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![]() El presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, el radical Franciso Ferro, el vicepresidente del bloque de la UCR, Germán López, y la diputada de ese partido Patricia Panzoni presentaron la denuncia ayer ante el fiscal de la Cámara Penal de La Plata Héctor Vogliolo. En el escrito adjuntaron la documentación que empezaron a recolectar a raíz de la información publicada por Página/12, el 29 de abril pasado, sobre la investigación que realiza la jueza de menores Irma Lima, por la presunta sobremedicación y malos tratos que reciben los menores adictos internados en la Fundación Gradiva, vinculada a Yaría. En la denuncia presentada ayer, los diputados cuestionaron el acuerdo firmado con esa Fundación. Según sostienen, "la Secretaría no tomó los recaudos necesarios previos para convenir con esa institución, porque la norma habla de centros e instituciones públicas y privadas en el ámbito provincial y Gradiva tiene su domicilio en la Capital Federal". Además, llaman la atención sobre la cantidad de derivaciones y los montos pagados a Gradiva: según los legisladores, en 1997 esa institución recibió 395.944 pesos, y otros 119.616 pesos de febrero a abril de este año. En abril último, el subsecretario de Asistencia y Tutela del Menor, Pablo Poggio, había suspendido las derivaciones y el traslado de los menores internados porque el lugar no reunía las condiciones mínimas que garantizaran un tratamiento adecuado. Los legisladores cargaron también contra la relación de Yaría con la Universidad del Salvador (USAL). Según la información de la Tesorería General de la provincia, durante 1997 esa Secretaría pagó 6.424.466 pesos en subsidios a la USAL. Los diputados afirman en la denuncia que "existen varias irregularidades" en el convenio firmado en 1992 entre esa casa de estudios y la Secretaría de las Adicciones con el fin de capacitar gente en prevención y curación de la drogadicción. El acuerdo --según la presentación hecha en la Justicia-- no tiene un término establecido y una cláusula exceptúa que los pagos se realicen vía Tesorería, tal como obliga la norma cuando los montos pagados superan los 300.000 pesos. Además, los diputados aseguran que Yaría figura como el responsable de la ejecución del convenio y del manejo de los fondos, al ser director del Instituto de Drogadependencia de la USAL. Y cuestionan que siga ocupando ese cargo aún siendo funcionario. Al respecto, los denunciantes afirman: "Estamos frente al delito de negociaciones incompatibles, ya que es el instituto del cual él es el director el que cobra los fondos girados por la Secretaría de la cual también él se encuentra al frente". Finalmente, los legisladores solicitan que se investigue cómo hizo el funcionario para presuntamente incrementar su capital en 324.298 pesos entre 1995 y 1996. Según los legisladores, la DGI tiene registrado que Yaría contaba, en 1995, con un capital inicial de 964.354 pesos y que, un año después, la suma trepó a 1.288.648 pesos. Para los denunciantes, la situación no se explica "si se suman los sueldos que percibe como secretario (4.750 pesos), director del instituto (1.860) y titular del master de la USAL (1540). Producción: Carolina Bilder
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