Por Diego Schurman Primer acto: se difunde la renuncia de René Favaloro al
cargo de asesor de la Oficina de Etica Pública luego de ser denunciado por agresión a un
periodista. Segundo acto: Juan Carlos Rousselot, acusado de cometer actos de corrupción
durante su gestión como intendente de Morón, aplaude a rabiar el discurso de Carlos
Menem contra la corrupción. Tercer acto: Víctor Alderete, denunciado ante la Justicia
por malversación de fondos como titular del PAMI, se abraza con Luis Nicolás Ferreira y
le desea suerte en su misión de "educar" a los funcionarios públicos. ¿Cómo
se llama la obra?: "Tormenta ética". ¿Dónde se expuso ayer? En el Salón
Blanco de la Casa Rosada, durante la puesta en funciones de los asesores que se
encargarán de redactar el Reglamento de Etica Pública.
El debut de la obra no podía ser peor para el Gobierno. Favaloro hizo
conocer su dimisión --aun antes de asumir formalmente-- por medio de una carta, que
llegó a manos de Ferreira. El titular de la Oficina de Etica reconoció a Página/12
que la denuncia por agresión a un periodista del diario platense Hoy fue
determinante.
El cardiocirujano habría tomado del cuello y amenazado al periodista
luego de que éste le consultó por una causa que tramita la Justicia bonaerense, en la
que se lo acusa por fraude a la administración pública. Favaloro tiene un cargo en el
Ministerio de Salud de la provincia.
"Siempre cumplí con los principios éticos y morales a lo largo
de 75 años de vida", se defendió ayer en su carta. "También aseguró que
apenas se aclaren los hechos se incorporará al grupo de asesores", agregó Ferreira
a este diario.
La ausencia de Favaloro fue tan notoria como la presencia de Rousselot.
El intendente de Morón se ubicó a un costado del Salón Blanco y festejó el discurso de
Menem contra "los que agitan la aguas para que parezcan profundas", en clara
alusión a las denuncias de la oposición política.
Rousselot es intendente de Morón desde 1987. Su gestión fue
interrumpida en 1988 cuando el Concejo Deliberante lo destituyó acusándolo de
corrupción en la construcción de una red cloacal. Volvió en 1991 y desde entonces ganó
siempre las elecciones hasta que la Alianza lo derrotó el 26 de octubre. Su patrimonio es
una incógnita en Morón, de la misma manera que el patrimonio de Menem es un misterio en
la Argentina.
--¿Usted invitó a Rousselot al acto? --le preguntó este
diario a Ferreira.
--La puerta estaba abierta para todo el mundo --contestó quien insiste
en que la función de la Oficina de Etica no es la de "fiscalizar ni
investigar". La frase ya la había pronunciado en otra oportunidad, cuando le
recordaron las irregularidades cometidas en el PAMI. Ferreira es amigo de Alderete y
asesora ad honorem a la obra social de los jubilados.
Alderete fue uno de los funcionarios que a principios de año, mientras
Menem amenazaba con la ahora famosa "tormenta ética", recibió una batería de
denuncias. En una de ellas, presentada ante la Justicia por los diputados nacionales del
radicalismo Federico Storani, Elisa Carrió, Margarita Stolbiser y Laura Mussa, se lo
acusó de malversación de fondos públicos por un contrato de servicios fúnebres sin
realizar licitación pública.
En otra, se lo imputó por "violación de los deberes de
funcionario público", al recontratar a la empresa Establecimientos Complejos
Asistenciales, de Chaco, pese a los informes desfavorables elaborados por los propios
auditores del instituto.
LA DECLARACIÓN NO
APARECE
Por D.S.
"No empecemos a perseguir a los funcionarios como se sigue a un
deudor. Menem no está de acuerdo en que sean privadas y ocultas (las declaraciones de
bienes), pero quiere proteger a los funcionarios." Con esas palabras, el titular de
la Oficina de Etica Pública, Luis Nicolás Ferreira, puso en duda una vez más la
posibilidad de que los bienes del Presidente sean conocidos por toda la sociedad.
--¿Qué significa la "protección" del funcionario?
--Que no se utilice la declaración de bienes para una persecución de
ninguna naturaleza.
--Si yo quiero hacer una nota sobre los bienes del Presidente ¿usted
me dejaría acceder a la información?
--Usted tiene que decirme que es el periodista tal, del medio tal y que
necesita la información para tal nota. Si se considera que el pedido no tiene una acción
persecutoria hacia el Presidente o una acción contra el Presidente se le da acceso a la
información.
--Entonces le pido formalmente la declaración de bienes de Menem.
