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Por Horacio Verbitsky  La escalada de plebiscitos con que
se desafían los dos grandes derrotados en las últimas elecciones acorta los plazos para
la definición de las hiperkinéticas pugnas internas del partido del gobierno. La
ambición de poder de Carlos Menem y Eduardo Duhalde no guarda proporción con sus
posibilidades electorales, pero la colisión de ambas produce episodios amenos que aportan
algo de distracción a un cuadro general crispado por la profundidad del malestar social y
por las acechanzas de una situación económica que depende antes de la volatilidad de los
flujos externos de capital que de las decisiones internas. Ni el japonés Riutaro
Hashimoto ni el ruso Boris Yeltsin, hostigados por la misma malaria, muestran tanto
cuidado por el alimento espiritual de sus respectivos pueblos y esto hace una diferencia.
El brasileño Fernando Henrique Cardoso ni lo necesita, ya que hoy la gloriosa
verdeamarelha puede iluminar a todo el Mercosur con la sonrisa de dios pagano de César
Sampaio.
Las ambiciones de los integrantes de la fórmula triunfal de 1989 son salvajes, pero racionales. Lo que disputan no parece ser la posibilidad de gobernar cuando comience el tercer milenio. Los sostenidos esfuerzos de la Alianza para el Trabajo, la Justicia y la Educación por desembarazarse de la pesada responsabilidad que el electorado le confirió hace nueve meses no han tenido hasta ahora mayor éxito. Ni su indefinición programática, ni sus tediosas querellas sobre candidaturas, ni las cámaras ocultas y las coimas que registran, ni las conversaciones picarescas que dejan oír los teléfonos pinchados, ni los vecinos iracundos de Palermo travestidos en furias, ni siquiera el renacido protagonismo de Raúl Alfonsín han conseguido desmejorar las intenciones de voto a favor de Graciela Fernández Meijide y Fernando De la Rúa. De modo que la batalla entre Menem y Duhalde se reduciría a definir quién conducirá la futura oposición, aunque no sea esa la visión que intentan transmitir hoy. El menemismo reaccionó con pullas descalificatorias a Duhalde. "¿Quién va a garantizar la limpieza del plebiscito en Buenos Aires, el comisario Fogelman? ¿Y de fiscales van a poner a las manzaneras?", preguntó uno de los integrantes del comando de campaña. La respuesta del Polideportivo de Olivos constaría de tres puntos: * cuestionar la transparencia y la credibilidad de la convocatoria; * reunir el Congreso del Justicialismo, donde los duhaldistas habrían quedado en minoría (Los diplomas habilitando a los congresales deben ser visados por la jueza con competencia electoral, María Servini); y * convocar a una consulta nacional para diciembre. La hipótesis que guía estos pasos es que cada mes irán mejorando las chances de Menem, por lo que todo debería encaminarse a ganar tiempo, hasta que el hastío popular se tornara en nostalgia y afecto. La exactitud de este razonamiento, en función del cual también se consiguió la postergación hasta abril de 1999 de la elección del candidato presidencial justicialista, es altamente improbable. De hecho Duhalde sigue superando la cantidad de adhesiones populares que recibe Menem, y ambos están muy por detrás de Fernández Meijide y De la Rúa. Impunidad, ¿un bien escaso? Tanto la precandidata del Frepaso como el precandidato radical han coincidido en afirmar que el vencedor en la pugna justicialista buscaría asegurarse impunidad. Pero los dos grandes derrotados de 1997 sólo dirimen la cuota de poder, y en consecuencia de impunidad, según la definición del difunto pensador Alfredo Yabrán, disponible para aquél de ellos que se constituya en jefe de la oposición al próximo gobierno. No son palabras al viento. Mientras Menem enviaba a su Procurador del Tesoro Rodolfo Díaz a descalificar las denuncias opositoras sobre episodios de corrupción bajo su presidencia, el Frepaso ponía en funciones en La Casa del Frente a un equipo de trabajo integrado por las diputadas nacionales Nilda Garré y Diana Conti y por el legislador autónomo Raúl Zaffaroni para preparar lo que será la futura Conadep de la Corrupción, con los casos más pesados que involucran en forma directa al jefe supremo de la Nación y su adorable familia. Al mismo tiempo el radical Gastón Mercado Luna revelaba que estaba rastreando los bienes personales de Menem. Esta línea de interpretación que asocia poder con impunidad merece ser explorada en forma sistemática y sin desvincularla de los fuegos de artificio electorales. En un libro que acaban de editar las universidades nacionales de Quilmes y de La Plata ("El ocaso de la virtud. Ensayos sobre la corrupción y el discurso del control social"), el director de la carrera de ciencias sociales de la primera de ellas, el sociólogo José María Simonetti, sostiene que la corrupción "es un emergente de la existencia de fracciones de clase que han elegido un estilo de desarrollo sólo