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Economía insiste en el aumento de impuestos al alcohol y el tabaco

El titular de Política Tributaria le dijo a Página/12 que su aprobación antes de fin de año "es un hecho". Dudas en el Congreso.

Guillermo Rodríguez Usé, subsecretario de Política Tributaria.
Aseguró que la suba de impuestos internos se aprobará este año.

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Por Cledis Candelaresi

t.gif (67 bytes) Economía descuenta que el año próximo podrá rebajar en diez puntos los aportes patronales, recorte que en algunas provincias alejadas de la Capital Federal prácticamente extinguirá esa obligación para los empleadores. Esta baja, con la que Roque Fernández intentó conquistar el aval empresario a la reforma tributaria, se puso en duda cuando el Congreso resolvió suspender la suba de impuestos internos hasta un futuro no definido. Pero el subsecretario de Política Tributaria, Guillermo Rodríguez Usé, asegura que Economía da como un hecho que antes de fin de año los legisladores habrán convalidado el incremento del gravamen que afecta a productos de consumo masivo como los cigarrillos, bebidas alcohólicas o gaseosas. Ningún legislador consultado por Página/12 confirmó que existiera un compromiso político en ese sentido, pero tampoco descartó que el champagne de la próxima Navidad no resulte más caro a raíz de la planeada suba de Internos.

La reforma tributaria "faculta" al Poder Ejecutivo a realizar una rebaja de aportes patronales, que seguirá el mismo esquema de diferenciación geográfica instrumentado durante la gestión de Domingo Cavallo, fórmula que benefició con un recorte del 30 por ciento a Capital Federal y del 80 por ciento a provincias como Jujuy y Chaco.

La rebaja se planteó como el leit motiv del proyecto tributario: se sube una serie de impuestos para que el Estado pueda resignar 2700 millones en recortes a las contribuciones patronales. "Eso le dará más competitividad a la economía", coinciden legisladores oficialistas, de la Alianza y el Palacio de Hacienda.

Para poder avanzar en la discusión de la reforma, los diputados decidieron postergar el tratamiento del conflictivo capítulo referido a impuestos internos. La suba de alícuotas y su extensión a productos hoy no gravados debía rendirle al fisco 700 millones de pesos adicionales. Sin ese recurso extra, legisladores y técnicos del oficialismo comenzaron a revisar la decisión de reducir los aportes patronales.

Aunque con una confianza que no comparten todos los funcionarios de su cartera, Rodríguez Usé aseguró ante este diario que el camino para beneficiar a los empleadores desde 1999 está despejado, no sólo porque el Parlamento avalará el grueso de los cambios tributarios propuestos por Fernández, sino porque también el incremento de Internos será aprobado como proyecto independiente antes de fin de año.

El titular de la bancada oficialista, Humberto Roggero, no ratifica esa fecha, aunque tampoco la descarta; el vicepresidente de la Cámara, Marcelo López Arias, admite que podría rediscutirse Internos durante 1998, aunque "no en los términos que previó el Ejecutivo". Jorge Remes Lenicov, también justicialista, no se atreve a dar pronósticos sobre cuándo podrá volver a discutirse sobre el gravamen a los vinos, tabaco y gaseosas. Pero asegura, en cambio, que la rebaja de aportes es un hecho a partir de 1999 aunque, a su juicio, sólo podría instrumentarse después de marzo y en forma gradual (por ejemplo cada tres meses) hasta alcanzar los 10 puntos, equivalentes a una reducción del 6,5 por ciento del costo laboral.

El dictamen que prepara la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados podría condicionar esa baja a un aumento de la recaudación o bien facultar al Ejecutivo a aplicarla cuando lo considere conveniente. La primera alternativa es la que los legisladores aseguraban tener como posición tomada hasta hace pocos días. La segunda es la que reclama el gobierno. Pero para compensar a la seguridad social por la rebaja en los aportes, sería necesaria la aprobación de un proyecto complementario, actualmente en el Senado, por el cual todo incremento en la recaudación derivado de la reforma no se coparticipará, sino que irá a parar al sistema previsional. En caso contrario, el sistema estará condenado a una segura quiebra.

 

La Argentina regala plata
Por Julio Nudler

¿Qué hace el fisco estadounidense cuando una compañía posee una controlada en un paraíso fiscal? La considera una mera sucursal y grava sus ganancias como si se generasen dentro de Estados Unidos. Pero si esa misma multinacional tiene otra rama en la Argentina, aquí Impositiva y la Aduana dan por válidas sus operaciones con aquella hermana del paraíso, aunque lo más probable es que se trate de transacciones fraguadas para ocultar beneficios locales. De esta manera, esas utilidades huyan hacia la matriz norteamericana o hacia su filial paradisíaca, serán gravadas por los recaudadores estadounidenses. Es, en el fondo, una manera que tiene Buenos Aires de transferirle recursos a Washington, por ilógico que suene. Podrá objetarse que la multinacional no tiene razones para esconder y sacar del país sus ganancias argentinas, disminuladas como pagos por presuntas compras o contratos, u ocultas en sobreprecios, si finalmente tributa por ellas en su hogar del Norte. Pero, a igual costo, las multinacionales siempre preferirán concentrar recursos donde los sienten más seguros. Actúan, en este sentido, como cualquier inversor. La concentración de utilidades les sirve además para acceder a más crédito en los grandes mercados financieros.

Así como la generalizada baja de aranceles redujo el costo de inflar el precio de las importaciones intrafirma de las multinacionales, la falta de todo control les asegura que las maniobras no serán descubiertas. Ni Aduana ni DGI se ocupan de esto. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se limita, por su lado, a llevar un cuaderno donde las transnacionales inscriben los contratos de transferencia de tecnología. El INTI no puede ni siquiera opinar, pero la inscripción asegura un trato impositivo más benigno a la correspondiente remesa de regalías. Vale decir que el erario subsidia no sabe qué.

Un cuarto de siglo atrás, y a propósito de un caso referido a Parke Davis, la Corte Suprema sentenció que no podían existir prestaciones tecnológicas ni financieras entre empresas vinculadas, ya que éstas pertenecen a un mismo dueño. Pero ese criterio fue rápidamente abandonado. No se quiere molestar a las multinacionales, porque se supone que la Argentina necesita de ellas y de su tecnología. Por este camino, igual como ocurrió con la deuda externa, cuando Alfonsín renunció a diferenciar entre la genuina y la inventada, Menem no ha querido distinguir entre lo auténtico y lo apócrifo. Esta carta blanca ayudó a ladear las cargas y a destruir las empresas nacionales.

 

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