--Para eso falta que Menem firme un decreto que transforme la
iniciativa en un decreto.
--¿Y el Presidente lo va a firmar?
--Bueno... yo no puedo decir lo que va a hacer el Presidente.
--¿Usted realmente cree que el Presidente la va a firmar?
--No empecemos a perseguir a los funcionarios como se sigue a un
deudor. El no está de acuerdo en que sean privadas y ocultas, pero quiere proteger a los
funcionarios, como los queremos proteger nosotros.
--Insisto, ¿usted realmente cree que Menem va a hacer pública una
información que a lo largo de su gobierno mantuvo bajo siete llaves?
--No le puedo contestar. Yo sólo le voy a asegurar eso el día que
esté aprobado el reglamento. Usted, mientras tanto, saque las conclusiones que quiera.
LAS 24 PERSONALIDADES QUE ASESORAN A FERREIRA
UNA EXTENSA LISTA DE BUENA FE
Las 24 personalidades que asumieron ayer para asesorar en la
elaboración del Reglamento de Etica Pública fueron elegidos por Ferreira "en base a
su conocimiento técnico y a su independencia política", según explicó a Página/12.
Aquí, los nombres y datos personales:
* Guillermo Alchouron: fue presidente de la Sociedad Rural Argentina
durante el gobierno de Raúl Alfonsín y vicepresidente de la Cámara de Administradores
de Fondos de Jubilación y Pensión. Ahora está al frente de Orígenes AFJP, es criador
de vacas Holando y hombre ligado a la fundación japonesa Okita (promotora de inversiones
industriales).
* César Jaroslavsky: ex diputado nacional, radiado del radicalismo por su amistad con
Alfredo Yabrán. Como presidente del bloque radical impulsó las leyes de obediencia
debida y punto final durante el gobierno de Alfonsín.
* Daisy Chopitea de Krieger Vasena: presidenta de COAS (Cooperadora de Acción Social),
vicepresidenta del Foro del Sector Social, esposa del ex ministro de Economía del
dictador Onganía.
* Félix Laiño: fue director periodístico del viejo diario La Razón y autor de
los titulares golpistas de 1976. Ahora es asesor del directorio del diario La Prensa
(cuyo director periodístico es su hijo Lauro) y preside la Academia Nacional de
Periodismo.
* Jorge H. Alterini: preside la Cámara de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal,
es vicepresidente de la Asociación de Magistrados de la Capital, profesor de la UBA, de
la Universidad Católica y de la de La Plata.
* Oscar J. Ameal: es vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Capital
Federal, profesor de la UBA, de la Universidad Católica Argentina, Universidad del Museo
Social y Universidad de Belgrano.
* Carlos Ortiz de Rosas: fue embajador de Argentina en Egipto, Bulgaria, ONU, Italia,
Francia y en Gran Bretaña en la época de la guerra de Malvinas. Como embajador en
Estados Unidos, en 1992, no mandó representante a la convención demócrata seguro de que
volvería a ganar George Bush (triunfó Clinton).
* Genaro J. Báez: ex secretario de gremiales e interior de la CGT y ex secretario general
del Sindicato del Seguro de la República Argentina.
* Roberto M. López Cabana: integra la Academia Interamericana de Derecho Internacional y
Comparado, es profesor de la UBA, de la Universidad Notarial Argentina y de la Universidad
Católica de Santiago del Estero.
* Marcos Marabi: rabino del centro comunitario Shalom.
* Claudio Sebastiani: preside la Unión Industrial Argentina y es diputado por el
justicialismo bonaerense. Es empresario textil, tuvo una empresa que quebró y mantiene
otra, en Trenque Lauquen, con poco más de 100 empleados.
* Armando Maccagno: es presidente de la Academia Nacional de Medicina y decano del Cuerpo
Médico Forense.
* Angel F. Robledo: preside la Comisión Nacional de Políticas y Estrategias de la
Democracia, fue ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores durante el gobierno de
Isabel Perón y embajador argentino en Ecuador, México y Brasil.
* René G. Favaloro: director de la Fundación Favaloro para la Docencia y la
Investigación. Ayer renunció a su lugar como asesor luego de un escándalo por agredir a
un periodista del diario Hoy (La Plata).
* Jaime Barylko: filósofo, decano de Humanidades de la Universidad de Maimónides.
Panelista permanente en los programas de Bernardo Neustadt.
* Rubén Beraja: presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA)
y presidente del Banco Mayo.
* Monseñor Jorge Biturro: profesor de Filosofía en al Universidad Católica y miembro
fundador de la Universidad del Salvador.
* Enrique Crotto: productor agropecuario, presidente de la Sociedad Rural Argentina y ex
dirigente en Rosario.
