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Por Cledis Candelaresi  Sobre cada cospel que vende Metrovías computa 1,03 centavo de
deuda estatal a su favor. Según los cálculos del consorcio operador de los
subterráneos, por no haber autorizado incrementos tarifarios que premien la mejora en la
calidad del servicio en la magnitud que prevé el contrato de concesión, el Tesoro
nacional le debe hasta el momento alrededor de 13 millones de pesos. Aunque elude
cualquier referencia expresa al compromiso, Economía admite que la tarifa debería ser
mayor. El Gobierno de la Ciudad --que discute con la Nación la transferencia de esta
concesión a su órbita-- tiene una versión muy distinta.
Según prevé el presupuesto nacional para el año en curso, el Tesoro destinará algo más de 60 millones de pesos para solventar inversiones en infraestructura y otros 2 millones para cubrir el déficit operativo de los subterráneos (en 1997 la subvención por este concepto ascendió a 11 millones). Pero no hay ninguna previsión destinada a saldar aquella presunta deuda, que va engrosándose por la acumulación de intereses. Al igual que en el caso de las privatizaciones ferroviarias, el contrato de concesión prevé que si la empresa alcanza cierto índice de calidad en el servicio (medida por la frecuencia, los horarios, la reducción de interrupciones) puede subir la tarifa. De acuerdo a los cálculos del consorcio que integran la constructora Benito Roggio con los colectiveros de Comentrans, esa escala nunca se cumplió estrictamente. De haberse respetado, el cospel debería costar no menos de 51,03 centavos, contra los 50 que pagan los usuarios. Si se atiende que en 1998 el subterráneo transportará cerca de 240 millones de pasajeros, resulta que el grupo concesionario habrá recaudado casi 2,5 millones menos de lo que le correspondería. "Puede ser que el gobierno no dé precisiones sobre el monto. Pero hasta ahora nadie negó que exista una deuda a nuestro favor", aseguró a Página/12 Mario Guaragna, gerente general de la empresa. La deuda de 13 millones que el concesionario computa a su favor se habría generado, en parte, porque el gobierno demoró casi un año la autorización para subir de 45 a 50 centavos el cospel y, en cierta medida, porque ese ajuste tampoco habría alcanzado el nivel que correspondía según las mejoras en la calidad del servicio. En enero pasado Metrovías consiguió el visto bueno de la Secretaría de Transporte para subir la tarifa a 55 centavos y compensar así aquella supuesta falta. Pero la drástica oposición de la comuna porteña, que amenazó con recurrir a la Justicia si se aplicaba la suba, terminó frustrándola. Un estrecho colaborador del secretario de Producción y Servicios de la Comuna, Nicolás Gallo, negó anoche ante este diario que exista alguna diferencia a favor de las empresas privadas y aseguró que con el precio actual el Estado satisfizo a pie juntillas todas las condiciones contractuales. El Gobierno de la Ciudad autónoma está negociando con la Nación el traspaso de los subterráneos, sobre la base de que el Estado nacional continúe costeando el plan de inversiones, que representa el principal esfuerzo del fisco. El debate entre las dos jurisdicciones está alimentado, además, por la propuesta de renegociación contractual que la empresa planteó al Ministerio de Economía. Es muy difícil que antes de fin de año pueda haber algún acuerdo sobre los términos de aquella prevista transferencia, incluidos los cambios en la concesión del servicio.
REPLICA DE FABRICANTES DE SIDRA A COMERCIO
Héctor Raffo, apoderado legal de Astorqui, aseguró a este diario, pese a la información en contrario de la Dirección de Lealtad Comercial, que "es falso que la sidra (de Astorqui) se fabrica sin manzanas". Al respecto señaló que lo que está investigando el Gobierno es "si en la sidra hay algún aditivo además de manzana y pera, y en qué proporción". También explicó que su representada, como otros productores, elabora la sidra con caldos provistos en buena parte --que estimó en un mínimo del 50 por ciento-- por terceros. Por otro lado, Raffo, cuyo bufete elabora los descargos al sumario abierto por el Gobierno, apuntó sus objeciones contra la decisión de Comercio de apoyar su investigación en análisis de laboratorio del Instituto Nacional de Geocronología y Geología Isotópica (INGEIS). Esta institución dependiente del Conicet realiza exámenes sobre la base de carbono 13 y --explicó-- lo estaría aplicando a la sidra y al caldo de sidra para determinar si el alcohol proviene de frutas o tiene otro origen. "Cuestionamos a quien lo hizo y cómo se hicieron los análisis", dijo Raffo, quien recordó que "habitualmente los mismos eran realizados por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) donde no se conoce ese tipo de estudio". Por último, el letrado señaló que ya se han presentando ante la Justicia en lo Penal Económico cuestionando la medida cautelar de la Secretaría de Comercio de impedir la producción de cuatro de sus marcas. La resolución de la secretaría sacó de circulación 24 marcas de 8 empresas, que fabrican más de la mitad de la sidra producida en Argentina. La decisión involucró, además de a Astorqui, a otras seis firmas de las 14 que manejan este mercado.
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