posible por ese medio y, para ello, necesitan trasladar su cultura criminal a los términos generales de convivencia de la sociedad". Su hipótesis fundamental es que "existen formas de hacer economía que no pueden prescindir de la corrupción, la que deben trasladar total o parcialmente a la esfera política o a la periferia del sistema para su supervivencia dentro de ciertos modelos de sociedad. Constituye fundamentalmente un problema político, porque la corrupción se vuelve un medio para obtener y conservar poder". Para las ciencias sociales "el problema más serio consiste en establecer si la corrupción es algo accidental que se suma al modelo económico, o si es un elemento funcional de éste, integrándolo". La posición de Simonetti es la segunda. Luego de un análisis histórico apasionante, que va de Aristóteles, Hobbes y Locke al proceso político y económico italiano previo a la operación Mani Pulite, Simonetti recorre las dos décadas que en la Argentina van desde Isabel Perón&Celestino Rodrigo hasta Videla & Martínez de Hoz y Menem&Cavallo. Los conceptos de cuasi renta de Alfred Marshal (una renta que proviene de la posesión de bienes cuya escasez no deriva de la naturaleza sino de un hecho social) y de capitalismo aventurero de Max Weber (aquel que lucra con la guerra, la política, la especulación), se aplican con exactitud en un país donde el discurso oficial es de puro liberalismo pero los precios básicos de la economía están fijados por decreto (como la paridad cambiaria, los salarios y el valor del pulso telefónico) y convalidados por la misma Corte Suprema de Justicia de la que Menem espera un milagro político. Simonetti añade que la corrupción "es una forma especial de cuasi renta monopólica, la cuasi renta de privilegio que se asienta sobre un tipo de monopolio especial: el del acceso exclusivo al control de las instituciones por unos pocos actores económicos. Es el caso de transformar a las propias instituciones, controladas por estos actores sociales, en barreras de acceso al mercado, para beneficio exclusivo de los que tienen la posibilidad de volcar en su favor la conducta y las decisiones del Estado, perjudicando a los terceros que, en definitiva han de subsidiarlos". Cuando la obtención de esa cuasi renta de privilegio se convierte en razón de Estado y sus condiciones se imponen mediante "la reiterada invocación al estado de necesidad, la referencia al país en llamas y las voces que claman por la cirugía mayor sin anestesia", se prepara el campo "de una actitud tolerante hacia la desprolijidad institucional, en función de permitir el desarrollo de esta consideración instrumental de la política. El Estado encarnó esa ambivalencia moral y se transformó en una especie de agente encubierto, mezclado entre los delincuentes, violando las leyes, `que sólo sirven para entorpecer', y reformando la Constitución para prolongar la transformación". Mediante esta degradación de la legalidad surge "una categoría que hipotéticamente podríamos denominar la cuasi renta mafiosa". En una próxima edición, Simonetti podrá incluir en su obra el pedido de juicio político del bloque de diputados justicialistas contra aquellos magistrados del fuero penal económico que se animaron a fallar en contra de la obtención de esta cuasi renta mafiosa mediante el rebalanceo telefónico y la privatización por decreto de los aeropuertos y todas las maniobras tendientes a evadir el cumplimiento del término previsto para el mandato del Poder Ejecutivo. El Deudor de los Llanos La convocatoria al plebiscito para que 140 mil riojanos declaren en las urnas su aprecio por la generosidad de un presidente cuyo gobierno nacional sufraga 95 centavos de cada peso que el gobierno provincial gasta, no fue la única actividad que ocupó la semana pasada al gobernador Angel Didi Maza. Junto con el senador radical Raúl Galván y el senador justicialista Jorge Yoma (quien negó haber dicho que el gobernador es un muchacho de oro) Maza hizo gestiones en Buenos Aires para que los bancos oficiales favorezcan la licuación de las deudas de las empresas de la familia presidencial, de acuerdo con el decreto 684, firmado por el jefe de la familia. El principal acreedor es el Banco Nación, que ya ha previsionado más de un tercio de los 80 millones de dólares de su parte en deuda de los Yoma. Para el mes próximo espera haber pasado a pérdida la mitad de esos créditos irrecuperables. Su presidente Roque Maccarone objetó ante Jorge Rodríguez y Roque Fernández la hipótesis de la capitalización hasta que comprendió que de todos modos el decreto saldría del Polideportivo de Olivos. Entonces intentó que se endurecieran sus condiciones para impedir que los cuñados presidenciales reaparecieran por medio de testaferros, pero no puede decirse que lo haya conseguido. El decreto de capitalización invitó a adherirse a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires, y ninguna lo hizo hasta