* Angel F. Garrote: preside la Federación de Colegios de Abogados de Argentina.
* Hipólito J. Paz: primer canciller de Perón, ex embajador argentino en Estados Unidos,
Grecia y Portugal.
* Silvia Rueda de Uranga: comanda la Asociación Conciencia, fundada por un grupo de
mujeres de alta sociedad a fines de la dictadura "para despertar en las personas la
conciencia de su condición de ciudadanos".
* Luis María Savino: presidente de la Fundación de Estudios Americanos.
* María Ekmekdjian de Saratsian: presidenta de Inciso (Intercambio Cívico Social).
* María Rosa Segura de Martini: presidenta del Foro del Sector Social. |
MIL DENUNCIAS ES IGUAL A DOCE,
QUE ES IGUAL A CERO
Díaz hizo escampar la "tormenta
ética". Dijo que las denuncias aliancistas se limitan a doce casos ya denunciados
antes.
Jorge Rodríguez, Carlos Corach y el Presidente junto al
procurador del Tesoro, Rodolfo Díaz.
"En los documentos hay muchas repeticiones y no están acompañados de pruebas que
los sostengan." |
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De
todos los hechos de corrupción denunciados por la oposición, el Gobierno consideró que
sólo en doce casos puede haber existido la comisión de algún delito. Así se desprende
del informe difundido ayer por el procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Díaz, a
quien en el marco de la promocionada "tormenta ética" el presidente Carlos
Menem le encomendó el análisis de las denuncias sobre negociados estatales impulsadas
por diversos legisladores de la Alianza y el precandidato presidencial de la UCR, Fernando
de la Rúa. Los hombres de la coalición opositora criticaron al menemismo por su
desinterés en combatir la corrupción.
"Se han podido identificar doce hechos de corrupción, de los
cuales diez han sido objeto de causas judiciales y dos sumarios administrativos que
terminaron en sobreseimiento", explicó Díaz, acerca del resultado de su informe.
Añadió que "las presentaciones mencionan además dieciséis irregularidades
administrativas, de las que nueve son o han sido objeto de causas judiciales y las siete
restantes no encuadran en el supuesto de gravedad institucional".
Entre los casos identificados por Díaz figuran algunos de los más
resonantes de los últimos años, como los contratos de IBM con el Banco Nación y la DGI,
la construcción de la represa y la pista de aterrizaje de Anillaco y la venta de pólvora
a Croacia.
El informe difundido por el procurador del Tesoro comprende el estudio
de las 1008 presentaciones sobre presuntos hechos de corrupción realizadas por De la Rúa
y los legisladores de la Alianza. Díaz encaró ese análisis en febrero pasado por pedido
del propio Menem. El Presidente presentó entonces la iniciativa como el comienzo de
"una tormenta ética", aunque del texto del decreto que ordenaba al funcionario
realizar esa tarea surgía que el objetivo era obligar a "los señores legisladores
nacionales y a Fernando de la Rúa" a respaldar con "pruebas" ante la
Justicia sus denuncias sobre la corrupción de la gestión menemista.
Díaz apuntó ayer que las denuncias de la oposición "no
mencionan hechos nuevos y los que se mencionan ya estaban sometidos a la Justicia".
Destacó que "sobre más de un millar de documentos presentados no todos contienen
referencias a la corrupción administrativa; hay muchas repeticiones sobre los mismos
hechos y no se han acompañado pruebas de esos actos".
"No hay que ponerse el impermeable, ni el paraguas por esta
tormenta", ironizó la precandidata presidencial del Frepaso, Graciela Fernández
Meijide. Recordó también que "más de cien funcionarios de distinta categoría,
todos muy relacionados con el menemismo y con una Justicia adicta, quedaron impunes"
en casos de corrupción.
El diputado Rafael Pascual --jefe de campaña de De la Rúa-- señaló
que "al menemismo ni siquiera le basta como prueba sorprender in fraganti a alguien
cometiendo un delito. Pero el pueblo percibe la corrupción y su veredicto del 26 de
octubre no coincide con el dictamen de Díaz".
El senador radical Leopoldo Moreau manifestó que "la UCR no sólo
demostró que ha hecho denuncias con pruebas, sino algo fundamental que Díaz soslaya: que
el 99 por ciento de esas denuncias fueron hechas por la oposición y ninguna por el
oficialismo, que no tiene interés en esclarecer los hechos de corrupción". Por su
parte, el diputado bonaerense del Frepaso Oscar Laborde opinó que "el informe de
Díaz sólo busca blanquear al Gobierno y no cumplir con la función de investigar la
corrupción".
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