándalo" protagonizado por prostitutas. El gobierno porteño evalúa el escenario futuro con ese dato en la mano. Una alta fuente del Ejecutivo le dijo ayer a este diario que temen que la policía tome las declaraciones del funcionario para justificar los brazos caídos, continuando con la polarización del conflicto. La Policía Federal, manejada por el gobierno nacional, según la hipótesis de los radicales del Ejecutivo, jugaría un rol desestabilizador y llevaría la situación hasta un extremo que beneficie la posición de Toma, dejando en falta a la legislatura y el gobierno porteños, ante los vecinos disconformes con la situación.

Nueva Dirigencia, en una tercera posición, intentará patear el tablero con el pedido de inconstitucionalidad de la norma, pero juega con fuego. Aún los dirigentes no saben ante quién presentarán la denuncia la próxima semana. "Se va a plantear el vacío judicial que hay en la ciudad", sostuvo Beliz y recordó que "estamos seis meses retrasados en las reformas de Justicia necesarias para completar el proceso de autonomía de la ciudad". Por eso aclaró: "No lo vamos a hacer con una sede que no sea de la ciudad, no queremos darle argumentos al gobierno nacional para que siga impidiendo el traslado de la Justicia".

Advertencia: "A De la Rúa le conviene vetar. Tiene dos millones de habitantes de Buenos Aires contra unos pocos travestis", dice una vecina.

Los policías que custodian Palermo Viejo desde hace meses se solidarizaron con los reclamos vecinales.
El grupo de vecinos moderados quedó preocupado porque la policía tendrá mayor poder en el barrio.

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El día después, los vecinos de Palermo aparecen irreconciliables. Están los que tras la sanción del nuevo Código de Convivencia volvieron a tomar la calle en la decimosegunda marcha vecinal contra la oferta de sexo en la calle. El objetivo: exigirle al jefe de Gobierno porteño, Fernando de la Rúa, el veto al Código. Pero también existen quienes, como Noemí Hakel, no manifiestan porque "me tranquiliza que los legisladores hayan privilegiado los derechos humanos". De todos modos, los que siguen esta línea, incluso Noemí, advierten aspectos confusos en el Código y temen que, en definitiva, sea la policía quien decida.

"Así como lo digo, ¿viste? Esto es un degeneramiento tremendo. El asunto es que el travesti es un hombre, si te querés defender te revolea una galleta". La gordita no participa de ninguna asociación vecinal pero vive en la calle Godoy Cruz de Palermo Viejo. El taller mecánico de Beatriz muerde la vereda en la que anoche volvieron a pasar los vecinos más radicales de Palermo. A cargo de la Asociación Vecinos Autoconvocados de Palermo Viejo, Lucía Carew dijo a Página/12 que espera el veto de De la Rúa. "Le conviene hacerlo --dice en una sutil mezcla de amenaza y esperanza--, tiene dos millones de habitantes de Buenos Aires contra unos pocos travestis". La mujer tiene 48 años y desde el '83 está afiliada al radicalismo. Pero eso no le impide criticar a sus correligionarios. "El código es confuso", sentencia, y propone que los hombres travestidos se organicen oficialmente. "Esto les permitiría tener las cosas mínimas como libretas sanitarias. Y, como en cualquier oficio, deberían pagar impuestos", receta.

Dos patrulleros montan guardia en Soler y Godoy Cruz, en pleno corazón caliente de Palermo Viejo. Acaso sin proponérselo, los móviles aparcaron justo debajo de dos afiches con idéntica leyenda: "A los vecinos de Palermo Viejo no están metiendo trabas". Desde hace meses, dos de los federales cumplen su turno en la zona. Están varados durante la tarde, a metros de la casa de Cristian. "Un día estaba tan caliente con los trabas --cuenta Cristian, que tiene 18--, que me puse furioso y les pregunté a los canas por qué no hacían nada".

Los dos hombres de azul siguen como estatuas. "Ellos (los legisladores) votaron esto, y bueno, que se haga cargo el Gobierno de la Ciudad", dice el mayor de la dupla. "¿Qué voy a hacer? Si un travesti está desnudo en esta esquina, ¿le voy a decir que espere tres o cuatro horas para ver si encuentro al fiscal y puedo llevarlo?", reclama y deja en claro que nadie le contó sobre un extraño capítulo constitucional que lleva el nombre de garantías individuales. Y, conocedor el hombre, hasta se ataja de hipotéticas futuras acusaciones: "Me van a denunciar por privación ilegítima de la libertad, y el que va preso después soy yo, no él".

Ambos arremeten ya sin tapujos contra el Código. "Es un mamarracho", coinciden. Y azuzados uno por el otro, van incluso más allá: "Ellos votaron eso, ahora que se haga cargo De la Rúa".

A metros de allí, Beatriz vuelve a la carga. El farfullo policial no la inquieta: "Lesbianas, prostitutas y travestis existieron siempre, pero como les dieron piedra libre se enloquecieron". La mujer lleva 25 años en el barrio y sus preferidas son las meretrices. "Ellas están tranquilitas, llevan sus vaqueritos, son más discretas. Pero ellos andan con el culo al aire", espamenta Beatriz, abrigada por una piel leoparda. Las palabras se le atolondran detrás del rush colorado. "Con este tornillo... y lo mismo andan ligeros de cuerpo. Es que las nenas preguntan, vistes, y una no sabe dónde meterse".

Beatriz no es la única interrogada por sus hijos. Cony anda a toda velocidad por Godoy Cruz. Dejó el lavadero donde trabaja para recoger a sus hijos en la escuela. "Los nenes me dicen ¿mami, por qué si son hombres están así?". Cony les contesta, pero le preocupa que ellos se queden pensando. No está conforme con el nuevo Código. Para ella, la solución sería "ponerles una casa donde se ganen su platita y no molesten".

A unas diez cuadras, Eugenio Ramírez --del sector de los vecinos progresistas, como se definen-- opina que las modificaciones al Código son "confusas", pero coincide con Noemí en que los legisladores legitimados por el voto de la gente votaron la corriente de pensamiento de quienes los eligieron. Pero presagia que, "en definitiva, la que va a decidir es la policía". Ramírez está al frente de la Sociedad de Fomento de Palermo Viejo y a pesar de su crítica insiste en que "el asunto es que nosotros necesitamos confiar en la policía, esperamos una policía digna".

Calle mediante, Sebastián lleva prendida del brazo a su novia. Acaba de dejar el trabajo en la Dirección Nacional del Automotor, a pocos metros de Soler y Godoy. Más permisivo que otros vecinos, entiende que la travesti hace su trabajo. "Es un tipo que está marginado laboralmente, lo respeto", concede. Pero se acerca a la gente del barrio en un punto: difiere con el nuevo Código. Para él, tendrían que tener su propio sector de trabajo alejado de las casas.