ahora. Esta imposibilidad política de Eduardo Duhalde y Fernando de la Rúa es la mejor esperanza de Maccarone: si los otros bancos no participan no habrá capitalización. Por su parte, Maccarone ha dejado saber que si el gobierno nacional quisiera imponerle la compra de los créditos del Provincia y el Ciudad, renunciaría junto con todo su directorio, con la obvia excepción del riojano Víctor Bestani (ex gerente del Banco de La Rioja cuando ésta era la fuente principal de financiamiento de la curtiembre y aportante para la pista de Anillaco) y la menos obvia pero muy probable de Horacio Pericolli. El Banco Provincia no ha pedido la ejecución de los créditos de Yoma porque no tiene vencimientos impagos, aparte del Título a Mediano Plazo que comparte con el Nación y el Ciudad. Pero ha dicho que tampoco adherirá a la capitalización de los TMP. Los riojanos trajeron una numerosa delegación a Buenos Aires para ablandar cualquier resistencia, con el argumento de la fuente de trabajo y el impacto social. Pese a ello, tanto De la Rúa como el presidente del Banco Ciudad, Horacio Chighizola resistieron el empellón del Deudor de los Llanos. De la Rúa dijo que los Yoma eran los únicos responsables de la crisis, y Chighizola propuso a Maza que La Rioja comprara el crédito de 22 millones de dólares que el Banco no consigue cobrar a las empresas de la familia presidencial. Pero la perinola riojana tiene borradas todas las caras con el verbo "Poner" y según Maza su principal esfuerzo está puesto en impedir que los Yoma pidan su propia quiebra, como instrumento de presión. El jefe de gobierno porteño está sometido a la doble presión del gobierno nacional, con el que procura mantener la mejor relación posible, y del Frepaso, que no perdería la oportunidad de caerle encima al menor paso en falso. Maza y su corte itinerante también habían solicitado una audiencia con Graciela Fernández Meijide pero la diputada los derivó a los legisladores de su partido Marcelo Vensentini y Darío Alessandro, que conocen el tema, lo cual para Maza fue un disuasivo insuperable. Además, Gustavo Béliz presentó un proyecto de declaración, que la Legislatura porteña aprobará por unanimidad, oponiéndose a la adhesión al decreto de licuación. En negociaciones reservadas el cuñado del presidente está utilizando a su único acreedor privado de alguna importancia, el Banco Macro, para buscar una salida que no lo obligue a repatriar ninguna parte del capital que está fuera del país y que también lo preserve de los procesos penales en marcha y por iniciarse a raíz del vaciamiento. El principal accionista de Macro es el amigo personal de Emir Fuad Yoma, Jorge Brito. Por sí mismo como deudor y a través de Brito como acreedor Yoma ha logrado un asiento en cada lado de la mesa. Pero aun así, el decreto de capitalización es inaceptable para los bancos porque los obliga a renunciar a sus garantías reales y no fija un precio base para la venta del 51 por ciento de la Curtiembre, lo cual es el paso previo para la licuación de las deudas. Los créditos impagos podrían encogerse diez veces, y los bancos deberían cargar con la pérdida. Macro sondeó a los bancos oficiales acerca de una posible modificación del decreto para incorporar sus exigencias. Pasado mañana Maza se reunirá en el ministerio de Economía con representantes de los bancos para avanzar en esta senda. Un eventual nuevo decreto podría incluir algunos recaudos: un balance auditado por un estudio nacional de primera línea y un estudio de viabilidad económica por una consultora de prestigio internacional. Ambos permitirían fijar un precio y usarlo como base para una licitación internacional. La capitalización de los créditos sería posterior a la venta a un inversor institucional y un operador y se transferiría el 100 por ciento del paquete. Esto no impediría la reaparición de los Yoma disimulados dentro de algún fondo de inversión del tipo Exxel, AVP o HMT&F. Aun así, no es seguro que accedan a estos requisitos. Ningún estudio de primera línea parece dispuesto a maquillar bajo su firma los terribles balances y después del desempeño de Deloitte&Touche en el contrato IBMBanco Nación tampoco es fácil conseguir una consultora internacional que jure la viabilidad del Elefante Blanco de Nonogasta. Además, el precio base resultante, no podría superar en mucho al valor real de las maquinarias e instalaciones, estimadas por expertos del sector en 4 y 35 millones de dólares respectivamente. Como banqueros, Roque Maccarone, Carlos Sánchez y Horacio Chighizola deberán decidir si la pérdida para el Nación, el Provincia y el Ciudad sería menor así o mediante el desguace judicial de esos activos. Pero como funcionarios públicos tampoco pueden descuidar la perspectiva de acciones penales que en el futuro pudieran implicarlos como partícipes en un vaciamiento demasiado anunciado. Un concurso de acreedores permitiría una recuperación algo menor