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Panorama
político
De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, entre mayo de 1991 y octubre de 1997 bajó el pleno empleo y crecieron los trabajos de pocas horas y las horas extras en algunos servicios, manufacturas y comercio. Una estadística internacional mostró que las horas anuales trabajadas en Argentina son 2170, contra 2124 en Japón, 1948 en Estados Unidos, 1953 en Gran Bretaña y 1598 en Alemania. Aquí se trabaja más y se vive peor. A propósito del 150º aniversario del Manifiesto Comunista, el jesuita francés Jean-Ivez Calvez constató esto: "La mayoría de los hombres sigue tal como estaba en tiempos de Marx y Engels, sin tener nunca otro recurso, otro medio de ejercer un peso social que su trabajo". Sin trabajo, no existen. El monto total por año de aportes previsionales que se evaden alcanzaría a 5750 millones de pesos, alrededor de dos veces el presupuesto anual del PAMI. Según un estudio realizado por la consultora de Mora y Araujo, existiría alrededor de un millón y medio de familias cuyo patrimonio supera, en algunos casos con holgura, los 102.300 pesos, que constituyen el mínimo no imponible establecido para el impuesto a los Bienes Personales. Apenas trescientas mil, la quinta parte del total, presentaron declaración jurada. Mientras aquí se quiere extender el IVA a todos los consumos masivos, en Gran Bretaña, cuna de Margaret Thatcher, el laborista Tony Blair impuso un tributo adicional a las superutilidades de las empresas privatizadas, que en la mayoría de los casos son monopólicas, igual que en Argentina. Los bancos privados en el país navegan en liquidez financiera, ofreciendo créditos a diestra y siniestra, pero el Gobierno, con el ministro Fernández que trabaja mucho, sigue aumentando la deuda pública: al 31 de diciembre último, según datos de la Auditoría General de la Nación, ascendía a más de cien mil millones (100.791,63) de dólares, con un endeudamiento neto de 6390 millones de dólares en sólo doce meses. Sumando las obligaciones por intereses de la deuda con la evasión impositiva y previsional, el monto total duplica el presupuesto total del Estado de todo el año. Con este panorama a la vista, una muestra apenas del cuadro general de necesidades y problemas del país, ¿qué lugar deberían ocupar las ambiciones privadas del presidente Carlos Menem? Sin embargo, sus deseos de un tercer mandato, prohibido por la Constitución reformada hace cuatro años, ocupan todo el ancho de las preocupaciones políticas. Más aún: cuando el oficialismo se ocupa de temas como las reformas tributaria y laboral, el subsidio a las provincias o los programas de desempleo, las decisiones quedan supeditadas a ese propósito único y excluyente. Después de la derrota electoral de octubre pasado, toda idea de continuismo parecía descartarse por sí sola. Las encuestas posteriores a ese escrutinio mostraron que nunca menos del 60 por ciento de los encuestados se pronunciaba en contra del tercer mandato, mientras bajaba en picada la popularidad de la gestión de Gobierno. El optimismo del primer mandato -–con la estabilidad antiinflacionaria, el auge del crédito y las privatizaciones que venían a sustituir el viejo e ineficiente Estado-— se convirtieron en la pesadumbre popular del segundo mandato. El violento final del todopoderoso Alfredo Yabrán y las relaciones prostibularias del juez federal Oyarbide son la imagen esperpéntica de un poder corroído por sus vicios. Parece natural, en estas circunstancias, que el presidente Menem tuviera que conmemorar el 9 de Julio en Tucumán, al lado de Antonio Bussi, en la única provincia donde un ex terrorista de Estado conserva todavía la primera intención de voto y los peronistas perdieron su mayoría de fierro. Aún ahí, reunidos por su propia voluntad, ellos dos tuvieron que escuchar al arzobispo que les recordó la necesidad del arrepentimiento y el deber de la compasión. Es una imagen de final de período, de salida en bajada. El protocolar festejo tucumano equivale al presidente Chirac encerrado con Le Pen, en lugar de ir al estadio de París, para ver por TV el partido final del equipo francés por la Copa del Mundo. Entonces, ¿de dónde sale la fuerza para imponer en la agenda nacional el temario continuista? Hay astucia para la maniobra, capacidad de iniciativa política y ambición de poder, por supuesto, suficientes como para vencer cualquier escrúpulo institucional. Todo eso es necesario para remontar las dificultades que se le presenta si quiere burlar la Constitución, pero no debería ser suficiente como para atrapar a todo su partido en el mismo lodo y, de paso, a la oposición que aparece ligada a esta contradanza improductiva. Sólo puede ser posible debido a la profunda crisis de identidad del peronismo, nacido como fuerza de redención social, convertido en la mayor expresión política del conservadurismo económico. Los apoyos del neoliberalismo nunca tuvieron ni tienen candidato propio que pueda superar con suerte el diez por ciento de los votos, pero hoy en día el peronismo no puede levantar ningún otro, de su propia entraña, que no ponga en contradicción el rumbo que tan bien expresó Fernández al acusar a los maestros por vagancia. Para mantener unidos al programa ortodoxo del capitalismo salvaje con la lealtad popular, sobre todo de los más pobres, a la camiseta peronista, Menem se vuelve el mejor candidato, aunque sea el peor imaginable. Hay otra unión de contrarios que influye a su favor. En la historia de golpes y contragolpes de Estado en el país, los conservadores jamás respetaron otra ley que la propia, el general Perón despreció el "demoliberalismo" y produjo una Constitución a su medida, en tanto la izquierda desdeñó el sistema en su conjunto, Constitución incluida. Los radicales también violaron más de una vez sus propias convicciones legalistas