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CHOQUE CON GAZPROM, PODEROSO
MONOPOLIO GASIFERO Por Luis Matías López desde Moscú Boris Yeltsin puso ayer sobre la mesa todo el peso de su poder semiabsoluto y convirtió la guerra abierta con el gigante gasístico Gazprom en ejemplo de que no habrá excepciones ni favoritismos en la lucha contra la evasión fiscal, una de las claves de la crisis financiera que tiene a Rusia al borde del abismo. El líder del Kremlin se reunió con Rem Viajirev, presidente de la principal empresa del país, le dijo que ésta debe romper el círculo vicioso del no pago de impuestos y le dio 24 horas para pasar por caja. Yeltsin respaldó de forma expresa el desafío lanzado el día anterior por su primer ministro, Serguei Kiriyenko, quien amenazó (y empezó a pasar a la acción directa) con romper el contrato que permite a Viájirev representar el 35 por ciento de acciones que el Estado tiene en la compañía. Es más, ordenó confiscar propiedades no productivas pero de gran interés para los directivos, como yates, casas de campo, automóviles, piscinas y pabellones de caza. Ambas decisiones quedaron en suspenso, que no anuladas, al alcanzarse un acuerdo que, de cumplirse, hará que, desde julio, Gazprom pague más de 580 millones de dólares al mes en impuestos al Estado, unas cuatro veces más que hasta ahora. La deuda acumulada se acerca a los 2.500 millones de dólares, algo así como la quinta parte de lo que Rusia pide al Fondo Monetario Internacional para evitar la hecatombe financiera. Yeltsin ha planteado en la Duma a rajatabla el ataque contra Gazprom, uno de los tres grandes monopolios (junto al eléctrico y el de ferrocarriles) que, según la oposición, pretende romper el FMI. Gazprom es, además, una importante base de poder para quien la controle. Hasta hace poco se consideraba un feudo de Víktor Chernomirdin, pero las cosas han cambiado desde que éste fue defenestrado como primer ministro a finales de marzo. Sus señorías aprobaron ayer una resolución en la que ponían el dedo en otra llaga: que no sólo es Gazprom quien debe al Estado, sino que también el Estado debe a Gazprom. De hecho, con la economía por el suelo, son legión las empresas públicas y privadas que no pueden pagar la factura del gas. Si, de golpe y porrazo, se les cortara el suministro, sería una catástrofe. En esas condiciones, la Duma pide que se retire la amenaza de confiscación de activos de la compañía y de congelación de sus cuentas bancarias. Aún más, considera que, con sus acciones, el gobierno amenaza con destruir industrias clave, de importancia estratégica para el país.
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