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Por Eduardo Videla Mientras la polémica en torno de la prostitución callejera sigue en pie a pesar de los cambios introducidos en el Código de Convivencia, el tema del trabajo sexual comenzó a ser abordado en su dimensión social, hasta ahora olvidada: tres legisladoras porteñas propusieron la creación de un programa de prevención de enfermedades de transmisión sexual y de reinserción laboral de las personas que ejercen esa actividad. El proyecto contempla además implementar mecanismos de mediación para prevenir conflictos con los vecinos, una etapa previa a la aplicación del Código Contravencional reformado, que contempla sanciones para eventuales desbordes en la vía pública. La tarea estaría a cargo de "parejas preventivas", integradas por una trabajadora social y un policía municipal, que serían los encargados de recorrer los lugares --abiertos o cerrados-- donde se ejerce la prostitución. El proyecto lleva la firma de las diputadas Gabriela González Gass (UCR), Dora Barrancos y María Elena Naddeo (ambas del Frepaso). A contramano de quienes reclaman zonas rojas para prostitutas y travestis callejeras, las legisladoras encararon el problema desde el punto de vista "social y comunitario". "Se trata de un problema preocupante, que necesita de la implementación de políticas públicas para contribuir a que las personas afectadas recuperen sus derechos y puedan reinsertarse en la sociedad", explicó Naddeo a Página/12. De acuerdo con el proyecto, las parejas preventivas, integradas por personal especializado, recorrerán los lugares donde se ejerce el comercio sexual, distribuirán preservativos y repartirán cartillas y folletos en los que se promueven "talleres y cursos de capacitación sobre autoestima, derechos humanos y prevención de enfermedades de transmisión sexual", agregó Naddeo. Tanto los cursos como la reinserción laboral "se harán en forma voluntaria", aclaró. Para la diputada Barrancos, la gravedad del problema radica en que "involucra a niñas de 15 o 16 años, que son sometidas a explotación y violencia sexual". Las tres autoras del proyecto se oponen a la prohibición o establecimiento de zonas rojas para el comercio sexual y adherían al criterio de sancionar el abuso de los espacios públicos que, finalmente, no pudo imponerse en la Legislatura. Sin embargo, los límites impuestos por los diputados al ejercicio de la prostitución no se contraponen con la iniciativa: "Al contrario, es un proyecto complementario porque apunta a trabajar sobre el consenso, en la resolución de los conflictos, para no incurrir en los abusos del ejercicio de la prostitución", explicó a este diario González Gass. Según la diputada, la idea es trabajar en "la prevención y la conciliación, para que la actividad se pueda ejercer sin molestar al otro, como paso previo a la aplicación del sistema de represión". El proyecto prevé la creación de un Programa de Recuperación de Derechos, que contempla un relevamiento de los ámbitos de concentración de prostitutas con el fin de "detectar problemas sanitarios, ambientales y psicosociales" e implementar campañas de difusión sobre los derechos afectados por el ejercicio de esa actividad. Para su implementación, se contempla la creación de una comisión interdisciplinaria, integrada por psicólogos, abogados, médicos, antropólogos y especialistas en empleo, sexología y derechos humanos con perspectiva de género, que será la encargada de elaborar las pautas de trabajo. El programa dependerá de la Secretaría de Promoción Social, a través de la Dirección de la Mujer. --¿Las parejas preventivas van a asistir a las prostitutas que trabajan en la calle o también a las que están en prostíbulos o saunas? --preguntó Página/12. --Habrá que buscar la manera de que puedan ingresar a los lugares privados, no con una intención punitiva sino para hacer un trabajo de prevención y concientización de las mujeres que allí trabajan. Acercarse a ellas de manera sutil, para que intenten salir de esa actividad --dijo la diputada Barrancos. --Se supone que hay personas que están bien con lo que hacen y no tienen intención de abandonar la actividad. --No se trata de una cruzada de recuperación ni de una campaña redentista. Creemos que hay una victimización social de las prostitutas, vinculada a las formaciones de género que tenemos en esta sociedad. Y que de una u otra forma, las prostitutas son explotadas sexualmente, aunque trabajen por su cuenta. "En la medida en que toman conciencia de su situación, se asocian, cuidan su salud, entran en conflicto consigo mismas y les es cada vez más difícil seguir trabajando", agregó Florencia Elgorreaga, asesora del bloque del Frepaso.
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