y hasta un hombre bueno como Arturo Illia fue elegido de mala manera, por la proscripción del peronismo, una aberración jurídica, política y social. Por caminos diversos, incluso antagónicos pero convergentes en este punto, varias generaciones fueron educadas, por la teoría y la práctica, fuera de la ley. Nunca como ahora, además, los derechos sociales y humanos (al trabajo, a la educación, a la libertad, y a tantas otros nobles propósitos) han sido desquiciados o desconocidos. A quince años de la refundación democrática, todavía las Abuelas de Plaza de Mayo, las Madres y los familiares de los detenidos-desaparecidos siguen clamando justicia, al igual que las víctimas de la AMIA y de una larga lista de depredaciones terroristas armadas, culturales y sociales. Aunque plagada de matices, esa historia de ilegalidades hace posible la búsqueda del tercer mandato por atajos increíbles. En un país acostumbrado al respeto por la norma establecida -–aunque pueda ser modificada tantas veces como sea necesaria para el bien común-— la pretensión menemista no hubiera pasado del primer umbral. En cambio, el argumento político, aquí y ahora, es más fuerte que la convicción jurídico-institucional. Bastante camino en la educación cívica ha realizado esta precaria democracia si ha logrado que muchos ciudadanos que se oponen a otra reelección invoquen la razón del mandato constitucional como argumento central del rechazo. Otros, en cambio, pueden ceder a la tentación de pasar por encima de la letra constitucional, atrapados en una lógica política que convirtió a toda la nación en escenario del canibalismo partidario del menemismo. En ese sentido, la convocatoria a plebiscitos (en La Rioja a favor y en Buenos Aires en contra) son otros tantos atajos que vulneran la norma legal de convivencia. El duhaldismo litiga por el liderazgo de la fórmula y del partido a través de una interna abierta que llama plebiscito. Aún oponiéndose, hace el mismo juego que Menem. Por algo, un menemista de la talle de Jorge Yoma opera para lograr que el plebiscito sea de alcance nacional, cuando es un método que no está autorizado para corregir la Constitución. Ni siquiera debería aceptarse la propuesta bonaerense, porque sus diputados fueron electos en el distrito pero ahora son nacionales y por lo tanto, en un asunto nacional, no pueden requerir opinión parcial de una sola provincia. Argumento funcional, como si hubiera sido premeditado, para la nueva movida de Yoma, el escudero presidencial en el Senado. Una democracia adolescente y un Estado en crisis, dentro de las reglas de juego de la democracia, necesitan apoyarse en la legalidad de sus instituciones para reunir fuerzas, para hacer hábito, para que no impere la ley del más fuerte, para que todos sean iguales ante la ley. De lo contrario, la justicia será la excepción, nunca la norma. En términos políticos, la alternancia en el poder evita la tentación de las dictaduras plebiscitarias, como las de Stroessner en Paraguay o del PRI en México. Desde el punto de vista económico, el "piloto automático" del plan inaugurado por Domingo Cavallo requiere una revisión a fondo. Es casi una obviedad indicar que el pueblo requiere con urgencia un tratamiento de justicia social. Son urgentes en el país nuevos compromisos con la nación, a tono con los tiempos del mundo, pero también en sintonía con las demandas de sus habitantes. No es un asunto cualquiera el que se decide. No merece la visión del apocalipsis que propone el oficialismo, pero tampoco la indiferencia. De ceder a los atajos, a las soluciones extraconstitucionales, a los recursos de consultas falaces, el país habrá retrocedido en el camino andado desde que se acabó la última dictadura. No es una batalla nacional, tampoco. En el Perú o en Rusia, Fujimori y Yeltsin quieren lo mismo que Menem. Mucho menos es un tema de ingeniería institucional, sino de principios relacionados con la noción de libertad. En América latina, ufana de la democracia conquistada, vuelven a levantarse voces liberticidas. La primera muralla que buscan derribar, por supuesto, es la prensa con opinión propia. En Panamá, el presidente Ernesto Pérez Balladares considera un anteproyecto de reforma del Código Penal que incluye penas de uno a tres años contra la prensa que "ofenda al Presidente o sus vicepresidentes". De uno a dos años de prisión recibirá "el que difunda noticias o rumores falsos sobre enfermedad en las personas, los animales o las plantas". El periodista Andrés Oppenheimer da cuenta de esta información en su columna de anteayer en El Nuevo Herald de Miami y agrega: "Grupos defensores de la libertad de prensa señalan que actualmente se están discutiendo leyes de prensa similares en Brasil, Chile y otros países". El mismo columnista cita a Jairo Lanao, un abogado que se encarga de temas de libertad de información para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que advierte sobre "una tendencia creciente de parte de los gobiernos latinoamericanos", que "están tratando de ver cómo apretar las tuercas a la prensa". En Argentina esa tendencia es tan fuerte y del mismo origen de la que busca el tercer mandato para Menem a cualquier costo. Este diario, igual que otros, ha tenido que acudir a los tribunales y a la ley, acosado por las tentaciones autoritarias que pretenden ahogar el derecho de sus lectores a una información verídica y responsable. No ha tenido más recursos que la norma legal y tal vez por eso todos sus periodistas aprendieron más que nadie el valor de esos principios para defender incluso la fuente de trabajo. Violar la Constitución sería lo mismo que sacrificar cada uno de esos derechos afirmados o conquistados para el patrimonio colectivo de una democracia que se anhela más ancha y libre cada día. Que las máscaras no se fundan con las caras.
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