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Buena nueva
En cien carillas el juez agota sus argumentos y los juristas sabrán evaluar el alcance de cada uno de los mismos. Del mismo modo, quizás éste sea el primero de otros casos similares debido a que se juzga un delito de lesa humanidad, según las buenas razones de Marquevich, que por su naturaleza no prescribe, ni es cosa juzgada ni le cabe el indulto presidencial. Estas implicancias aumentan el mérito de la resolución. De paso, aunque ése no sea el propósito del tribunal, corrige las penosas consecuencias del indulto que indignaba a todo defensor de derechos humanos y a cualquier demócrata de buena ley. Para conseguirlo no hizo falta ningún tour internacional con troupe de prensa incluida. La simple descripción de la noticia alienta a quienes, como las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, sin más plebiscito que sus legítimas razones, han persistido contra toda razón de Estado o consideraciones de coyuntura. Esa tozudez, que eliminó cualquier otra lealtad que no fuera a las propias demandas de verdad y justicia, de tanto persistir hizo pie en tribunales federales que, por otras conductas, se han ganado mala fama o sospechas de turbias connivencias. Es la misma fuerza moral que ha levantado voces jurídicas en Francia, España, Italia, Alemania y también voces de libertad que han interpelado al presidente Carlos Menem cada vez que salió del territorio nacional. Es una decisión que satisface a la mayoría popular que apareció en las encuestas a principios de año para respaldar la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, cuando hasta los dirigentes de la oposición eran renuentes a cometer ese acto de reparación. La misma mayoría que expresó en las urnas de octubre pasado su hartazgo por la impunidad generalizada. El mismo sentimiento público que hizo del asesinato de José Luis Cabezas un asunto de dignidad nacional. Son tan contadas las oportunidades en las que la opinión popular coincide con decisiones de algún poder, que cuando sucede hay que destacarlo hasta un poco más allá de su justa medida. Por supuesto, este fallo es un punto de partida para un proceso que todavía no conoce sentencia definitiva. Puede ser, como auguran los pesimistas, que en el trámite la expectativa abierta pueda ser defraudada, otra vez. Otro argumento deprimente consiste en suponer que se trata de maniobras de maquillaje, combinadas en despachos cercanos al oficialismo, para mejorar la imagen del Gobierno, en estos trances electorales. Algunas Abuelas han declarado que en casos anteriores el mismo juez sentó precedentes suficientes como para explicar la conducta actual. En todo caso, es difícil que el gobierno del indulto pueda atribuirse una reversión de este tipo en su propio beneficio político, después que el presidente Menem eligiera la compañía de Domingo Bussi, bajo proceso por causa similar, para conmemorar el 9 de Julio. Es obvio que la búsqueda de un tercer mandato presidencial se está haciendo sin pisar la vereda de los derechos humanos y ni siquiera la de la letra constitucional. Todo abogado con experiencia sostiene que ningún proceso está terminado hasta que se dicta la sentencia definitiva. En este caso ocurre lo mismo, claro. Pero lo ya conseguido es aliciente indispensable para seguir buscando verdad y justicia. En ese sentido, el de la repercusión social, la sola imagen de Videla tras las rejas indica la posibilidad de otras demandas, igualmente legítimas y verdaderas. La fortuna quiso que esta resolución judicial llegue en la semana de recordación del atentado contra la AMIA, que lleva cuatro años sin salida, porque invita a todos los que son parte directa o indirecta en esa causa a no desmayar en el reclamo. La memoria activa es una condición de la libertad y una base firme de la democracia. Se equivocan los que piensan que ese pasado, y todo el pasado puede ser entregado a la historia para que ella juzgue cuando mejor le parezca. Ninguna sociedad puede saber adónde va si primero no sabe de dónde viene. Sería deseable, por lo mismo, que los políticos, enredados en la descarnada puja por espacios de poder partidario o institucional, sacaran la cabeza de sus trincheras para compartir con los defensores de los derechos humanos la buena nueva, cada vez que un tribunal escucha la voz de la ley y la acata. No hay motivos para que los civiles despunten temores por supuestas reacciones militares (el general Balza aceptó que Videla ya no pertenece al Ejército) ni para que las Fuerzas Armadas sientan agravio alguno porque la obra de terror quede al descubierto. En este campo no puede haber bandos encontrados, porque sólo cabe un único impulso de humanidad: devolver la identidad a las personas que fueron usurpadas en las entrañas de sus madres y castigar a los culpables de semejante crimen.
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Con
tantos motivos de pesadumbre como hay en el país, ya cuesta distinguir las noticias con
mejores auspicios. Desde ayer hay una para resaltar: el juez federal Roberto Marquevich
dispuso la prisión preventiva de Jorge Rafael Videla, que deberá cumplir en la celda de
la U16 en Caseros, que ocupa desde el 9 de junio, hasta que se agote el trámite judicial
de la causa. El fallo incluye un embargo por cinco millones de pesos, y lo acusa de ser
"autor mediato" de la sustracción, ocultamiento y retención de cinco menores,
además de falsificación de documentos públicos. Bienvenida esta buena nueva.