EL TAXI BOY AMIGO DE OYARBIDE LO ACUSO DE COBRAR FORTUNAS POR "PROTECCION"
Juez con elevadísima cotización

Una extensa declaración del taxi boy Luciano Garbellano Botega incriminó gravemente al juez federal Norberto Oyarbide. Garbellano relató ayer al juez de instrucción Fernando Rodríguez Lubary y al fiscal de Cámara Norberto Quantín que Oyarbide recibía de él entre 10 y 15 mil dólares mensuales a cambio de implícita protección. También dijo que el juez federal había percibido una cuantiosa suma, de alrededor de 250 mil dólares, por no allanar el Hard Rock Café, que se encontraba en una disputa por la posesión de la marca de la cadena internacional. La complicada situación que atraviesan los jueces federales de la Capital los habría llevado a solicitar una entrevista en la residencia de Olivos con el Presidente. Pero Carlos Menem se negó a la audiencia considerándola, por ahora, poco conveniente.

La declaración de ayer de Garbellano afianza la posibilidad de procesar a Oyarbide por amenazas y cohecho, al tiempo que el video que por fin llegó a manos de la Justicia lo involucra en actividades incompatibles con su investidura. Garbellano también hizo un prolijo racconto de su relación con el magistrado.

Es la primera vez que Garbellano admite su actividad al frente del prostíbulo Spartacus, aunque relató que no fue allí donde trabó relación con Oyarbide sino en otro llamado Gym Boys, ubicado en la calle Marcelo T. de Alvear. Por ese entonces, según Garbellano, Oyarbide era uno de tantos clientes. Pero luego el magistrado le hizo saber que quería conocerlo y comenzaron a salir a reuniones sociales y a comer. Fue cuando Garbellano fichó para Spartacus que la amistad entre ellos se profundizó. A ese local, recordó el taxi boy, Oyarbide solía concurrir toda vez que le era posible, sobre todo sábados, domingos y feriados.

Estas afirmaciones quedaron corroboradas por el video que Garbellano entregó a los magistrados y del que, por proteger en lo posible la vida privada del magistrado, sólo se proyectó un pequeño fragmento en el que se observa a Oyarbide en el segundo piso de un local que, por su decoración, no es otro que Spartacus. Las imágenes muestran a un joven vestido de romano que recoge al magistrado y lo conduce a otras dependencias del prostíbulo. Oyarbide había aceptado conocer Spartacus pero dijo que creía que se trataba de la vivienda de Garbellano. Esa secuencia descalificaría por completo la pueril explicación del juez federal.

Garbellano explicó a los magistrados que las filmaciones no tenían un objetivo extorsivo, sino que eran atribuibles a medidas de control y seguridad. Según Garbellano servían para verificar que no se consumieran ni se traficaran drogas dentro del local. El sistema, controlado desde la planta baja, era similar al que el juez tiene instalado en su despacho y fue eso lo que le dio la idea de utilizar ese método. Luego agregó que el video en el que aparece el juez federal fue filmado a su pedido, un planteo habitual entre los clientes. Garbellano se preocupó por puntualizar que los videos eran borrados al día siguiente de su filmación.

En coincidencia con los testimonios vertidos la semana pasada por el "secretario privado" de Garbellano, quien se halla bajo custodia de la Aeronáutica, el taxi boy confirmó los estrechos vínculos que unían a Oyarbide con Raúl Martins, Carlos Perciavalle y Antonio Sodano, que según denuncias radicadas en el juzgado se dedican a la prostitución y propietario de prostíbulos. Al punto que, de acuerdo a su declaración, Oyarbide había concurrido al casamiento del hijo de Martins.

El pintoresco taxi boy informó a Rodríguez Lubary que le entregaba al juez federal una suma mensual que oscilaba entre los 10 y 15 mil pesos. Un funcionario judicial dijo a este diario que si bien Garbellano no se había explicitado con claridad, con esa contribución había logrado que nunca lo molestaran con ninguna inspección a Spartacus. Al contrario: hizo hincapié en que el único registro sufrido por el local ocurrió luego de que él y Norberto Oyarbide se distanciaran.

Del mismo modo aseguró saber que el magistrado había recibido 250 mil dólares para suspender un allanamiento al Hard Rock Café, envuelto en un litigio por la titularidad de la marca de la cadena internacional de confiterías.

El joven aspirante a artista hizo un recuento de los contactos del juez con empresarios de la prostitución y de los beneficios que solía obtener de esas amistades. Entre ellos recordó que en una oportunidad, mientras comía en un restaurante en una mesa no lejana a la de Oyarbide, observó cómo Martins guardaba un fajo de billetes en el portafolios del juez. Garbellano hizo notar que Oyarbide mantiene con él una deuda cercana a los 180 mil dólares en concepto de servicios no pagados. El magistrado, reseñó Garbellano, le enviaba conocidos a los que quería agasajar y le ordenaba que no cobrara ya que él se haría cargo de los honorarios, cosa que nunca se produjo.

