Por Cledis Candelaresi Economía descuenta que el año próximo podrá rebajar en diez
puntos los aportes patronales, recorte que en algunas provincias alejadas de la Capital
Federal prácticamente extinguirá esa obligación para los empleadores. Esta baja, con la
que Roque Fernández intentó conquistar el aval empresario a la reforma tributaria, se
puso en duda cuando el Congreso resolvió suspender la suba de impuestos internos hasta un
futuro no definido. Pero el subsecretario de Política Tributaria, Guillermo Rodríguez
Usé, asegura que Economía da como un hecho que antes de fin de año los legisladores
habrán convalidado el incremento del gravamen que afecta a productos de consumo masivo
como los cigarrillos, bebidas alcohólicas o gaseosas. Ningún legislador consultado por Página/12
confirmó que existiera un compromiso político en ese sentido, pero tampoco descartó que
el champagne de la próxima Navidad no resulte más caro a raíz de la planeada suba de
Internos.
La reforma tributaria "faculta" al Poder Ejecutivo a realizar
una rebaja de aportes patronales, que seguirá el mismo esquema de diferenciación
geográfica instrumentado durante la gestión de Domingo Cavallo, fórmula que benefició
con un recorte del 30 por ciento a Capital Federal y del 80 por ciento a provincias como
Jujuy y Chaco.
La rebaja se planteó como el leit motiv del proyecto tributario: se
sube una serie de impuestos para que el Estado pueda resignar 2700 millones en recortes a
las contribuciones patronales. "Eso le dará más competitividad a la
economía", coinciden legisladores oficialistas, de la Alianza y el Palacio de
Hacienda.
Para poder avanzar en la discusión de la reforma, los diputados
decidieron postergar el tratamiento del conflictivo capítulo referido a impuestos
internos. La suba de alícuotas y su extensión a productos hoy no gravados debía
rendirle al fisco 700 millones de pesos adicionales. Sin ese recurso extra, legisladores y
técnicos del oficialismo comenzaron a revisar la decisión de reducir los aportes
patronales.
Aunque con una confianza que no comparten todos los funcionarios de su
cartera, Rodríguez Usé aseguró ante este diario que el camino para beneficiar a los
empleadores desde 1999 está despejado, no sólo porque el Parlamento avalará el grueso
de los cambios tributarios propuestos por Fernández, sino porque también el incremento
de Internos será aprobado como proyecto independiente antes de fin de año.
El titular de la bancada oficialista, Humberto Roggero, no ratifica esa
fecha, aunque tampoco la descarta; el vicepresidente de la Cámara, Marcelo López Arias,
admite que podría rediscutirse Internos durante 1998, aunque "no en los términos
que previó el Ejecutivo". Jorge Remes Lenicov, también justicialista, no se atreve
a dar pronósticos sobre cuándo podrá volver a discutirse sobre el gravamen a los vinos,
tabaco y gaseosas. Pero asegura, en cambio, que la rebaja de aportes es un hecho a partir
de 1999 aunque, a su juicio, sólo podría instrumentarse después de marzo y en forma
gradual (por ejemplo cada tres meses) hasta alcanzar los 10 puntos, equivalentes a una
reducción del 6,5 por ciento del costo laboral.
El dictamen que prepara la Comisión de Presupuesto y Hacienda de
Diputados podría condicionar esa baja a un aumento de la recaudación o bien facultar al
Ejecutivo a aplicarla cuando lo considere conveniente. La primera alternativa es la que
los legisladores aseguraban tener como posición tomada hasta hace pocos días. La segunda
es la que reclama el gobierno. Pero para compensar a la seguridad social por la rebaja en
los aportes, sería necesaria la aprobación de un proyecto complementario, actualmente en
el Senado, por el cual todo incremento en la recaudación derivado de la reforma no se
coparticipará, sino que irá a parar al sistema previsional. En caso contrario, el
sistema estará condenado a una segura quiebra.
La Argentina regala
plata
Por Julio Nudler
¿Qué hace el fisco estadounidense cuando una compañía posee una
controlada en un paraíso fiscal? La considera una mera sucursal y grava sus ganancias
como si se generasen dentro de Estados Unidos. Pero si esa misma multinacional tiene otra
rama en la Argentina, aquí Impositiva y la Aduana dan por válidas sus operaciones con
aquella hermana del paraíso, aunque lo más probable es que se trate de transacciones
fraguadas para ocultar beneficios locales. De esta manera, esas utilidades huyan hacia la
matriz norteamericana o hacia su filial paradisíaca, serán gravadas por los recaudadores
estadounidenses. Es, en el fondo, una manera que tiene Buenos Aires de transferirle
recursos a Washington, por ilógico que suene. Podrá objetarse que la multinacional no
tiene razones para esconder y sacar del país sus ganancias argentinas, disminuladas como
pagos por presuntas compras o contratos, u ocultas en sobreprecios, si finalmente tributa
por ellas en su hogar del Norte. Pero, a igual costo, las multinacionales siempre
preferirán concentrar recursos donde los sienten más seguros. Actúan, en este sentido,
como cualquier inversor. La concentración de utilidades les sirve además para acceder a
más crédito en los grandes mercados financieros.
Así como la generalizada baja de aranceles redujo el costo de inflar
el precio de las importaciones intrafirma de las multinacionales, la falta de todo control
les asegura que las maniobras no serán descubiertas. Ni Aduana ni DGI se ocupan de esto.
El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) se limita, por su lado, a llevar un
cuaderno donde las transnacionales inscriben los contratos de transferencia de
tecnología. El INTI no puede ni siquiera opinar, pero la inscripción asegura un trato
impositivo más benigno a la correspondiente remesa de regalías. Vale decir que el erario
subsidia no sabe qué.
Un cuarto de siglo atrás, y a propósito de un caso referido a Parke
Davis, la Corte Suprema sentenció que no podían existir prestaciones tecnológicas ni
financieras entre empresas vinculadas, ya que éstas pertenecen a un mismo dueño. Pero
ese criterio fue rápidamente abandonado. No se quiere molestar a las multinacionales,
porque se supone que la Argentina necesita de ellas y de su tecnología. Por este camino,
igual como ocurrió con la deuda externa, cuando Alfonsín renunció a diferenciar entre
la genuina y la inventada, Menem no ha querido distinguir entre lo auténtico y lo
apócrifo. Esta carta blanca ayudó a ladear las cargas y a destruir las empresas
nacionales. |
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