FUJIMORI PIDE QUE LE ENVIEN
LAS ARMAS RETENIDAS EN EZEIZA
El Chino enojado con la Argentina
Perú afirma que no hay motivos para retener el cargamento de
granadas y reprochó a Argentina su conducta durante la guerra con Ecuador. Cancillería
contesta que decidirá la Justicia.
El
presidente Alberto Fujimori instó ayer al gobierno argentino a que le devuelva el
cargamento de armas adquirido por el gobierno peruano en Sudáfrica, que viajaba con rumbo
a Lima y que el martes fue secuestrado por funcionarios del gobierno nacional en el
aeropuerto de Ezeiza. El canciller peruano Eduardo Ferrero expresó ayer su "gran
preocupación y sorpresa" por la retención del cargamento. "No existe razón
alguna para que la Argentina retenga el envío. Confío en que el gobierno de Buenos Aires
no relacione este caso con el pasado conflicto armado entre Perú y Ecuador",
manifestó ayer Fujimori desde Londres, donde se encuentra de visita oficial. El gobierno
argentino replica que el asunto está en manos de la Justicia, donde radicó la denuncia
la Fuerza Aérea, aunque no se explican --dicen-- las razones por las que se decidió
hacer la escala en nuestro país y dejar la carga en los galpones fiscales de la terminal
aérea.
La decisión argentina de retener un cargamento de 300 lanzagranadas
destinadas a las fuerzas armadas peruanas originó una oleada de indignación en el país
andino y su presidente, Alberto Fujimori, no se privó ayer de recordarle al gobierno
argentino su responsabilidad en la venta de armas que nuestro país había pactado con
Ecuador en pleno apogeo de la guerra del "Cóndor" contra Perú. "No hay
razón para que la Argentina retenga este envío", dijo ayer Fujimori, quien confió
en que "la administración argentina no relacione este caso con el pasado conflicto
armado entre Perú y Ecuador, cuando era ilícito el traslado de armas". Por si
quedaban dudas de a qué se refería, el mandatario peruano agregó: "cuando
Argentina envió armas al Ecuador".
"Las fuerzas armadas peruanas pueden comprar esas armas y de
momento no hay intención de restringir el comercio de armas en América latina",
dijo Fujimori, quien instruyó a su canciller para que reclame explicaciones diplomáticas
de parte de su par argentino. Ya se manifestaron en contra de la determinación argentina,
además del presidente y el canciller peruano Ferrero, el ministro de Defensa de ese
país, general César Sucedo y el embajador de Perú en la Argentina, Hugo de Zela,
además de una docena de legisladores que dieron rienda suelta a su indignación.
El gobierno argentino argumentó que tomó esa medida porque Perú
mantiene "un conflicto" con Ecuador, lo que fue rechazado por las autoridades
peruanas: "Con Ecuador mantenemos en este momento conversaciones de paz".
Argentina es uno de los garantes del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de
Janeiro que Perú y Ecuador firmaron en 1942 para acabar con los problemas fronterizos que
los llevó a una guerra en 1995.
Perú y Ecuador se encuentran ahora en la fase final de una ronda de conversaciones en
busca de firmar un definitivo acuerdo de paz, lo que sucedería antes de agosto.
"Ojalá podamos suscribir los acuerdos entre el 10 y el 12 de agosto, cuando concluya
el proceso electoral de Ecuador", afirmó ayer Fujimori. Por su parte, el canciller
peruano añadió que "nosotros tenemos buenas relaciones con Argentina, esperamos que
este incidente no las entorpezcan. Confiamos en que las autoridades argentinas sean
conscientes de lo que ocurre, del error que han cometido, y que lo rectifiquen".
Defender a la gente
Por Martha I. Rosenberg *
La democracia participativa es el sistema de organización
institucional adoptado por la Constitución de la Ciudad. La crítica y el control de la
acción de gobierno por el pueblo y sus asociaciones, amplían el espacio democrático y
la transparencia de la gestión pública. Es por eso que la Legislatura de la ciudad debe
garantizar la autonomía de los integrantes de la Defensoría del Pueblo y no puede
permitir que su independencia y autonomía funcional se comprometan por la vocación de
los partidos políticos de hegemonizar los institutos de control de los poderes del
gobierno. Esto implica promover las nuevas formas de hacer política que la Alianza
sostenía como punto básico de su programa. Abrir este espacio para mujeres y hombres
distantes del poder, acreedores de la deuda social que soportan los costos de los defectos
y limitaciones de la democracia. La Defensoría es clave para el control de los poderes
públicos y privados de cuyas acciones depende que nuestros derechos sean respetados y
ejercidos efectivamente en las situaciones cotidianas. Que la ciudadanía cuente con
instrumentos de control legítimo y canales de relación fluida con quienes deben
administrar los bienes colectivos es avanzar hacia la democracia participativa proclamada
por la Constitución. En cambio, la detención de las designaciones crea una deuda
inconstitucional que expone a los ciudadanos/as a un estado de indefensión y a la
violación de sus derechos por las instancias que deben custodiarlos. Los episodios
ocurridos en la breve vida de la Legislatura generan la necesidad de probar que los
principios constitucionales podrán concretarse, creando mecanismos aptos para el juego
pacífico de los múltiples intereses y modos culturales que conjuga el espacio urbano
común. Profundizando la participación popular, convocando al debate y concertación a
quienes se han ocupado e interesado por inscribir su acción en el marco institucional de
la Defensoría del Pueblo, como la Multisectorial de Organizaciones Sociales y otras
anotaciones, la Legislatura se prestigia. Y también cumpliendo con audacia disposiciones
constitucionales como el art. 36 sobre "la igualdad real de oportunidades y trato
entre varones y mujeres (...) a través de acciones positivos que permitan su ejercicio en
todos los ámbitos organismos y niveles". Que la Constitución tome cuerpo en
nuestras decisiones políticas es un desafío para todos nosotros.
* Psicoanalista. Preside el Foro por los Derechos Reproductivos.
Candidata adjunta a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. |
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