Respecto del comisario Roberto Rosa (alias "Clavel" en los campos clandestinos de detención, y ex jefe de Seguridad de las Personas de la Policía Federal), Garbellano manifestó que solía concurrir a la casa del jefe policial y por consejo de Oyarbide le contaba de los nuevos prostíbulos clandestinos que comenzaban a funcionar. Así, Spartacus eliminaba toda competencia. Preguntado sobre el intenso tráfico telefónico mantenido con Rosa, Garbellano lo justificó sosteniendo que el comisario le "daba buenos consejos" y le sugería que tenía que ser actor, una frase que le repitió el mismo día en que el taxi boy fue baleado en las afueras de Zárate. De acuerdo a su declaración habría sido Rosa quien le recomendó que recurriera al abogado Hernández Agramonte, el mismo que designaría más tarde Rosa para su propia defensa. Hernández Agramonte es socio de un ex juez, Héctor Calandra, el hombre que hizo entrar a Oyarbide al poder judicial.

Garbellano abundó en detalles acerca de los gustos caros del juez federal, su fantástica pasión por las joyas y los trajes de Hugo Boss y Kenzo que costaban entre 1500 y 4000 pesos. El emprendedor taxi boy demostró un perfecto conocimiento de las costumbres de su ex amigo: "Siempre comía lomo con morrones y mucho ajo. Y un juez federal con olor a ajo es mucho", se escandalizó el declarante.

MENEM ATACO A LA ALIANZA Y A CAVALLO EN UNA CARTA PUBLICA CONOCIDA AYER
"Debilitan las instituciones"

La oposición venía golpeando con dureza. Carlos Menem no aguantó más y dictó las ideas fundamentales para una carta. Ayer al mediodía, dos asesores le acercaron el texto. Lo corrigió y decidió difundirlo recién a las 19, con la intención de "dar poco tiempo a los destinatarios para responder en el día", según se le escapó a una fuente cercana al Gobierno en los pasillos de la Casa Rosada. En su "Apelación a la madurez republicana", tal el título escogido, el Presidente afirmó que "con temeraria y notoria irresponsabilidad, los máximos referentes de la Alianza confunden el marco de las discrepancias que definen el debate democrático y no hacen otra cosa que debilitar las instituciones". Varios aliancistas llegaron a tiempo y cruzaron al autor. Lo compararon con Alberto Fujimori, le recordaron "la corrupción que lo rodea" y le dijeron ya pasó su momento de decir lo que hay que hacer. Domingo Cavallo, también tocado por la carta, le contestó que fue "ministro pero no cómplice".

El arranque de Carlos Menem se produjo después de tres días en los cuales las críticas aliancistas habían subido de tono. Graciela Fernández Meijide lo relacionó con el caso de la venta ilegal de armas. Raúl Alfonsín, en una entrevista con Página/12, advirtió que al presionar a la Corte Suprema de Justicia por un fallo favorable a la re-reelección, estaba promoviendo un golpe de Estado. Carlos "Chacho" Alvarez, sostuvo que la alternativa para las elecciones del '99 es "República o mafia".

"Me pregunto si toda esta campaña artificial no busca ocultar tras una cortina de humo los graves problemas de una oposición carente de ideas, que no puede disimular sus profundas diferencias y cuyo programa se reduce a disputar candidaturas", reflexionó Menem. Agregó que "allí donde les toca gobernar, como en la Capital Federal, demuestran su incapacidad, ambigüedad e indecisión, para consensuar un código de convivencia".

Sobre Meijide, el Presidente dijo que "una diputada, me pide abiertamente que viole la Constitución, pues no otra cosa es 'darle orden a la Corte'".

Y la diputada contestó. "Nadie pide al Presidente que imparta una orden a la Corte, sino todo lo contrario: que no le ordene", explicó a este diario. "En América hay dos presidentes que pretenden una reelección llevándose por delante una Constitución, Fijimori y Menem", señaló. En el nombre de De la Rúa, el diputado Pascual, comentó al redactor que Menem "ya no sabe qué hacer para mejorar su imagen, y se ataca a la oposición, mientras no hace nada para subsanar la corrupción que lo rodea". Alfonsín señaló que Menem "ya tuvo demasiados años para hacer lo que dice que hay que hacer, y no lo hizo".

Cavallo, a quien Menem le recordó que tenía que aclarar las "graves denuncias en su contra", contestó que fue "ministro pero no cómplice" y desafió al Presidente a un debate público sobre la corrupción.

