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 Luego
de dos años de investigación en catorce ciudades de los Estados Unidos, la organización
Human Rights Watch publicó un informe de 450 páginas en el que denuncia la brutalidad
policial que no es controlada ni por investigaciones administrativas ni por procesos
judiciales. Human Rights Watch es la principal organización humanitaria no gubernamental
del mundo y fue creada hace dos décadas a fin de proteger y promover el respeto a los
derechos humanos reconocidos internacionalmente. El informe, divulgado ayer en Nueva York,
sostiene que se gastan decenas de millones de dólares para responder a las demandas
civiles por brutalidad policial en vez de atacar las situaciones de base que la producen.
La investigación abarcó las ciudades de Nueva York, San Francisco, Los Angeles,
Washington, Chicago, Atlanta, Boston, Detroit, Indianapolis, Mineapolis, Nueva Orleans,
Filadelfia, Portland y Providence."Los departamentos de policía habitualmente alegan que los casos más conocidos son el resultado de conductas aberrantes de funcionarios policiales que actúan por su cuenta. Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos persisten debido a las grandes deficiencias en los mecanismos de control", dijo el director ejecutivo de Human Rights Watch, Kenneth Roth al presentar el informe. Entre los actos de brutalidad policial investigados se destacan los disparos injustificados, las palizas y los ahogamientos de personas y la falta de voluntad por frenarlos. Esto no sólo viola los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Estados Unidos sino también las leyes nacionales y provinciales y las normas de la mayoría de los departamentos de policía. También implica una traición al público que esos agentes han jurado servir, dice el informe. Una de sus observaciones críticas afirma que las unidades de asuntos internos de la policía operan en forma sigilosa y no publican ni siquiera información elemental sobre sus actividades. En 1994 el Congreso ordenó al Ministerio de Justicia la recopilación de estadísticas y la difusión de un informe anual sobre el uso desmedido de la fuerza por la Policía Federal. Pero cuatro años después esa disposición no se ha cumplido. Human Rights Watch recomienda establecer una política interna de tolerancia cero a los abusos policiales, sistemas de prevención que permitan identificar a los agentes de riesgo y expulsar a los que cometen abusos y contratar fiscales especiales que en cada estado inicien acciones penales contra los policías responsables. Kenneth Roth dijo que aunque dentro y fuera de Estados Unidos se observa a Nueva York como un modelo eficaz de mantenimiento del orden "también constituye un ejemplo negativo", que ejemplificó con el caso del inmigrante haitiano Abner Louima. La minoría de agentes violentos, "pueden ser objeto de reiteradas denuncias, pero suelen estar protegidos por el silencio de sus compañeros y la deficiencia de las investigaciones policiales internas. Sus historiales violentos sólo salen a luz y se toman en cuenta cuando cometen un abuso tan flagrante que avergüenza a toda la institución y no puede ser ignorado. Incluso, cuando se castiga como corresponde a un agente, quedan libres de toda medida disciplinaria o investigación sus superiores, que debieron haber intervenido para frenar los abusos", dice el informe. Ni siquiera los juicios civiles, que cuestan decenas de millones de dólares en indemnizaciones, provocan la apertura de sumarios administrativos. Los juicios penales contra policías son poco habituales. Los fiscales de los estados, que trabajan en estrecha relación con los policías, son renuentes a iniciarlos, y cuando las víctimas de esos abusos han cometido a su vez algún delito, los jurados tienden a creer las versiones policiales de los hechos. "Los fiscales locales y federales no están cumpliendo con su deber de perseguir a los policías acusados de violaciones a los derechos humanos. Para resolver esos crímenes terribles deberían nombrarse fiscales especiales", concluyó Roth.
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