SIN VOCACIÓN, NO SE RECAUDA
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Por David Cufré Paso a paso, Roque Fernández quebró la resistencia empresaria a la reforma impositiva. Los representantes de la construcción y los banqueros fueron los primeros en modificar su postura crítica y, aunque con reparos, dieron su apoyo al proyecto. Lo propio hizo ayer la Cámara Argentina de Comercio. Su titular, Jorge Di Fiori, expresó al término de un encuentro con Carlos Menem y Fernández que "a nadie le gusta pagar más impuestos", pero que la entidad "entiende que la situación internacional y la interna exigen un esfuerzo adicional". No obstante, el empresario hizo hincapié en que el Gobierno debe ser más eficiente en la lucha contra la evasión. "No existe verdadera vocación para recaudar", sostuvo el dirigente ante este diario. La cúpula de la CAC asistió a la Casa Rosada para entrevistarse con el Presidente y el ministro de Economía. Ante la imposibilidad del Grupo de los Ocho de consensuar una postura frente a la reforma, los dirigentes del comercio se limitaron a anunciar que coinciden con el "espíritu" del proyecto. Sin embargo, Di Fiori no se privó de quejarse por la incapacidad del Gobierno para mejorar la administración tributaria. "No podemos seguir viviendo con un 40 por ciento de evasión impositiva", enfatizó. "Tiene que haber señales claras en la lucha contra este problema, porque quien hoy paga sus impuestos se siente discriminado frente a quienes evaden", agregó el representante de los intermediarios. Di Fiori reflotó ante Menem y Fernández una propuesta para hacer más ágil el cobro de impuestos. Sugirió la creación de un fuero judicial dedicado exclusivamente a cuestiones impositivas. "Carlos Silvani me dijo que en la Justicia hay cuestiones del año '76 aún sin resolver", ejemplificó el empresario. "Necesitamos un procedimiento que asegure al contribuyente y al Estado una rápida resolución de las causas tributarias. Si la gente ve que las sanciones por no pagar impuestos son inmediatas, va a pensar dos veces antes de evadir", interpretó. El flanco débil de la falta de castigos ejemplares también se contempló cuando se modificó la ley penal tributaria, incorporando la pena de prisión a los evasores. A pesar de algún famoso preso, la evasión sigue siendo una práctica usual. Menem se mostró receptivo ante la propuesta e instruyó al jefe de Economía que se avance en la creación de ese fuero. Los comerciantes resisten las clausuras de la DGI y piden nuevos instrumentos para combatir la evasión. "La clausura es una sanción y nadie puede ser penado sin juicio previo", remarcó Di Fiori. De todos modos, insistió en que la evasión "es desleal frente a quienes pagan" y pidió que se termine con el "fraude fiscal". Con respecto a la reforma, el dirigente señaló que comparte la generalización del IVA, pero reclamó que cuando aumente la recaudación se reduzca la alícuota del 21 al 18 por ciento. Ese punto fue incluido en el proyecto de dictamen por los diputados justicialistas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Aldo Roggio, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, comentó a Página/12 que comparte esa propuesta. "En el Grupo de los Ocho existe consenso en favor de la reforma, pero entendemos que se debe rebajar la tasa del IVA", afirmó. Más allá de esos planteos, Fernández ve que el camino hacia la reforma se encuentra cada vez más allanado. La inclusión de la rebaja de aportes patronales en la reforma impositiva, sin embargo, sigue generando resquemores entre los legisladores de extracción sindical. El diputado justicialista Oraldo Britos cuestionó la propuesta, recordando que ya anteriormente se habían aplicado reducciones en las contribuciones patronales "y no se abrieron muchas empresas ni fuentes de trabajo", sentenció. La reducción de las cargas sociales es un aspecto esencial del proyecto de reforma tributaria, sobre el cual deberá dictaminar la Comisión de Presupuesto y Hacienda en los próximos días. Artemio López, titular de la consultora Equis y asesor de la Asociación de Trabajadores del Estado, subrayó que la primera rebaja de aportes "no sirvió para generar empleo genuino", ya que "sobre los 800 mil puestos de trabajo que en promedio se generaron en 1997, casi la mitad se debe a contratos promovidos" costeados por el Estado, como el Plan Trabajar.
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