El PJ propone el juicio político a diez jueces

Por Fernando Almirón

El vicepresidente del bloque de diputados justicialistas, Miguel Angel Pichetto, promovió ayer el juicio político contra diez magistrados del fuero contencioso administrativo que fallaron en contra de dos decretos de necesidad y urgencia emitidos por el gobierno nacional. Pichetto acusó a los jueces por "mal desempeño de sus funciones" y "presunta comisión de delito" por haber dado lugar a los recursos de amparo presentados por el defensor del Pueblo, Jorge Maiorano, y otros demandantes particulares que cuestionaron ante la Justicia los reajustes de las tarifas telefónicas y la privatización de los aeropuertos dispuestos por el Ejecutivo. El oficialismo aprovecha la oportunidad para devolverle a la oposición el golpe que le asestó cuando señaló al fuero federal como adicto al Gobierno. "Si atacan a nuestros jueces, nosotros nos vamos a ocupar de cuestionar a los de ellos", afirmaron voceros del bloque justicialista. La medida impulsada por Pichetto es interpretada por la oposición como jugada política del menemismo para tender una red de protección en torno de la Suprema Corte que deberá resolver sobre la habilitación del Carlos Menem para un nuevo período presidencial, presionando a los jueces que podrían dar lugar a recursos de amparo que traben la vital resolución.

El pedido de juicio político masivo contra magistrados del fuero contencioso administrativo se originó en las oficinas del vicepresidente del bloque de diputados justicialistas, Miguel Angel Pichetto. Si bien apenas una media docena de diputados oficialistas acompañó la iniciativa del legislador, en el bloque nadie se atreve a desestimar el sentido de la presentación, que adjudican a una inspiración consumada en las oficinas del Ministerio del Interior. El objetivo no sería tan "absurdo" como fue posteriormente calificado por la oposición. Se trata --según voceros del propio oficialismo-- de responder a la ofensiva de la Alianza que cuestionó a los integrantes del fuero federal por su "afinidad" con los deseos del Gobierno y, de paso, tender una red de protección en torno de la Suprema Corte en la que el menemismo tiene depositada su esperanza de continuidad en el poder.

Pichetto promovió el juicio político contra la jueza María José Sarmiento que aceptó un recurso de amparo contra el rebalanceo telefónico, que fue confirmado después por los camaristas Guillermo Andrés Muñoz, José Argento, Roberto Mario Mordeglia; los que están incluidos en el pedido de enjuiciamiento. Liliana Heiland y Martín Silva Garretón interpusieron sendos recursos sobre la privatización de los aeropuertos (ver aparte). Tanto ellos como los camaristas Ernesto Marinelli, Jorge Demarco, Martha Herrera y María Garzón de Conte Grand de la Sala Contencioso Administrativa Nº 2 que confirmaron el fallo, están en la lista del diputado. En todos los casos, los magistrados se pronunciaron en contra del Estado. Luego la Suprema Corte desestimó lo resuelto por los jueces y confirmó la validez de los decretos de necesidad y urgencia elaborados por el gobierno nacional.

"No vamos a admitir el gobierno judicial", aseguró Pichetto a Página/12 al justificar su iniciativa. Según el legislador, los jueces que cuestiona invadieron las facultades que son propias del Ejecutivo. "Violaron normas expresas con el intención explícita de alterar nuestro sistema de división de poderes", dice Pichetto. En otras palabras, que la Justicia no puede cuestionar las decisiones que toma el poder político, y que mucho menos puede hacerlo dando lugar a debates "que son propios del Parlamento". Sin embargo, Pichetto no tomó en cuenta en su argumentación que la privatización de los aeropuertos se resolvió mediante un decreto de necesidad y urgencia luego de que el tratamiento sobre el tema sufriera sucesivas postergaciones en la Cámara de Diputados. Lo curioso es que el legislador salga en defensa de un decreto referido a un tema que le fue arrebatado al Parlamento, y que ahora apele a la división de poderes para arremeter contra diez jueces que, en todo caso, fueron receptores de un debate que no se logró resolver en la Cámara baja.

"Es un disparate y desnuda la política menemista", aseguró ayer la diputada radical Elisa Carrió apenas se enteró de la iniciativa impulsada por el diputado. "Esta es una horda que pretende transformar la política en una guerra", dijo la legisladora que agregó: "Parece que hubiera un juego en el que se quiere proteger a la Corte, ahora el PJ promueve el juicio político de los jueces que fallaron de manera distinta que el Tribunal Supremo". El diputado del Frepaso Héctor Polino, promotor de algunas de las causas por las cuales se inició el juicio político a los magistrados, consideró que "este pedido constituye una verdadera acción intimidatoria contra los jueces que actuaron en cumplimiento del orden judicial vigente". Polino también cree que detrás del pedido de Pichetto se oculta una intención menos institucional. En general, la oposición considera que la iniciativa intenta limitar el otorgamiento de recursos de amparo por parte de los jueces que el Gobierno no controla, sobre todo si se tiene en cuenta que el Gobierno depositó en la Justicia la esperanza de una controvertida habilitación para que Carlos Menem pueda competir por un nuevo período presidencial, y que soportará recursos de amparo.

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