de los créditos, pero establecería un marco jurídico que cubriría las espaldas de quienes intervinieran en la negociación. El escribano constitucional El debate constitucional se enriquece desde las vertientes más insólitas. Entre las voces conciliadoras con los propósitos presidenciales por prolongar su permanencia en el poder más allá de la finalización de su segundo mandato se escuchó esta semana la del vicepresidente del Citicorp Holdings (CEI), Raúl Pedro Juan Moneta, quien no es constitucionalista sino escribano y, sobre todo, accionista destacado de Telefónica, una de las principales beneficiarias de las cuasi rentas mafiosas que describe Simonetti. "Menem es un gran presidente, que ha hecho una tarea importantísima en los últimos años. Ha permitido tener la Argentina que tenemos", dijo en Madrid a La Nación. Esta exultante referencia de Moneta debe leerse en forma literal. Horas antes, el Poder Ejecutivo Nacional había completado la información solicitada por la Cámara de Diputados sobre sus negocios, puestos en evidencia por el largo litigio económico que sostiene con un ex gerente de una de sus compañías, el ex director de República Propiedades Jorge Macchi, quien le reclama tres millones de dólares por presuntos retornos impagos. El 40 por ciento del mayor grupo empresario de telecomunicaciones y televisión abierta y por cable del país que representa Moneta pertenece en realidad a una compañía de accionistas desconocidos, creada con apenas 50.000 dólares de capital y sede en una casilla de correo en las Islas Vírgenes Británicas. Su acrónimo UFCO corresponde al nombre de United Finance Company y sugiere un provocativo juego de palabras con el de los objetos voladores no identificados, UFO. A raíz de los artículos publicados en este diario desde enero de este año, los socios de Moneta en el CEI le exigieron que de alguna forma regularizara una situación cuyo potencial escandaloso era evidente aun en un país tan distraído como éste. El Citibank es investigado en Estados Unidos por los depósitos de centenares de millones de dólares efectuados a través de su división banca privada por Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente de México, cuyos ingresos legítimos no pasaban de 150.000 dólares anuales. Hipersensibilizado respecto de la posibilidad de nuevas denuncias por lavado de dinero negro de gobernantes latinoamericanos corruptos, el Citi consideró oportuno reducir su participación en CEI al 20 por ciento, aunque la Reserva Federal de Estados Unidos no se lo estuviera exigiendo. Por su parte, la familia Werthein (el grupo "Los W"), liquidó hasta su última acción en el CEI. Ambas operaciones permitieron el ingreso a CEI de un fondo de inversiones de Texas, en la frontera de los Estados Unidos con México. En un reportaje previo, Moneta afirmó que las acciones que representaba pertenecían a lo que llamó "República Holding". Pero su ex gerente Macchi sostuvo que se trataba de una compañía inexistente y para demostrarlo hizo la reserva del nombre ante la Inspección General de Justicia. Pero la Comisión Nacional de Valores, cuya respuesta fue girada por el ministerio de Economía al diputado del Frepaso Darío Alessandro acaba de informar que UFCO cambió de nombre por República Holding Ltd, aunque sigue siendo una sociedad constituida en las Islas Vírgenes Británicas. Como ni UFCO ni República están autorizadas para hacer oferta pública de títulos valores, ambas quedan exentas del "ámbito de contralor de la CNV", añade el órgano de control. El número de Inscripción de República Holding en la Inspección de Justicia es el mismo de UFCO. Es decir que ha cambiado el nombre, pero prosigue el descontrol, confesado documentadamente. En la edición del 20 de abril de este año del periódico jurídico La Ley, Ricardo Augusto Nissen y Gastón Fernando Llantada pusieron como ejemplo hipotético una compañía en las que el paquete de control estaba en manos de "alguna sociedad oriunda de las Islas Vírgenes Británicas". La "misteriosa sociedad caribeña" sería "una mera pantalla detrás de la cual se esconden los accionistas y administradores mayoritarios". Un abogado que tuviera que enfrentar la situación impugnaría de nulidad las decisiones de esas asambleas de accionistas y pediría que se desestimara la personería jurídica de la sociedad extranjera, de modo que "esa extravagante y fantasmagórica persona de existencia ideal sea imputada directamente a los accionistas mayoritarios, controlantes del ente nacional" y que se dispusiera "la intervención judicial de la sociedad". Por si quedara alguna duda acerca del modelo que tenían in mente al escribir su trabajo teórico, los juristas describieron un "peligro grave para la sociedad" emergente de la situación: la sociedad "plasmada honestamente en su estatuto se ha convertido, merced a sus controlantes, en la cueva de Alí Babá".
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