En la Unión Industrial Argentina consideran que la reforma impositiva agravará la actual situación, caracterizada por la crisis en los mercados y caída en la producción de varios sectores. El diálogo con Economía se encuentra empantanado. Mientras Roque Fernández apuesta su futuro político a la aprobación del proyecto, la central industrial juega todas sus fichas a pararlo, después del fracaso que carga sobre sus espaldas en la pulseada por la reforma laboral.

La UIA hará gestiones ante el propio presidente de la Nación, Carlos Menem, en busca de su cometido. Los técnicos del Departamento de Economía trabajarán febrilmente hasta el lunes para entregar una propuesta al Gobierno antes de que el proyecto obtenga dictamen en Diputados. El martes próximo, la Junta Directiva de la entidad evaluará los resultados de la reunión. La nueva estrategia del nucleamiento empresario consiste en plantear su disgusto con el proyecto de Roque Fernández directamente a Menem, y, a la vez, acercarle una solución para los problemas de recaudación. Con ello, pretenden quitarle al jefe de Economía su principal argumento en favor de la reforma.

La jugada se completa con el ofrecimiento al titular de la DGI, Carlos Silvani, de colaborar en la lucha contra la evasión. El presidente de la UIA, Claudio Sebastiani, se entrevistará con el funcionario en los próximos días. Roque aduce que el nuevo esquema impositivo es necesario para garantizar la fuente de ingresos al Estado, en medio de la crisis financiera, y para cerrar canales de evasión. El último miércoles, Roque cenó con los máximos representantes del Grupo de los Ocho y pidió respaldo para su proyecto. Sebastiani respondió que la UIA no modificará su posición.

"Fangio decía que cuando se encara una curva a 200 kilómetros por hora no hay que tocar el freno ni el acelerador, porque uno puede volcar", graficó Sebastiani en la última reunión del Comité Ejecutivo de la UIA. La figura refiere al enrarecido clima político y económico que atraviesa el país, a raíz de la interna Menem-Duhalde, el elevado déficit comercial, los magros resultados de la recaudación y la crisis de los mercados. En ese contexto, le dirán a Menem, no es conveniente avanzar con la reforma tributaria. También expondrán cifras sobre la caída en la producción de distintas ramas industriales. Una de ellas es la alimentación, adonde "una empresa líder en la elaboración de pan de molde sufre una merma en la producción del 15 por ciento", según comentó a Página/12 un alto directivo de la entidad fabril.

En su favor, la UIA cuenta con que el lanzamiento del plebiscito bonaerense por la re-reelección convulsionó el clima en el Congreso. Hasta que Duhalde anunció esa convocatoria a elecciones, los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda afirmaban que el próximo miércoles la propuesta impositiva obtendría dictamen, y algunos hasta aventuraban con tratarlo en el recinto ese mismo día. Pero ahora toda la atención de los diputados del PJ está puesta en la interna del partido. Por lo tanto, ahora se admite que el tema, que genera enfrentamientos dentro del bloque, quedará para agosto.

La sugerencia que la UIA le entregará a Menem consiste en el aumento de algún impuesto que permita al Estado hacerse rápidamente de caja. Se analiza una suba del gravamen a los combustibles, pero las petroleras, que integran la entidad, se oponen rotundamente. Otra posibilidad que se baraja es elevar los aranceles de importación. Pero hay otras ideas que el Departamento de Economía discutirá el fin de semana. A cambio, la UIA le dirá a Menem que suspenda la rebaja de aportes patronales, junto con todo el proyecto. "Hasta ahora vivimos con este nivel de contribuciones. Preferimos que se mantenga antes de que se avance con una reforma que nos afecta a todos y que atenta contra las inversiones", señalaron a este diario desde la UIA.

LA DGI INSPECCIONO 2800 COMERCIOS Y CLAUSURO 100
Silvani muestra los dientes

Carlos Silvani engordó las alcancías de la DGI. Los sabuesos de ese organismo recolectaron 22,5 millones de pesos durante junio, después de "visitar" a comerciantes de distintos barrios de la Capital. En total relevaron a 2776 comercios, en los que detectaron 3489 infracciones. Esto significa que cada negocio debió pagar un promedio de 8105 pesos por estar en falta con las leyes tributarias. Tras la recorrida, además, fueron clausurados 102 locales, el 4 por ciento de los chequeados.

Las inspecciones se llevaron a cabo en "los focos comerciales más importantes" de la ciudad, según destaca el informe difundido ayer por el organismo recaudador: las avenidas Santa Fe, Cabildo, de Mayo, Warnes, en las intersecciones de Avellaneda y Nazca y de Rivadavia con Acoyte, y en los barrios de Once y Palermo. Los datos requeridos por los agentes durante los operativos del mes pasado fueron "cantidad de personal del local y remuneraciones del último año, débito y crédito fiscal del IVA, utilidades, deudas y patrimonio". La información de cada uno de los 14 equipos de inspectores que recorrieron las calles fue cruzada con la base de datos que posee la DGI, de donde surgió el tenor de las infracciones. El personal utilizado por el organismo para llevar adelante las inspecciones fue de 154 agentes.

Del total recaudado --22,5 millones de pesos--, 13,5 millones se juntaron por errores detectados en presentaciones fiscales de los contribuyentes. Otros 6 millones se cobraron por declaraciones juradas rectificadas. Y otros 3 millones corresponden a 201 casos que se remitieron a las agencias de la Dirección General Impositiva para que intime las deudas ya reconocidas. Por otra parte, de los 263 comerciantes que estaban anotados como no inscriptos en el IVA, 225 fueron recategorizados como responsables inscriptos en el gravamen.

Para hacer eficiente el control, los hombres de la DGI permanecieron en los locales "todo el tiempo que fuera necesario" hasta obtener los datos requeridos al comerciante. Esto se logró "sin entorpecer el normal desarrollo de las actividades del contribuyente", según puntualizó el organismo a través de un informe. Con estos resultados en la mano, Silvani intentará contrarrestar las voces que se alzan desde el mismo Palacio de Hacienda cuando lo critican por tener mano blanda ante la evasión.

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