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FUERA DE LA LEY, CASI TODO
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Uno de los referentes del Grupo de los Ocho, Jorge Di Fiori, admitió que "es una realidad que los empresarios prefieren dar más horas extras que contratar más personal", tal cual lo había señalado Erman González. El conglomerado de las mayores cámaras empresarias aboga por el cambio del actual régimen de despidos y la modificación de la legislación laboral, para permitir jornadas de trabajo de hasta 12 horas en tiempos de elevada actividad, que se compensarían en los meses de baja producción. También reclaman la facultad de poder otorgar las vacaciones fuera de los meses de verano, y fraccionar el pago del aguinaldo. Funes de Rioja señaló, por otra parte, que "el 85 por ciento de las empresas, sobre todo las pequeñas, todavía están regidas por convenios laborales de 1975 y por una ley de jornada de trabajo del año 30, razón por la cual se termina en una flexibilidad de hecho", es decir, en la aplicación de condiciones laborales por fuera de la ley. "Por ser convenios tan inaplicables, terminan siendo vulnerados, y esto es malo para la empresa y es malo para el trabajador", agregó. "Si tuviéramos leyes y convenios actualizados, entonces estas conductas antilegales deberían ser sancionadas, porque todo el mundo debe vivir dentro de la ley, pero de una ley realista", aclaró. El especialista de la Unión Industrial también puso en duda que limitando la jornada de trabajo se vaya a generar más empleo. "El hecho de trabajar menos horas para repartir trabajo, a mi criterio, no es la solución". "Tenemos que crear empleo, fundamentalmente, creando pequeñas empresas, porque después de este monumental ajuste tecnológico, la Argentina ha pegado un salto cualitativo que le ha permitido exportar, pero en el sector de pequeña empresa está claro que murieron muchas empresas y además murieron muchos empleos", acotó. "Se luchó mucho, desde principios de siglo, por la jornada de ocho horas de trabajo, y ahora es un hecho que en las empresas se trabaja doce horas", replicó ayer el diputado justicialista --ex dirigente ferroviario-- Oraldo Britos. "Cuando tienen una mayor producción, las empresas prefieren pagarle a un obrero el recargo de horas extras antes que convocar a un nuevo trabajador", dijo, a modo de denuncia, lo que por otro lado era admitido por los dirigentes empresarios. El debate quedó instalado a partir del reconocimiento del propio ministro de Economía de que las encuestas del mes de mayo revelarían la falta de avance en la reducción del desempleo, que en la anterior medición se ubicó en el 13,7 por ciento de la población activa. Por otra parte, las encuestas que realiza el Ministerio de Trabajo mensualmente, en Capital Federal y Gran Buenos Aires, revelan el estancamiento y hasta un leve retroceso en la demanda de empleos desde fines de 1997, con un deterioro en su calidad, al sustituir trabajo fijo por temporario. La alarma se encendió al verificarse que con una tasa de aumento del producto bruto del seis al siete por ciento, el desempleo se mantiene estable, contrariando los pronósticos oficiales y hasta ciertas apreciaciones de la oposición. José Luis Machinea, referente económico de la Alianza, había señalado frente a dirigentes políticos del sector que a partir del ajuste tecnológico ya realizado, el crecimiento económico tendría un efecto positivo sobre la creación de empleo. La realidad parece contrariar el resultado esperado.
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La certeza de que los índices de desocupación que se difundan este mes no mostrarán la
mejora que el Gobierno y los empresarios esperaban inició una batalla de acusaciones
cruzadas entre ambos sectores. Mientras el establishment carga la responsabilidad sobre
las autoridades por no haber implementado la flexibilización laboral reclamada, desde el
Ministerio de Trabajo se apuntó a los empresarios, que sobrecargan de tareas a los
ocupados sin generar nuevos puestos de trabajo cuando necesitan aumentar la producción.
En tanto, el director del Departamento Laboral de la UIA, Daniel Funes de Rioja,
justificó la violación de los convenios de trabajo que no fueron renovados. "Todo
el mundo debe vivir dentro de la ley, pero de una ley realista", afirmó.